En este país hace falta un carnet para casi todo. Para conducir, para cazar, para tener ciertos animales, para ejercer una profesión, para manipular alimentos o incluso para volar un dron unos metros por encima del suelo. A nadie le parece exagerado. Lo entendemos: sin normas ni formación, el caos está garantizado.

Sin embargo, hay una excepción llamativa y profundamente contradictoria: para vivir en una comunidad de propietarios no hace falta saber absolutamente nada.

Basta con comprar o alquilar una vivienda. Da igual si se desconoce qué es un estatuto, si nunca se ha oído hablar de normas de régimen interno o si se cree, erróneamente, que la propiedad privada es una isla sin límites. Nadie pregunta. Nadie explica. Nadie forma.

Y luego nos sorprendemos de los conflictos.

Como administradora de fincas colegiada, asisto a diario a una realidad incómoda: hay personas que no saben vivir en comunidad. Y otras que, peor aún, no quieren aprender. Siguen instaladas en un individualismo radical resumido en una frase tan repetida como falsa: “es mi casa y hago lo que quiero”. No. No se hace lo que se quiere. Se hace lo que se quiere hasta el punto en que empieza a afectar a los demás.

La vivienda es, en la mayoría de los casos, la mayor inversión económica de una vida. El espacio donde se construye una familia, donde se busca descanso, intimidad y seguridad. Y, aun así, permitimos que personas sin la menor noción de convivencia compartan paredes, techos, instalaciones y decisiones con decenas de vecinos.

¿El resultado? Ruidos a cualquier hora, fiestas eternas, mascotas que convierten zonas comunes en su territorio, reformas sin avisar, trasteros improvisados en rellanos, puertas cortafuegos bloqueadas, acuerdos de junta ignorados sistemáticamente. Y, como telón de fondo, vecinos agotados, enfrentamientos personales y una convivencia deteriorada.

Todo esto no es anecdótico. Es estructural.

Vivimos en comunidades cada vez más complejas, con instalaciones comunes costosas, normativa técnica exigente y decisiones colectivas que afectan al patrimonio de todos. Y, aun así, seguimos sin exigir el mínimo conocimiento necesario para convivir.

Nadie pondría al volante a una persona que no sabe conducir. Nadie permitiría a alguien manipular alimentos sin formación. Pero sí dejamos que cualquiera viva en comunidad sin saber —ni querer saber— qué implica compartir.

Quizá ha llegado el momento de decirlo alto y claro: no todo el mundo está preparado para vivir en comunidad, y no pasa nada por reconocerlo. Lo irresponsable es seguir mirando hacia otro lado.

Un sencillo curso previo a la compra o al alquiler de una vivienda —claro, práctico y accesible— evitaría buena parte de los conflictos que hoy colapsan juntas, despachos profesionales y juzgados. Un “carnet de convivencia” que explique lo básico: derechos, obligaciones, límites y consecuencias. No para castigar, sino para prevenir.

Porque la mayoría de los problemas vecinales no nacen de la maldad, sino de la ignorancia y de una peligrosa falta de empatía. De no entender que vivir en comunidad implica ceder, respetar y cumplir normas que no están pensadas para fastidiar, sino para permitir que todos podamos vivir razonablemente bien.

Defender esta idea no es exagerado ni autoritario. Es profundamente realista. Es proteger a quienes sí cumplen las normas, a quienes sí respetan el descanso ajeno, a quienes sí entienden que la convivencia no es una guerra, pero tampoco una selva sin reglas.

Como administradora de fincas colegiada, reivindico una profesión que, demasiadas veces, actúa como bombero de conflictos que podrían evitarse. Y por eso sostengo que la convivencia no puede seguir basándose únicamente en la buena voluntad.

Porque vivir en comunidad no es un derecho automático sin deberes. Es una responsabilidad.

Y quizá ha llegado el momento de aprenderla antes de firmar una escritura, o un contrato de alquiler.