Carmen Rouco, diputada de Vox en Aragón
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El Gobierno de Aragón aprobó en su Consejo de Gobierno el pasado 29 de diciembre el Programa ‘Más vivienda, Mejor empleo’. Un programa de apariencia bondadosa, porque habla de paliar la falta de vivienda en aquellas zonas en las que se generen empleos, la promoción de construcciones a través de Planes de Interés General y acelerar los procesos urbanísticos para responder a la demanda habitacional.

Es cierto, Aragón necesita más viviendas en todo el territorio y especialmente en los municipios que recibirán inversiones industriales.

Lo realmente acuciante es que tenemos a 47.000 jóvenes en Aragón luchando por emanciparse, enfrentándose a alquileres exorbitantes y férreas barreras a la hora de comprar una casa. Esta es la consecuencia de décadas del bipartidismo PP-PSOE, que han dejado precisamente eso: jóvenes huyendo y familias asfixiadas, porque han convertido la vivienda en un negocio fiscal indecente.

El bipartidismo se ha traducido en romantizar la precariedad en el acceso a la vivienda, mediante fórmulas a las que ponen nombres en inglés como el ‘coliving’ o el ‘cohousing’, como si de ese modo nos hicieran olvidar la cruda realidad. Uno de los proyectos estrella del ‘progreso’ en vivienda del PP es hacer en 100 metros, 3 viviendas; y por cada 3 viviendas, un garaje. Para VOX, ese modelo es precariedad.

Y no debemos olvidar que según el último informe de Mercados Locales que elabora Tinsa, el precio de la vivienda en Aragón se ha incrementado un 11,2% en 2025, con 1.661 € de media el coste del metro cuadrado.

Ahora bien, desde VOX tenemos nuestras dudas en este nuevo Programa ‘Más vivienda, Mejor empleo’. Si nos fijamos en la letra pequeña, esconde una agenda encubierta para beneficiar principalmente a los 2.000 trabajadores extranjeros chinos de CATL (empresa vinculada al Partido Comunista Chino), en detrimento de nuestros trabajadores locales y de las necesidades reales de nuestra gente, que demandan empleo local y regional.

Estamos hablando de 2.000 trabajadores chinos que invadirán un municipio de apenas 1.300 habitantes, generando una demanda repentina de viviendas que el programa pretende cubrir con fondos públicos.

La vicepresidenta Mar Vaquero ya lo dijo sin tapujos: "Las inversiones millonarias generarán puestos de trabajo y una demanda de vivienda". El programa habla de "soluciones habitacionales para los trabajadores que se instalen en estas zonas", pero… ¿para quienes? Si los primeros en llegar son 2.000 trabajadores chinos, ¿es un plan encubierto para subsidiar alojamientos que beneficien a la mano de obra importada de China, mientras los aragoneses siguen sin soluciones para el gravísimo problema de la vivienda?

Las inversiones como la de CATL traen empleo, y eso es bueno para Aragón, siempre y cuando no sea a costa de desplazar a nuestra gente. Nuestros pueblos se vacían porque los trabajadores locales no encuentran oportunidades ni hogares asequibles.

Queremos recordar que el director general de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carmelo Bosque, manifestó en junio de 2025 durante una comparecencia en las Cortes, que el ejecutivo autonómico no va a poner “ni un euro” para viviendas para los chinos. Se comprometieron a no aportar un solo recurso público para alojar a esos trabajadores extranjeros que vienen a construir la giga factoría.

Y ahora, seis meses después, vemos un programa que, bajo el disfraz de "interés general", acelera la construcción de viviendas precisamente en zonas como Figueruelas, donde la presión viene de esa aparente inversión china. Este plan, en la práctica, facilitará exactamente eso: viviendas pagadas con el dinero de todos los aragoneses para trabajadores extranjeros de una empresa extranjera que ni siquiera va a compartir su tecnología.

Todo ello en un contexto en el que el Gobierno de Aragón del PP bate récords de recaudación fruto de su voracidad fiscal: En 2024, recaudaron 119 millones € más en impuestos de lo que habían previsto.

Y en 2025, la recaudación de los impuestos en vivienda alcanzó en agosto todo lo que tenían previsto recaudar a lo largo del año. Pero ni por esas el presidente Azcón y sus consejeros han aceptado las propuestas de VOX para reducir los impuestos que gravan el acceso a la vivienda.

Desde VOX, exigimos que el Gobierno cumpla la palabra dada: ni un recurso público para las viviendas de los más de 2.000 trabajadores chinos. Y que a su vez, reformulen este plan ‘Más Vivienda, Mejor Empleo’ para garantizar que se priorice el empleo local y regional.

La prioridad debe ser para los trabajadores locales, para nuestros jóvenes y para las familias aragonesas que han pagado sus impuestos durante décadas.

Para despejar estas más que justificadas y razonables dudas, sería conveniente que el Gobierno de Aragón haga público íntegramente el contenido de los acuerdos con el grupo chino CATL sobre la materia (alojamiento de trabajadores asiáticos), que se publiquen los convenios urbanísticos con los municipios afectados por todas las inversiones mil millonarias extranjeras que anuncia el actual Gobierno de Aragón y se hagan públicos qué suelos y dotaciones se van a poner al servicio de estos Planes de Interés Autonómico (PIGAS) de promotores privados.

Todo ello con total transparencia y máximo respeto con los alcaldes y vecinos de los municipios del entorno de la factoría de Stellantis y CATL en Figueruelas.