Cada uno de enero, además de los consabidos buenos propósitos de gym, dieta y ahorro, los ciudadanos y, sobre todo, las empresas, enfrentan otro “regalo” tan inevitable como seguro: la certeza de una nueva legislación para el año que entra.

Leyes, reales decretos, ordenes ministeriales, transposiciones de directivas europeas y un sinfín más de regulaciones que vienen a “alegrar” el nuevo ejercicio. Llega inexorablemente y se acepta con resignación. Y es, precisamente esa normalización la que debería preocuparnos profundamente.

Y no se trata de no regular. El Derecho es el tejido conectivo de la sociedad, aquello que permite que el mercado y la convivencia posean un orden.

Pero, como en la medicina, el exceso o la mala dosificación de fármacos puede acabar con el paciente. Y algo de esto nos sucede.

El sistema padece de una hiperinflación legislativa crónica. Demasiadas normas. Y no siempre bien elaboradas. Producimos normas a un ritmo que supera con creces nuestra capacidad para asimilarlas, aplicarlas y, lo que es más relevante, poder valorar adecuadamente sus efectos reales.

Y es un problema no sólo de cantidad sino también cualitativo y de velocidad de producción.

En primer lugar, la “carga”. Para una PYME, piedra angular de nuestro tejido económico, cada nueva norma que ha de aplicar se traduce en horas de asesoramiento, en la necesidad de dotarse de nuevo software o actualizarlo, adaptación de procesos, formularios, cursillos para empleados y un sinfín de costes asociados.

Hablamos de normativa laboral, fiscal, de protección de datos, medioambiental, de igualdad… Un mosaico de complejidad creciente que obliga a las empresas a destinar recursos ingentes que bien podrían destinarse al crecimiento y a la innovación. La burocracia se convierte en un competidor silencioso que resta productividad.

Por otro lado, la complejidad técnica y la velocidad del cambio. Se legisla sobre realidades tecnológicas y sociales que evolucionan a velocidad de vértigo (IA, criptoactivos, teletrabajo, economía circular…) y si bien la intención puede ser encomiable no lo es tanto la técnica que se emplea: normas ambiguas, conceptos jurídicos indeterminados, regulación de cuestiones que no “encajan” con la realidad y una eterna remisión a desarrollos reglamentarios futuros.

Y de aquí, la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica ¿Quién se atreve a emprender o a desarrollar proyectos sin unas reglas del juego claramente definidas y sólidas?

Y, por último, un tema crucial: la falta de tiempo suficiente para la “digestión” jurisprudencial. El Derecho no es simplemente la letra de la ley.

Este se perfecciona, matiza y, sobre todo, se adecúa a la realidad con su aplicación práctica por los tribunales. La jurisprudencia es el elemento fundamental que “atempera” el frio texto de la ley a la calidez y complejidad de los casos reales.

Pero cuando una norma se ve sometida a cambios constantes, este beneficio imprescindible se pierde. No hay consolidación y, por tanto, no hay seguridad.

Empresas, ciudadanos e incluso profesionales del asesoramiento, navegamos con mapas no siempre fiables. Se rompe así un círculo virtuoso de seguridad jurídica: Ley – Aplicación – Controversia – Jurisprudencia – Certeza (o, cuando menos, seguridad).

¿Qué hacer entonces?

La solución, evidentemente, no pasa por paralizar la máquina legislativa y dejar de producir normas. Es algo necesario. Hágase, no obstante, y si se me permite la sugerencia, con un criterio quirúrgico y un principio de precaución jurídica, pudiendo abordar las siguientes vías de actuación:

• Evaluación precisa de impacto normativo. Sería muy beneficioso evaluar obligatoriamente (tanto “ex ante” como “ex post”) el impacto económico real que tiene para empresas y ciudadanos la implementación de nuevas normas, actuando en función de las conclusiones obtenidas. Legislar ha de conllevar un compromiso de revisión.

• Consolidación y Codificación. Es prioritario, pese al esfuerzo ingente que conlleva, el procurar en lo posible, aglutinar en textos únicos la normativa dispersa sobre un mismo tema, facilitando su accesibilidad.

• Moratoria y “tiempo de asimilación”. Cabrá plantear periodos de “vacatio legis” más amplios para normativa compleja y periodos de estabilidad en áreas ya hiperreguladas. A veces, la mejor nueva ley es aquella que ya existe y a la que se le ha permitido otorgar seguridad gracias a la jurisprudencia que se ha generado respecto a ella.

• Principio de “One in, Two out (una entra, dos salen)” aplicada en ciertos países y que consiste en que, para introducir una nueva obligación burocrática, previa o simultáneamente se han de eliminar dos obligaciones ya existentes. Todo un ejercicio de higiene democrática y de agilización del mercado y la sociedad.

Así pues, un deseo para este nuevo año es que, como sociedad (y en particular esto va para los agentes involucrados en su creación) valoremos las virtudes de una “dieta legislativa”.

Porque un exceso de normas, paradójicamente, no nos acerca a un Estado de Derecho más robusto, sino a uno más obeso, lento e inseguro. Y en ese viaje, todos, pero especialmente quienes arriesgan y crean empleo, pagan un peaje nada desdeñable.

La verdadera innovación que se necesita no es sólo tecnológica, sino también jurídica: la de un sistema normativo, claro, estable y seguro. Ese sería el mejor regalo de Reyes para nuestra economía y nuestra convivencia social.

Y lo dice alguien que vive de esto.

Muy feliz año nuevo a tod@s.