Mañana se inaugura una secuencia electoral que va a marcar el pulso político de 2026 en España. Extremadura es la primera ficha de dominó, pero detrás vendrán Aragón (8 de febrero), Castilla y León en marzo y Andalucía para junio.

Un calendario en cascada que los partidos nacionales observan con lupa y que el Partido Popular aspira a convertir en un relato sostenido de desgaste socialista y presión directa sobre Pedro Sánchez.

El PP quiere que cada convocatoria autonómica refuerce la idea de un PSOE en horas bajas, atrapado por la corrupción y lastrado por los problemas de su líder. El mensaje es sencillo, los malos resultados territoriales no son coyunturales ni locales, sino consecuencia directa del sanchismo.

En Extremadura y Aragón, ambas elecciones convocadas de manera anticipada por María Guardiola y Jorge Azcón, las encuestas apuntan a resultados holgados, en algunos escenarios, rozando la mayoría absoluta. A ello contribuye una oposición socialista sin liderazgo claro ni proyecto reconocible.

El problema no es exclusivo de estas comunidades. En Andalucía, pese al desgaste acumulado por el PP de Juanma Moreno, especialmente en el último mes, la izquierda sigue sin encontrar una alternativa sólida ni un referente capaz de disputar con solvencia el centro político.

El caso aragonés merece una lectura específica. Para Pilar Alegría, la convocatoria no llega en el mejor momento. El proceso le ha pillado con el pie cambiado: sin una estructura territorial fuerte, con poco tiempo para consolidar su liderazgo y con la dificultad añadida que ha vivido hasta ahora de compaginar la política autonómica con su papel como portavoz del Gobierno en Madrid.

Una exposición semanal que, en el contexto de presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, genera un desgaste evidente. A ello se suma la compleja convivencia interna con los llamados “lambanistas”, que siguen marcando la vida orgánica del partido en la comunidad.

En este escenario, el PP aparece como claro vencedor en potencia, pero la gran incógnita vuelve a ser Vox. Las encuestas le otorgan un peso relevante, aunque queda por ver si ese apoyo se materializa finalmente en las urnas o si está sobredimensionado, como ya ha ocurrido.

Dependiendo de los números -esta lectura sirve tanto para Extremadura como para Aragón-, podría bastar con una abstención para facilitar gobiernos populares, evitando coaliciones explícitas. Gestionar esa imagen, la de necesitar a Vox sin aparecer subordinado a él, será uno de los grandes desafíos del relato postelectoral para el PP.

Porque, al final, la clave no estará solo en lo que ocurra el día de las elecciones, sino en cómo se cuente después. El PP deberá explicar por qué necesita a Vox y en qué términos, mientras la izquierda seguirá apelando al miedo a la extrema derecha como herramienta de movilización. Una estrategia que ha demostrado seguir funcionando para activar a determinados segmentos de su electorado.

A mi juicio, los datos que realmente interesan en los cuarteles generales llegarán al día siguiente. Los estudios postelectorales que analizan no tanto el qué, sino el porqué del voto.

Ahí se revelan las claves que permiten construir la estrategia futura. No es menor el impacto de la corrupción en ese análisis: diversos estudios sitúan su efecto en una pérdida de entre el 7 y el 11% del voto, una cifra nada despreciable en contiendas ajustadas.

Nadie duda de que el PP ganará estas elecciones y de que el PSOE sufrirá resultados negativos. Pero conviene no dar por hecho que el trabajo está hecho. El recuerdo del verano de 2023 sigue ahí.

Entonces, tras un tsunami autonómico y municipal que parecía definitivo, Pedro Sánchez logró recomponerse y seguir en La Moncloa. La coyuntura era distinta, sin duda, pero la lección permanece. En política, como bien sabe el PP, repetir un error suele salir caro.