Nuestra Constitución contempla en su articulado la posibilidad de su reforma y establece los mecanismos para llevarla a cabo. Por tanto, proponer reformas puntuales o de calado dentro de ese marco legal y por los mecanismos previstos para ello no podría ser considerado ilegal ni colocar a sus promotores fuera del sistema.
Supongamos que alguien propusiera alguna de las reformas que más apoyo social podrían suscitar: la derogación, por poner un ejemplo, de la disposición adicional primera que reconoce los “derechos históricos” de los territorios forales, derechos que al parecer son distintos de los derechos de ciudadanía en los que se sustenta la democracia y que nos igualan jurídicamente a todos; derechos históricos que luego han derivado en privilegios económicos que colisionan con algún que otro artículo de la propia Constitución que precisamente proscribe esos privilegios.
Una incongruencia que quizás hace tiempo que debiéramos haber corregido. ¿Tan extraño es que alguien lo proponga? Por no recordar que sigue vigente la posibilidad abierta en la disposición transitoria cuarta de la anexión de Navarra al País Vasco y en la que ha estado trabajando durante las últimas décadas el nacionalismo vasco promoviendo y financiando la euskaldunización de esa provincia. ¿Cuántos españoles apoyarían la derogación de esa disposición transitoria? ¿Es antisistema alguien que las proponga?
Pero hay otros mecanismos de reforma de la Constitución al margen de los procedimientos legales: por la vía de los hechos o por la reinterpretación creativa de un órgano que se arrogue un papel neoconstituyente que, claramente, no tiene. Es este último, me temo, el procedimiento empleado por el Tribunal Constitucional ante temas controvertidos como la Ley de Amnistía. O la falta de presentación del proyecto de presupuestos ante las Cortes generales, en los términos y plazos a que obliga la Constitución. O las imposiciones lingüísticas que se están tolerando en determinados territorios de nuestro país, vulnerando derechos fundamentales, sin que sus autores sean perseguidos, castigados o ni siquiera desautorizados.
¿Sigue vigente nuestra Constitución? ¿Se cumple? Son preguntas elementales que, a la vista de los hechos, muchos nos formulamos. Lo preocupante es que esos incumplimientos -los que muchos consideramos incumplimientos- los está perpetrando el propio Gobierno de la nación.
Hace pocos días hemos asistido al espectáculo insólito de un presidente del Gobierno felicitando a los ciudadanos que por métodos violentos boicotearon el final de la Vuelta ciclista a España. Un presidente del Gobierno que prometió por su conciencia y honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. O hemos asistido el indulto concedido a dos personas condenadas por los graves disturbios provocados para impedir un mitin de VOX en Zaragoza hace unos años.
En aquellos disturbios resultaron heridos siete policías, uno de ellos con lesiones que le han conducido a la jubilación anticipada por incapacidad. El indulto no borra el delito, que indudablemente se produjo como sentenciaron los tribunales, pero anula la pena. El Gobierno está trasladando con ello un peligroso mensaje: contra VOX se puede emplear la violencia, todo vale. Según en qué casos y a favor de qué causas, las que convienen al Gobierno, la violencia es legítima. Un mensaje, insisto, peligrosísimo en un Estado de Derecho.
Tenemos un Gobierno que permite el aterrizaje en territorio nacional y recibe a una persona, Delcy Rodríguez, que tiene prohibida su entrada en la Unión Europea por una Decisión del Consejo. Tenemos un Gobierno que pacta con antiguos terroristas; que negocia en territorio extranjero, al margen del Parlamento, concesiones políticas y económicas a cambio de apoyos parlamentarios con un prófugo de la Justicia. Un Gobierno que lleva tres años sin someterse al Debate sobre el estado de la Nación.
Pedro Sánchez se libró de Pablo Iglesias en cuanto tuvo ocasión. Pero no porque estuviera disconforme con sus postulados políticos sino precisamente por lo contrario, porque ha asumido él en primera persona su discurso y sus formas, sin subterfugios ni personas interpuestas. Podemos y su líder eran claramente antisistema. Hoy, me temo, lo es Pedro Sánchez y, con él, su partido. Y eso tiene consecuencias, y no buenas.