En una sociedad cada vez más compleja y diversa, en la que conviven realidades económicas muy distintas, la figura del Administrador/a de Fincas Colegiado se revela como un profesional esencial para la buena marcha de nuestras comunidades de propietarios. Pero ¿qué ocurre cuando una comunidad carece de los recursos necesarios para contratar a un administrador/a que se encargue de sus asuntos legales, económicos y técnicos?
Para dar respuesta a esta cuestión, desde el Consejo General de Colegios de Administradores/as de Fincas de España, que integra a todos los Colegios Territoriales, se ha promovido la regulación de una figura con un marcado carácter social: el Administrador/a de Fincas Colegiado de Oficio (AFO).
Se trata de un profesional colegiado/a cuya función es prestar asesoramiento y gestión a comunidades de propietarios vulnerables y en riesgo de exclusión, financiado por las administraciones públicas implicadas. Esta figura permite que aquellas comunidades que no pueden asumir el coste de un administrador, por sus dificultades económicas o por su situación de incumplimiento normativo, tengan acceso a un servicio profesional que garantice la legalidad, la buena gestión y la convivencia.
La intervención de un AFO puede marcar la diferencia entre el deterioro progresivo de un inmueble —con las consecuencias negativas que esto acarrea— y su recuperación como espacio habitable, seguro y conforme a la normativa vigente. Así, el AFO no es únicamente un gestor, sino un verdadero agente de cohesión social, que acompaña a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Un abanico de Servicios Esenciales
El AFO desarrolla una amplia labor de apoyo, que abarca desde tareas administrativas básicas hasta la mediación en conflictos complejos. Entre sus funciones más habituales destacan el asesoramiento legal en cuestiones derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal y otras normas de aplicación, la gestión económica de la comunidad, el cobro de cuotas, el control de pagos a proveedores, la contabilidad y la elaboración de presupuestos.
También se ocupa de tramitar subvenciones para rehabilitación, conservación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, y de gestionar toda la documentación administrativa: convocatorias de juntas, redacción de actas, custodia de archivos y emisión de certificados.
Otro aspecto muy relevante es el de la mediación de conflictos entre propietarios o con terceros, buscando soluciones equilibradas y consensuadas que eviten litigios innecesarios. Además, el AFO supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, especialmente en materia de conservación de los inmuebles y de seguridad, un punto fundamental para evitar sanciones administrativas y problemas mayores.
Todo ello se traduce en una gestión más profesional y organizada, que ayuda a que la falta de conocimientos o recursos no derive en conflictos ni en el deterioro de la comunidad de propietarios.
En definitiva, esta figura profesional es una muestra de cómo la profesionalización de la administración de fincas puede tener un impacto directo en la calidad de vida, en la conservación del patrimonio común y en la prevención de conflictos.
La intervención de un Administrador/a de Fincas Colegiado de Oficio es una garantía de que nadie quede atrás y de que todas las comunidades, con independencia de sus recursos, puedan contar con un aliado profesional que vela por su bienestar y por el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.
Un compromiso firme desde Aragón
En la actualidad, la figura del Administrador/a de Fincas de Oficio todavía no se encuentra implantada en nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón estamos trabajando con firmeza y dedicación para hacerlo posible. En breve, se iniciarán contactos y conversaciones con las instituciones competentes, con el objetivo de establecer un marco de colaboración que permita ofrecer este servicio a las comunidades que realmente lo necesiten.
Nuestro compromiso es claro: poner al alcance de los ciudadanos aragoneses una herramienta eficaz y solidaria que contribuya a mejorar la convivencia, la gestión y la calidad de vida en nuestras comunidades. Estamos convencidos de que, con el esfuerzo conjunto de todos los agentes implicados, muy pronto podremos anunciar su implantación en Aragón.