El pasado mes de junio, el testimonio de una vecina del barrio de la Magdalena apareció en las redes sociales de distintos perfiles, medios, colectivos, asociaciones vecinales; se coló en los WhatsApp de cientos de personas, también en el mío, bajo el título "Crónica de una gentrificación anunciada". La vecina, Ana, contaba cómo había construido una red de cuidados y comunidad durante seis años en su vivienda de alquiler. Denunciaba, ante la amenaza de desahucio por la venta de su vivienda a un fondo de inversión, la gentrificación que expulsa a las familias trabajadoras de sus barrios. Su historia personal, desde el entorno del Parque Bruil, en la zona de Aloy Salas, nos enfrentaba de bruces con una realidad colectiva: la pérdida del derecho a habitar con dignidad.

“Podríamos” decir que las políticas del gobierno de Natalia Chueca en esta zona del barrio de la Magdalena son, claramente, fallidas, tanto si hablamos de medidas sociales o acciones que tengan que ver con el urbanismo o la vivienda. Y subrayo “podríamos” si su verdadera naturaleza e intención no fuera otra más que promover la especulación y contribuir activamente a agravar la crisis habitacional que sufre Zaragoza.

Porque lo que está sucediendo en ese entorno es un proceso de gentrificación de manual, es decir, la expulsión de la población que vive en ese entorno a través de medidas que contemplan la remodelación de edificios, acciones de regeneración urbana e incremento del precio de la vivienda.

Además de estas inquilinas que ya han sido amenazadas de desahucio, ¿qué va a ocurrir con las decenas de personas mayores, con rentas antiguas, que al no tener ascensor en sus inmuebles bajaron a los primeros pisos para ganar en accesibilidad y han perdido esos alquileres?

Estamos ante un proceso con distintas fases muy bien definidas, tal y como puede verse una infografía creada por el grupo Iconoclasistas, ya hace más de una década. Estas etapas, que muestran la cronología desde el abandono del barrio hasta su comercialización, se están cumpliendo de manera sistemática una tras otra en el entorno del parque Bruil.

De esta forma, primero se produce un abandono del barrio, por el que este va progresivamente degradándose, los edificios van deteriorándose y con ellos toda la zona.

En segundo lugar, se produce su estigmatización, dando lugar a que los medios de comunicación se hagan eco de testimonios acerca de la inseguridad y criminalización de la pobreza, pese al esfuerzo de los vecinos y vecinas por evitarlo.

Una vez convenientemente degradado, y por lo tanto con los precios a la baja, se produce la especulación, es decir, la entrada de grandes grupos inmobiliarios que compran gran parte de las propiedades.

Y así es como nos acercamos al final de este proceso de gentrificación y nos encontramos con que un grupo de inversores compra 323 viviendas en Tenerías en la mayor operación de los últimos años.

De este modo se produce el encarecimiento de la vivienda y del barrio por el "lavado de cara", rehabilitaciones, etc., que acaba desembocando en la quinta y sexta fase de expulsión de la población, por convenios o a la fuerza, y en la comercialización, en la que el barrio se pone de moda.

Todo esto se está cumpliendo con precisión matemática con la inestimable colaboración del gobierno de Natalia Chueca, contribuyendo con la inversión de 704.946,11 euros en la reurbanización de la calle Pedro de Alvarado, y con los casi 4 millones de euros de fondos europeos anunciados para rehabilitar 144 viviendas, de las cuales 76 ya pertenecen al nuevo grupo inversor y que se suman a las 1,5 millones que beneficiaron especialmente a un propietario en ese entorno que ya controlaba más del 50% de los inmuebles.

Este grupo, según ha trascendido, planea subidas del alquiler de hasta un 50% tras la rehabilitación, en claro perjuicio de los inquilinos actuales.

Existen movimientos que van a alimentar la tensión especulativa en esta misma zona, muy próxima al centro, en la que se encuentran los terrenos de Instalaza, desde la que se está intentando la modificación del PGOU para construir nuevas viviendas, lo que demuestra el interés especulativo continuado sobre estos suelos.

Claro que la regeneración de este barrio es necesaria, pero lo que está haciendo este gobierno no solo es inhibirse en la resolución del problema de las personas que viven en la calle.

Se cumplen ahora dos años, desde que desde Zaragoza en Común, pedimos “soluciones urgentes” y una alternativa habitacional para la docena de personas que en ese momento se encontraban alojadas en infraviviendas en el entorno del parque Bruil. Esa cifra ahora es 50 ó 60 personas, sin que se haya hecho apenas nada…

Se ha perdido una oportunidad única para para aumentar el parque público de vivienda, con la compra de esas 323 viviendas, que se habrían podido adquirir por un precio medio de 68.000 euros por unidad. Apenas 21 millones para paliar la emergencia habitacional, el mismo coste que el estadio portátil que sustituye a La Romareda en obras.

Pero no solo eso, sino que el Gobierno del PP con los votos de Vox votaron en contra de la puesta en marcha de cláusulas de salvaguardia social dentro de los Planes de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, financiados con fondos públicos, algo de lo que ya avisó la Unión Europea, una forma de evitar estos procesos, puesto que limitan el precio del alquiler en esas viviendas, entre otras medidas.

Zaragoza necesita políticas de vivienda valientes y comprometidas con el derecho a una vivienda digna, que no alimenten los procesos que expulsan a los vecinos y enriquecen a unos pocos, sino que evite la expulsión y muerte de nuestros barrios.

Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común