Sepa, ciudadano de Zaragoza, que usted no tiene derecho a conocer el destino de las partidas presupuestarias del Ayuntamiento con las que se paga a los proveedores de bienes y servicios; unas aplicaciones presupuestarias que, por cierto, es ocioso que se lo diga, se nutren de su dinero, el de usted, cuando la simple publicación de esa información en la página web municipal permitiría su acceso público.
Estoy seguro de que, con mucha probabilidad, usted vive en un inmueble en el que hay un administrador de la comunidad, contratado entre todos los vecinos, y que ese administrador les aporta periódicamente la relación de las facturas a las que ustedes hacen frente con sus cuotas: limpieza de las zonas comunes, mantenimiento del ascensor y reparaciones, entre otros gastos. Y estoy seguro de que si ese administrador les negara esa información, sería despedido y sustituido por otro.
Pero si digo que usted no tiene derecho a conocer esos gastos del Ayuntamiento es porque los dos grupos municipales mayoritarios, popular y socialista, se oponen a ello. Desde el grupo municipal de VOX lo hemos solicitado de muchas formas y con insistencia, mediante mociones, sistemáticamente rechazadas o mediante enmiendas presupuestarias, también rechazadas.
La relación de argumentos que hemos aportado no sólo es abrumadora, sino, creo, irrebatible, y estoy seguro de que compartidos por la mayor parte de los ciudadanos: transparencia en la gestión pública, derecho de acceso a la información -reconocido además y regulado por ley-, fomento de la participación, control y fiscalización de la acción pública por parte de la ciudadanía, prevención de la corrupción, promoción de la rendición de cuentas, educación de la ciudadanía en materia de gestión y financiación pública, cumplimiento de los estándares internacionales, mejora de la eficiencia en la gestión y generación de confianza.
El acceso a la información sobre las partidas del Ayuntamiento garantiza que la ciudadanía pueda supervisar cómo se gestionan sus impuestos y recursos públicos. Un gobierno transparente permite que los ciudadanos tengan visibilidad sobre el destino y el uso de los fondos públicos, lo que fomenta la confianza en las instituciones. Y cuando los ciudadanos tienen acceso a la información sobre las partidas presupuestarias, pueden ofrecer sugerencias y comentarios que ayuden a identificar áreas de mejora en la administración pública. Pero, ¿no quieren los dos grupos mayoritarios que los ciudadanos sepan cuál es el destino de su dinero? ¿No les importa generar desconfianza? Porque cuando se hurta información que, además, se está obligado a dar, se abona la desconfianza, absolutamente justificada.
Y, sí, existe esa obligación de informar. La relación de leyes y normas, no sólo nacionales sino también comunitarias es, de nuevo abrumadora. Desde la propia Constitución hasta un amplio elenco de leyes -en particular la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno- y normas comunitarias -Reglamento (UE) 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al acceso público a los documentos-, todas ellas son normas que este Ayuntamiento está ignorando e incumpliendo. De nuevo, España se ha adherido a varias convenciones internacionales sobre Gobernanza Pública y lucha contra la corrupción que nuestro Ayuntamiento ignora. Los principios inspiradores de todas estas normas son algunos de los que he enunciado al principio, básicamente la transparencia, el libre acceso a la información pública -a la información que debiera ser pública-, la rendición de cuentas y el control ciudadano de la acción política.
Nos anuncian que el Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando en la redacción de una Ordenanza del Dato (¿qué dato?: claramente el que el gobierno municipal considere oportuno darnos y no el que usted desee conocer) y en el proyecto de un asistente virtual para suministrar información a los ciudadanos mediante un “avatar hiperrealista” (sic). La pregunta que como ciudadano yo le formularía a ese avatar sería la siguiente: “¿Me puedes dar información sobre el libro mayor de partidas del Ayuntamiento?” Hoy su respuesta sería, “no”. Y esa no es la respuesta adecuada.