En poco más de una década, Forestalia ha pasado de ser un nombre conocido solo en círculos empresariales de Zaragoza a consolidarse como uno de los actores más influyentes del sector renovable español. Su crecimiento coincide con la explosión de proyectos verdes en Aragón y con un aumento constante de la atención mediática y política.
La compañía nace en 2011 de la mano del empresario zaragozano Fernando Samper, heredero del histórico Grupo Jorge (una de las empresas líderes del sector cárnico aragonés). Tras la ruptura con sus hermanos, Samper decide emprender un proyecto propio centrado en energías limpias, en un momento en el que el sector atravesaba una profunda crisis.
El primer gran impulso llega en 2016, cuando Forestalia obtiene más de 400 MW en la subasta estatal que reactivó el mercado tras años de parálisis. Aquella adjudicación supuso su irrupción definitiva y la situó como alternativa emergente frente a las grandes eléctricas tradicionales.
A partir de entonces, la empresa encadena nuevos éxitos en distintas licitaciones reforzando su dominio en Aragón. Actualmente suma más de 1.500 MW eólicos en funcionamiento y cerca de 500 MW de fotovoltaica, distribuidos en su mayoría en comarcas zaragozanas donde el despliegue renovable ha transformado por completo el paisaje energético.
Ese crecimiento favorece su salto hacia alianzas industriales estratégicas. Forestalia acordó con la china CGE el desarrollo de unos 1.000 MW renovables destinados a abastecer la futura gigafactoría de baterías proyectada por Stellantis y CATL en Zaragoza, uno de los mayores proyectos industriales de la región.
Paralelamente, la empresa ha impulsado un ambicioso plan tecnológico: la construcción de varios centros de datos en tres municipios zaragozanos. La iniciativa, valorada en unos 12.000 millones de euros, se presentó como la segunda mayor inversión anunciada en Aragón, generando expectación… y también cierto 'resquemor' en algunos territorios.
Sin embargo, el ascenso del grupo no ha estado exento de controversias. En los últimos años se han sucedido críticas por fichajes de ex altos cargos públicos, denuncias de supuesto fraccionamiento de proyectos y debates sobre el papel del Inaga en la tramitación de macroparques renovables. Aunque una comisión parlamentaria descartó irregularidades, las dudas han acompañado el rápido crecimiento de la compañía.
Una empresa bajo la polémica por su relación con el 'caso Leire Díez'
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este jueves 11 de diciembre diversas empresas en Zaragoza dentro de la operación conocida como caso Leire. Las diligencias, declaradas secretas, incluyen la sede de Forestalia, ubicada en el número 33 del Coso, donde los agentes permanecen inspeccionando varias plantas del edificio.
Entre las compañías señaladas se encuentran Infraestructuras Montearagón (cuyo domicilio fiscal está en Huesca) y Mediaciones Martínez (actual Imobiliarias Ku-Ma). Fuentes próximas a la investigación confirman que los registros se extienden también a Madrid y Sevilla, sin descartar nuevas actuaciones.
Las intervenciones llegan tras la detención de Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. En paralelo, se arrestó a una tercera persona en Vizcaya y se registró un piso en la madrileña calle Diego de León, lugar de reuniones vinculadas a la investigación.
La polémica ha saltado también al ámbito político. En el pleno de las Cortes, el presidente aragonés Jorge Azcón cuestionó la fiabilidad del PSOE tras conocerse los registros, asegurando que "no son de fiar" y rechazando cualquier posibilidad de acuerdo presupuestario con los socialistas en este contexto.