Las negociaciones de un nuevo convenio entre los representantes del comité de empresa del autobús urbano de Zaragoza y la compañía Avanza, concesionaria del transporte urbano en la capital, continúan "estancadas". Así lo ha confirmado tanto el presidente del comité, Raúl Cabeza, como el director de la empresa en la ciudad, Carlos Argulló, ya que ambas partes aseguran que las conversaciones no han avanzado y que la situación se encuentra en un “punto muerto”.
Hace un par de semanas los sindicatos pidieron al Ayuntamiento de Zaragoza que se pospusiera la licitación del nuevo pliego del servicio de autobús urbano, por miedo a que la empresa "deje de estar interesada en cerrar un acuerdo". La solicitud aún no ha tenido respuesta oficial, aunque, en una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la alcaldesa Natalia Chueca sí avanzó que se trasladaría la petición a la Justicia y que podría demorarse como máximo hasta septiembre.
Ahora, la preocupación sindical se centra en que, al ritmo actual de negociación, “no se llegará ni a septiembre, ni a diciembre, ni a enero del año que viene”.
No obstante, desde la empresa se muestran optimistas. "Estamos todavía lejos de un acuerdo, sí. Pero hay intención por ambas partes de cerrarlo y hasta septiembre vamos a seguir trabajando para ello", asegura Argulló.
Para ello, se ha puesto un calendario de reuniones semanales hasta el próximo 20 de julio para intentar acercar posturas. Aunque, según consideran desde los sindicatos, no se están presentando propuestas sustanciales. "O ponemos marchas forzadas encima de la mesa o será imposible llegar a un acuerdo”, considera Cabeza.
En el terreno económico, una de las últimas propuestas de Avanza, según señalan desde el comité, ha sido aumentar "ligeramente" la retribución por los reconocimientos médicos obligatorios tras bajas de larga duración. Sin embargo, los sindicatos la consideran insuficiente, puesto que "después de dos semanas sin reunirnos, esa fue su única oferta económica y, así, no se puede seguir negociando”.
Otro de los puntos críticos es la deuda con el IPC correspondiente a 2024. La empresa ha planteado abonar un tercio en 2025, otro en 2026 y el último en 2027. Tras presiones del comité, se adelantó parte del pago previsto para 2027, pero la propuesta "aún dista mucho de las expectativas sindicales".
Peticiones laborales y organizativas
Más allá de lo económico, los trabajadores reclaman mejoras en la organización interna. Exigen que se cumpla el Estatuto de los Trabajadores y se informe con al menos cinco días de antelación sobre los turnos y servicios asignados. Según Cabeza, a día de hoy los conductores conocen sus rutas con menos de 24 horas de antelación, "lo cual consideran inaceptable".
También piden una mejora en los relevos de jornada, actualmente distribuidos por toda la ciudad, lo que "dificulta la conciliación laboral y personal". Reclaman que los cambios de turno se realicen en lugares "fijos y predecibles, como sucede en la mayoría de los sectores industriales".
Otro punto de conflicto es el problema de las averías en muchos de los vehículos por las altas temperaturas. Los trabajadores solicitan un criterio objetivo para poder negarse a conducir autobuses en mal estado. “Nos están obligando a salir con vehículos sin aire acondicionado en plena ola de calor”, denuncian.
El pliego y la presión del Ayuntamiento
Una de las mayores tensiones se produce en torno a la licitación del nuevo pliego de condiciones. El comité cree que la empresa está utilizando la amenaza de licitación para presionar en la negociación, "como ya ocurrió en 2022". "Entonces, también se advirtió de la licitación si no se firmaba el convenio, aunque finalmente no se ejecutó hasta diciembre", recuerda Cabeza.
“Para nosotros es más fácil negociar sin que el pliego esté licitado. La empresa ya ha dicho que, si lo licitan, dejarán de negociar”, reclaman desde el comité.
Aunque el contrato actual con Avanza sigue vigente hasta 2027, y será entonces cuando se dé la contrata. Por lo que los sindicatos subrayan que licitar ahora no resuelve los problemas actuales, aunque señalan que el Ayuntamiento "hará lo que tenga que hacer" ya que licitados o no los pliegos "no van a pagarle el dinero a los trabajadores".