El grupo municipal Zaragoza en Común ha solicitado al Gobierno de España una solución urgente para las 14 familias del barrio de Oliver que se encuentran en riesgo de desahucio por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Además, han instado al Ayuntamiento de Zaragoza a intervenir como mediador en este conflicto y negociar con la SAREB la cesión de los inmuebles al consistorio para evitar el desalojo de los inquilinos.
Durante una rueda de prensa, la portavoz del grupo municipal, Elena Tomás, y el concejal Suso Domínguez, han anunciado que desde Zaragoza en Común utilizarán todas las herramientas a su disposición para presionar al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Consumo, con el objetivo de garantizar una solución favorable para estas familias. Cabe recordar que Sumar forma parte del Gobierno de coalición.
Asimismo, han instado a Zaragoza Vivienda a actuar como intermediario y lograr un acuerdo con la Sareb para que las viviendas sean cedidas al Ayuntamiento.
Viviendas y obras en curso
La Sareb, entidad pública creada para gestionar activos inmobiliarios provenientes de la crisis financiera, tiene en Zaragoza un total de 251 viviendas, 431 suelos y 396 obras en curso, entre otros activos. A juicio de Zaragoza en Común, la cesión de estos bienes podría ser clave para cubrir la creciente demanda de alquiler social de emergencia en la ciudad. Los concejales han lamentado que, a pesar de contar con estos recursos, no se haya firmado ni un solo convenio en Zaragoza ni en todo Aragón desde 2013.
El caso afecta a tres bloques de viviendas situados en las calles Pedro Porter, Miguel Artigas y Obispo Paterno, en el barrio Oliver. Las familias afectadas llevan más de diez años residiendo en estas viviendas, donde han cumplido con sus contratos de alquiler y pagos sin ningún inconveniente. Sin embargo, la Sareb ha decidido iniciar los trámites para desahuciar a estas personas en los próximos meses.
"Injustificable" y "vergonzosa"
Elena Tomás ha calificado de "injustificable" que la entidad actúe como una inmobiliaria más y no respete los derechos de las personas que viven en estas viviendas desde hace años. "Es incomprensible que, habiendo sido rescatada con más de 50.000 millones de euros de dinero público, la Sareb actúe sin tener en cuenta el bienestar de las familias, convirtiéndose en un agente inmobiliario que antepone el interés económico a los derechos de los ciudadanos", ha afirmado la portavoz de Zaragoza en Común.
Por su parte, Suso Domínguez ha calificado la situación de "vergonzosa", ya que, según indicó, la Sareb debería estar garantizando un parque público de vivienda y no desahuciando a familias trabajadoras.
Desde Zaragoza en Común, también han expresado su apoyo a las movilizaciones convocadas por las asociaciones de inquilinas, que han llamado a la ciudadanía a unirse para denunciar estos desahucios, a los que califican de "invisibles". La formación política ha reiterado su compromiso con las familias afectadas y con el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna.