Aragón se ha topado con el rechazo en bloque a sus alegaciones contra la llegada de menores extranjeros no acompañados. La Comunidad ha ido presentando por escrito y "expediente por expediente" sus reservas al "reparto impuesto" por Pedro Sánchez, pero de nada ha servido. Los tres menas que ya están en la Comunidad son solo los primeros, y el resto irá llegando en cuestión de semanas o meses.
Lejos de detener su 'ofensiva', la DGA estudia ya la vía judicial. La principal duda es si cabe una acción conjunta o si habrá que ir caso por caso con los 251 menores que recibirá la región en el plazo máximo de un año. El 'mantra' del Gobierno de Jorge Azcón sigue siendo el mismo: la ley se cumplirá, pero se recurrirá cada acto administrativo derivado del decreto ley ante lo que se considera una decisión "injusta e insolidaria" que beneficia únicamente al interés personal de Pedro Sánchez.
Los tres menores trasladados a Aragón en las últimas horas son varones y están cerca de la mayoría de edad, factor que obligará a trazar un itinerario formativo para facilitar su futura incorporación al mercado laboral. Son los únicos para los que ha llegado la resolución de traslado, pero se cree que el resto no tardará y que, en adelante, continuará el goteo.
Por ahora solo ha trascendido que están alojados en uno de los recursos de acogida habilitado por la DGA a tal efecto. Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia que dirige Carmen Susín descartan dar más datos para salvaguardar su bienestar y la integridad del sistema de protección de menores, ya que se quiere evitar la alarma provocada en otros traslados.
Este jueves, la propia DGA comunicaba que ha recibido 30 expedientes: 12 correspondientes a menores procedentes de Canarias, 12 de Ceuta y 6 de Melilla. Nada se sabe, sin embargo, de cuándo llegarán los 220 restantes, una falta de información que dificulta su atención y la contratación de personal.
El Ejecutivo autonómico no ha aclarado si ya tiene recursos suficientes para acoger a todos estos menores. En su día recurrió a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, e incluso llegó a pedir a los alcaldes que hiciesen de intermediarios con particulares que pudieran tener pisos a la venta o en alquiler.
La reacción de Vox
La llegada de más menas podría complicar la aprobación del techo de gasto y los presupuestos, aunque, por ahora, desde Vox no aportan pistas.
Para los de Alejandro Nolasco, el hecho de que tres menas hayan ingresado este jueves en los centros que dependen del Gobierno de Aragón "es solo un paso más en el largo recorrido que llevan compartiendo desde años PP y PSOE en favor de la inmigración ilegal".
"No se trata del número, sino de unas políticas imprudentes que conducen al suicidio de nuestra nación", añaden desde la formación.
En opinión de Vox, la actitud del Gobierno de Aragón ha sido "en todo momento cómplice con las políticas irresponsables del Gobierno central que benefician a las mafias que trafican con seres humanos".
"De nada sirve presentar unos recursos a las propuestas de traslados si al mismo tiempo el Departamento de la consejera Susín ya lleva tiempo buscando pisos en el mercado de alquiler para más ilegales y han seguido financiando a las oenegés que se lucran de este negocio", remarcan.