Zaragoza
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Aragón ha presentado este viernes alegaciones al anteproyecto de la "falsa" condonación de la deuda. El Gobierno de Jorge Azcón insiste en que es arbitraria, injusta, discrecional y no resuelve los problemas estructurales de financiación de los servicios públicos.

"La quita no es tal. Es una trampa. Los aragoneses acabarán debiendo más dinero del que deben hoy. Concretamente, 253 euros por persona, mientras que en Cataluña o Castilla-La Mancha se reduciría en varios cientos de euros por habitante", ha recalcado la vicepresidenta, Mar Vaquero.

La Comunidad estima que a Aragón se le deberían perdonar 485 millones de euros más al margen de los 2.124 ya anunciados si se aplicaran criterios como el sobreendeudamiento real. También rechaza que todo ese dinero no vaya a poder destinarse a gasto social.

El problema es "de forma y de fondo", de ahí que desde el Pignatelli se insista en un nuevo modelo de financiación en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tenga en cuenta el coste real de los servicios.

La DGA asegura que sus alegaciones parten del "rigor" y de haber estudiado todos y cada uno de los puntos que contiene el anteproyecto. "La falsa condonación no soluciona el problema de Aragón. Responde a una exigencia de carácter político. No se ha contado con las comunidades autónomas", ha dicho.

Al Gobierno de Azcón se le acumulan los frentes abiertos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con los menores migrantes, le ha exigido que detalle los criterios que se han utilizado para el reparto.

Hasta ahora, lo que ha predominado, según Vaquero, ha sido la falta de transparencia. "No tenemos ninguna información que nos haga pensar que se han seguido unos criterios objetivos. Pedimos al Ministerio que nos aclare estos aspectos. Son oscuros y adolecen de precisión, atentan contra el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución", ha agregado.

Sobre energía, el Consejo de Gobierno ha aprobado la toma en conocimiento del acuerdo adoptado por Moncloa contra la Ley de Energía. Vaquero ha lamentado que ahora se alegue contra aspectos que no se cuestionaron en la primera versión del documento, aprobada por el cuatripartito de Javier Lambán, y ha subrayado que será el Tribunal Constitucional el que resuelva.

En su opinión, es "obvio" que hay materias en las que no se está teniendo en cuenta el interés de Aragón. La reunión que mantuvo esta misma semana con el Ejecutivo y Red Eléctrica por las concesiones es un ejemplo.

"Aragón está en un momento de crecimiento. Podemos reivindicar con hechos y proyectos cuáles son las necesidades que tenemos. Lo que están haciendo con los centros de datos es ponerse una venda delante de los ojos. Nosotros vamos a seguir reivindicando esas inversiones para tener energía y atraer nuevos proyectos", ha prometido.

Lo que se pide desde el Pignatelli son criterios técnicos y no políticos; que no se beneficie una vez más a Cataluña y País Vasco únicamente por el interés personal de Pedro Sánchez. "Aragón no se va a conformar con ese agravio. El Gobierno de España no tiene política energética, en 14 meses ha sido incapaz de resolver los concursos pendientes y no ha sabido darnos una fecha. No sabemos si lo harán en 2 meses, en 4 o en 14", ha lamentado.

También ha censurado que el PSOE esté utilizando a Vox para crear confrontación con la inmigración, demostrando una "total falta de sensibilidad". Estas son, probablemente, las áreas más sensibles. "En el resto siempre tratamos de llegar a acuerdos. Por encima de todo está la lealtad institucional y la colaboración. Aragón no tiene ningún interés de confrontar, siempre busca la vía de la interlocución y el contacto", ha expuesto, poniendo como ejemplo la relación con Industria o con el Ministerio de Defensa de Margarita Robles.