El Gobierno de Pedro Sánchez presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de energía de Aragón, aprobada a finales de 2024 con los votos de PP, PSOE y PAR.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes presentar un recurso contra varios artículos de la ley -la 5/2024, de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón- tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno de Jorge Azcón.

Sigue así el mismo camino que la primera versión del texto, que terminó siendo tumbada por el Constitucional, aunque por un aspecto de forma.

"La Comisión Bilateral, en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, acordó iniciar negociaciones en relación con 24 preceptos de la ley aragonesa sobre los que existían discrepancias competenciales, habiéndose alcanzado un acuerdo parcial sobre 16 de ellos, lo que supone que el 66% de la controversia se ha solventado mediante el diálogo y el acuerdo entre administraciones", destacan desde el Gobierno central.

Concretamente, con los artículos 8, 17, 20, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 51, 52, 63 y la disposición adicional séptima se ha evitado el recurso mediante acuerdos en la interpretación de la norma y el compromiso por parte de la Comunidad de abordar ciertas modificaciones legislativas.

"No obstante, y pese a que la Administración General del Estado ha mantenido su voluntad de diálogo hasta el último momento, sobre los ocho artículos restantes no se ha podido alcanzar un acuerdo (artículos 4, 11, 58, 59, 60, 61, 62 y la disposición adicional tercera) y se solicita, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, el recurso de inconstitucionalidad", subrayan.

Los argumentos

El artículo 1 de la Ley indica que «Es objeto de esta Ley impulsar el proceso de transición energética en Aragón promoviendo el autoconsumo, residencial o productivo, mediante la vinculación de la planificación de inversiones productivas y de generación de energía a partir de fuentes renovables y el desarrollo legislativo, en el marco de la normativa europea y básica estatal, del régimen de las líneas directas, el autoconsumo, las comunidades de energía, las redes cerradas de distribución y determinados aspectos de las plantas hibridadas de generación en Aragón».

Ha de tenerse en cuenta, dicen desde el Ejecutivo central, que la presente norma trae causa a su vez del Decreto-ley 1/2023, el Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón, norma que ya fue recurrida al Tribunal Constitucional y anulada por entenderla contraria al art. 86 de la Constitución Española.

También ha de tenerse en cuenta, agregan, que estos mismos vicios de inconstitucionalidad fueron apreciados por el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 1299/2023, que avaló la existencia de fundamentos jurídicos suficientes para la interposición del recurso de inconstitucionalidad por cuestiones materiales o de fondo en términos similares a los razonamientos del presente acuerdo.

Además, el Informe de la Abogacía General del Estado 2/2025 (R-1057/2025), relativo a la posible impugnación de determinados preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 5/2024, de medidas fiscales y administrativas, se pronuncia también sobre algunas de las disposiciones de esta última norma autonómica que son trasladables a la norma aragonesa cuya impugnación se ha acordado este martes.

Los preceptos que se consideran inconstitucionales invaden, según el Gobierno de Sánchez, "competencias estatales y establecen un subsector eléctrico diferenciado en Aragón desde el punto de vista normativo que se rige, en algunos casos, por normas especiales y categorías no previstas en la normativa básica estatal".

"En definitiva, se establece en algunos casos un sistema paralelo en lo que concierne al sector eléctrico estatal y europeo, vulnerando abiertamente la normativa básica estatal y las atribuciones constitucionales previstas en los artículos 149.1.13ª y 25ª de la Constitución Española", añaden.

El establecimiento en algunos casos de unas reglas de mercado energético distintas a las previstas en el resto del territorio español termina por conducir a una abierta vulneración de los principios de competencia que han de regir en todo el territorio.

Implica asimismo una quiebra del artículo 14 de la Constitución Española, en lo que concierne a la igualdad de trato a todos los españoles reconocida por la Ley, porque la norma autonómica establece un sistema eléctrico diferenciado en algunos casos del sistema configurado en la normativa básica, en el que en dichos supuestos las personas físicas y jurídicas de la Comunidad Autónoma de Aragón que operen en su territorio van a gozar de una posición privilegiada de acceso al sistema eléctrico, tanto en lo que concierne con la distribución como en la generación de energía.

En tales supuestos, los que derivan de los preceptos que aquí se impugnan, los requisitos, exigencias y obligaciones previstos en la normativa básica estatal quedan desplazados por un régimen jurídico autonómico propio.

Para el Gobierno central, concurren requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de los siguientes preceptos: artículos 4, apartado 3, 11, 58, 59, 60, apartados 1 y 2, así como apartado 3 únicamente respecto de las letras a), b) y c); 61, 62, y la disposición adicional tercera, de la Ley 5/2024, de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón.

Asimismo, se invoca la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos señalados en la mencionada Ley.

Respuesta del Gobierno de Aragón

Tras conocer la noticia, desde el Gobierno de Aragón lamentan que esta decisión pueda “ralentizar” el desarrollo de los proyectos energéticos previstos en la comunidad y que se pretenda “invadir competencias autonómicas”.

Tras varios meses de negociaciones en Comisión bilateral, se ha llegado a un acuerdo en 16 de los 24 artículos “lo que demuestra la voluntad de dialogo del Gobierno aragonés”. A pesar de esto, desde el Pignatelli se considera “inaceptable” que “desde Madrid se quiera decidir sobre la zonificación ambiental de la comunidad”.

“La necesidad de ordenar el despliegue desde el territorio fue aprobada por las Cortes de Aragón por unanimidad y ahora se quiere eliminar esa posibilidad”, apuntan fuentes autonómicas.

Además, el Gobierno quiere dejar claro que la regulación de la zonificación “no fue objeto de recurso en 2023” cuando “la redacción del artículo de la anterior Ley de Energía eran muy similares a los de la actual”, sostienen.