La Comisión especial de estudio de las Cortes de Aragón constituida al efecto de definir las necesidades y prioridades de actuación en relación con la protección de la infancia y la adolescencia frente al impacto del uso de la tecnología se ha celebrado este lunes con el foco en el papel de las familias, los docentes y las administraciones.

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha sido la primera en intervenir. En su discurso se ha referido a las quejas que se reciben en la institución en relación con los riesgos asociados al uso de pantallas móviles por parte de los menores y su consiguiente exposición a internet, así como a las reuniones mantenidas con entidades especialmente vinculadas a la prevención, atención y tratamiento de problemas relacionados con la salud mental.

Respecto a las quejas, algunas familias han expresado sus inquietudes por el coste de la tecnología exigida para el seguimiento de las clases, tanto herramientas como internet, por la escasa duración de las licencias digitales, la necesidad de imprimir abundante documentación y la dificultad para la desconexión digital.

En este sentido, la justicia de Aragón ha recordado que el acceso a la educación de calidad no debe verse afectado por las condiciones socioeconómicas de las familias y que, en todo momento, ha de garantizarse la disponibilidad de medios suficientes. Igualmente, ha hecho hincapié en los docentes, “figura clave de la que dependerán los objetivos que se quieran conseguir”.

Por otro lado, Concepción Gimeno se ha referido al impacto que el uso de la tecnología tiene en el desarrollo de menores. Entre las ventajas, la justicia de Aragón ha señalado la adquisición de habilidades y competencias, la obtención de información, nuevas formas de expresión, conexión con otras personas, educación personalizada, así como la posibilidad de creación de comunidades seguras, de avance y apoyo social.

Entre estos riesgos derivados del mal uso o del abuso de las tecnologías, y según el testimonio que han transmitido a la institución entidades sociales y expertos, la justicia de Aragón ha destacado la dependencia, el aislamiento, el ciberacoso, la exposición a terceros desconocidos o el contacto y/o integración en grupos de riesgo, lo que puede ocasionar ansiedad, depresión o trastornos de la conducta alimentaria.

Concepción Gimeno ha expresado que la necesidad de protección de los menores en esta área es indudable y que esta debe adaptarse al progresivo desarrollo de su autonomía. Al respecto, ha apelado a la responsabilidad compartida de las familias y de las administraciones.

En relación con las familias, la justicia de Aragón ha hecho hincapié en el necesario control parental en el acceso al contenido digital. “Las herramientas de control deben ser simplificadas para reducir la dificultad de los padres, o cabe incluir controles por defecto, lo que garantizaría un uso más seguro desde el inicio sin depender de la configuración paterna”.

Entre las propuestas a las administraciones, Gimeno ha hecho un llamamiento a la administración educativa y socio-sanitaria para seguir trabajando en la concienciación de las familias mediante información accesible y asesoramiento permanente, dada la alta probabilidad de que del mal uso surjan problemas de depresión, ansiedad, autoestima, adicción y otras conductas lesivas.

En concreto,  en el ámbito educativo ha planteado la posibilidad de crear una figura o equipo específico que pudiera determinar criterios uniformes de actuación y decidir sobre las cuestiones que vayan surgiendo. Igualmente, ha insistido en la necesidad de abordar la desconexión digital de los alumnos.

Por último, la justicia se ha referido a las empresas del sector, cuya colaboración con las administraciones para el diseño de contenidos adecuados resulta imprescindible.