Los grandes ayuntamientos de Aragón cierran sus puertas a la llegada de más menores migrantes no acompañados. Lo hacen no por una cuestión ideológica, sino por falta de capacidad. Esa es la respuesta que, de forma mayoritaria, han dado al Gobierno de Jorge Azcón después de que el Ejecutivo les pidiese ayuda por carta para garantizar una acogida digna a los alrededor de 250 que llegarán a la Comunidad como consecuencia del reparto que iniciará el Gobierno de Pedro Sánchez en los próximos días.
La propia vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, reconocía este miércoles que no quedaba otra que recurrir a ayuntamientos y entidades civiles y religiosas para 'estirar' los "saturados" recursos autonómicos, pero la respuesta de los ayuntamientos deja claro que encontrar un nuevo hogar para estos menores no va a ser fácil.
Calatayud ya ha contestado a la Consejería de Bienestar Social y Familia que no dispone de espacio. Con la invasión rusa de Ucrania acogieron a varios refugiados en un albergue urbano "sin estrenar", pero esta, explica su alcalde, el popular José Manuel Aranda, ya no es una opción.
Las instalaciones, situadas en pleno centro, junto al recinto ferial, cuentan con habitaciones con literas, pero no disponen de cocina y están apalabradas por asociaciones juveniles y musicales a las que habría que 'echar' temporalmente, lo que supondría un problema añadido.
En La Almunia de Doña Godina tienen un centro de menores no acompañados a 200 metros de la plaza de España. En él hay 20 niños, lo que significa, en palabras de su alcalde, Noé Latorre, que "no tiene más capacidad".
Los primeros menores llegaron en diciembre de 2023 y desde entonces ha habido un goteo constante, sin que se haya registrado ningún problema de convivencia. "Creo que, para una población de 8.000 habitantes, ya tenemos bastante cuota. En el centro no caben más y el Ayuntamiento no tiene capacidad para habilitar otros espacios", comenta.
Una de las respuestas más claras ha sido la de la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque. La regidora asegura que no solo no disponen de espacios ni recursos, sino que la "gran capacidad de acogida y convivencia intercultural" demostrada en los últimos años ha dado lugar a "importantes carencias" que hacen que sea "inviable" asumir nuevas responsabilidades sin el apoyo del Estado.
Las hay en materia de Educación -los colegios están saturados-, de Sanidad -el centro de salud necesita más personal- o de Vivienda, con una oferta "insuficiente" que afecta, incluso, a los trabajadores públicos.
En Alcañiz, por su parte, han trasladado a la DGA que carecen de plazas de alojamiento y medios humanos para atender correctamente a los menores que llegarán en los próximos meses. Lo mismo dicen desde Jaca. La carta llegó allí la semana pasada y la respuesta ha sido que no hay medios.
En el caso de Alcañiz, el propio alcalde, Miguel Ángel Estevan, recordaba que en estos momentos se atiende en la localidad a más de 30 personas en pisos de acogida. "A través de Cruz Roja, entidad que mantiene un convenio de colaboración con el Consistorio, se acogió en años pasados a varias familias que huían de la guerra de Ucrania y hoy también se da apoyo a varias familias que llegan de otros países", señalaba.
A otras localidades como Utebo o Cuarte de Huerva no ha llegado ningún escrito del Gobierno de Aragón. Pero de hacerlo, avanza la alcaldesa de esta última localidad, Elena Lacalle, la contestación sería idéntica.
"Solo tenemos un hotel que está al 100% por todo nuestro entramado industrial. Además, por la tipología de vivienda unifamiliar de Cuarte tendría muy difícil encaje. Habría que estudiarlo con detenimiento", apunta.
En Utebo, donde superan los 19.000 habitantes, ocurriría lo mismo, ya que "no hay refugios o albergues municipales" en los que se pudiera garantizar una atención adecuada.
Sin información
Los servicios jurídicos de la DGA estudian ya el real decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con vistas a recurrirlo. Aunque desde el Ejecutivo confiaban en obtener más datos, el texto se limita prácticamente a la información conocida tras el último Consejo de Ministros.
Según este real decreto, la capacidad ordinaria de Aragón debería ser de 441 plazas, muy lejos de las 104 estructurales existentes en la actualidad. La Comunidad tendrá un año para llegar a ese objetivo, y desde el Ministerio de Sira Rego se garantiza un reparto "paulatino" para no sobresaturar ninguna región.