Aragón tendrá un año para ampliar su red de acogida de menores migrantes no acompañados hasta las 441 plazas. Es el margen que da el real decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros, unas nuevas 'reglas del juego' que obligarán a multiplicar por cuatro las 104 plazas estructurales que existen en la actualidad.

La letra pequeña se conocerá este miércoles a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque en las últimas horas han empezado a concretarse los primeros detalles. El Ministerio de Juventud e Infancia confirma que el reparto será "paulatino" para no sobresaturar ninguna comunidad y que, aunque no comenzará este 28 de agosto, arrancará en cuestión de días.

A Aragón le corresponderán unos 251 menores más, aunque la cifra "varía cada día", según explican desde el Ministerio, ya que cada jornada hay altas y bajas por los menores que cumplen 18 años, por lo que ese 251 es solo una referencia.

Tanto el Ejecutivo como las asociaciones que trabajan en la acogida prometen poner todos los recursos para garantizar una atención adecuada, lo que podría derivar en el alquiler o incluso la compra de recursos habitacionales. Es lo que actualmente centra sus esfuerzos. Aquí, el principal problema son los carísimos precios de las viviendas en alquiler y del mercado de segunda mano.

¿Qué sucederá entonces a partir de ahora? Las comunidades que tripliquen su capacidad ordinaria -Canarias, Ceuta y Melilla- deberán solicitar ser declaradas en situación de contingencia. Una vez lo hagan tendrán que remitir la información que lo corrobore al Ministerio y este, aprobar su petición.

Todo esto se hará en cuestión de 48 horas, ya que la previsión es que el 'andamiaje' en el que se basará el reparto quede armado mañana mismo. Una vez que Canarias, Ceuta y Melilla sean territorios en contingencia migratoria extraordinaria empezarán a correr los plazos.

Esto hará que cualquier menor migrante que entre en cualquiera de estos tres territorios deba ser trasladado en un máximo de 15 días a otros puntos menos tensionados de la Península.

Pese a la controversia política, desde el Ministerio de Sira Rego insisten en que el reparto se ha hecho siguiendo unos criterios objetivos y proporcionales en función de la población, rechazando las críticas de las comunidades del PP. Desde el Gobierno central no entienden que Aragón diga que está desbordada con 104 plazas estructurales, algo "poco serio" teniendo en cuenta que, según sus cálculos, tendría que tener 441.

Tampoco comparten las quejas de la Consejería de Bienestar Social y Familia por la falta de información. Según dicen, la tiene desde hace dos meses: "El problema es que, en lugar de ponerse a trabajar, se han dedicado a boicotear y plantear recursos. Han perdido 60 días".

Es todo lo contrario a lo que defiende el Ejecutivo de Jorge Azcón, que insiste en que las plazas de acogida están sobresaturadas y ha anunciado un nuevo recurso para oponerse a la medida, que considera "arbitraria". "Cumpliremos la ley, aunque en total desacuerdo", resumía este martes la vicepresidenta, Mar Vaquero.

Mención aparte merece el tema de la financiación. La DGA reitera que los 3,6 millones anunciados son, a todas luces, insuficientes. Desde el Ministerio, sin embargo, no contemplan inyecciones extra para la Comunidad, ya que sumando las 104 plazas estructurales a los 251 menores que llegarán en el próximo año no se llega a las 441 plazas de capacidad ordinaria que figuran en el real decreto.

Esto quiere decir que, a ojos del Gobierno central, Aragón no está en una situación de sobreocupación.