Aragón registró 238 casos de okupación de viviendas y 37 allanamientos durante el pasado año, según un informe del Ministerio del Interior. Esto supone un incremento del 7,2% con respecto a 2021, aunque la comunidad sigue estando entre las regiones con menor incidencia de España.
Sin embargo, la realidad en determinados municipios aragoneses, como Caspe, muestra una preocupación al alza ante la okupación y la denominada 'inquiokupación'. La reciente repercusión mediática del caso de Carmen, una vecina cuya vivienda fue okupada y, tras casi dos semanas de presión y mediación, lograron que los inquiokupas abandonaran el inmueble, ha puesto el foco sobre el municipio zaragozano.
Caspe no se limita a un solo caso. En lo que va de año, el trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Policía Local ha permitido intervenir en cuatro viviendas okupadas, aparte del caso de Carmen. “En cuanto conseguimos que se queden vacías, las tabicamos para que no vuelvan a entrar”, explica Ana Jarque, alcaldesa de la localidad.
No obstante, la problemática es más amplia. Jarque reconoce que existen al menos dos viviendas más ocupadas según advertencias vecinales, pero puntualiza que el Consistorio solo actúa si el propietario da la voz de alarma: “Si el propietario no aparece, yo no sé si realmente esa casa está okupada o no”.
La mayoría de los inmuebles afectados en Caspe suelen ser viviendas heredadas o segundas residencias, con frecuencia en estado de abandono o incluso declaradas en ruinas. La alcaldesa subraya el riesgo físico que asumen los okupas al instalarse en estas construcciones, muchas veces en peligro de derrumbe.
El Ayuntamiento ha decidido endurecer las medidas de control, en colaboración estrecha con la Policía Local. El protocolo caspolino busca agilizar la intervención: se acompaña jurídicamente al propietario y se fiscaliza la habitabilidad del inmueble. El mensaje de la corporación local es claro: “No permitiremos zonas de confort para los okupas en Caspe”.
A nivel legislativo, Jarque denuncia la actual insuficiencia normativa para proteger la propiedad privada: “No se puede continuar viviendo en España con esta legislación a favor de los inquiokupas, a favor de los okupas y a favor de que los españoles honrados y trabajadores pierdan sus propiedades”. La alcaldesa exige al Gobierno central una reforma legal y valora la movilización ciudadana frente a este tipo de situaciones.