Aragón plantará este jueves al Ministerio y no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que, previsiblemente, se acordará el reparto de menores migrantes no acompañados. El Gobierno de Jorge Azcón mostrará así su rechazo a lo que considera un reparto “forzoso” que solo busca que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa.
Según las cifras que han trascendido hasta el momento, a la Comunidad le corresponderían 251, un esfuerzo extra inasumible para un sistema que, dicen, está ya sobresaturado. “Nos oponemos frontalmente al intento de imposición del Gobierno de España y a un orden del día que ignora la voluntad de las Comunidades Autónomas, ya que fue rechazado por mayoría en la Comisión Sectorial previa, como exigen las normas que rigen su funcionamiento”, han afirmado desde el Departamento de Carmen Susín a través de un comunicado.
Desde el Pignatelli se niegan a convertir a estos menores “en objetos de intercambio político”. “Son personas a proteger, no paquetes a repartir. Y deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como coartada para resolver las urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno”, remarcan.
Para el Gobierno aragonés, Pedro Sánchez “solo piensa en Pedro Sánchez”, lo que hace que en lugar de actuar con responsabilidad utilice a los menores “como escudo político”. “Nuestro compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez. Ante la falta de política migratoria, nos negamos a asumir las consecuencias del fracaso del Gobierno”, subrayan.
Para el PP, el reparto, basado en un decreto ley que consideran ilegal, está diseñado “para enfrentar a las comunidades autónomas entre sí”, ya que se basa en “criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco”.
“Frente a esto, reclamamos respeto institucional, y afirmamos que no se puede gobernar a golpe de decreto, sin escuchar a las Comunidades Autónomas, despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios”, completan.
El Ejecutivo regional presentó hace escasos días un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, pidiendo incluso medidas cautelares y cautelarísimas ante lo que consideran un atropello. A este respecto, vuelven a advertir del “riesgo real de colapso” de los sistemas de protección de menores, que ya funcionan al límite de su capacidad.
“La llegada forzosa de más menores, sin recursos, sin planificación y sin garantías, nos obligaría a abrir macrocentros que imposibilitan su atención personalizada e integración. Además, el Gobierno de España no se compromete a garantizar condiciones dignas de atención. Su única intención es repartir el problema, transferirlo a otras administraciones y desentenderse de él. Una vez lleguen, seremos las Comunidades las que tendríamos que asumirlo todo, sin medios ni respaldo”, comentan.
Creen, además, que el anuncio del reparto actúa como efecto llamada, lo que hace que se pregunten “hasta cuándo tendremos que seguir acogiendo”. “La doble vara de medir del Gobierno es ya insostenible. Se niega a acoger a los más de mil solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios. No puede seguir señalando a otros mientras elude sus responsabilidades”, apuntan.