Aragón pide incrementar en al menos 10.000 millones de euros la 'bolsa' de la financiación autonómica "para empezar a hablar" e insta a no retrasar el debate. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido este martes de que, con este tipo de reformas, o se aprovechan los tiempos de bonanza o es difícil llevarlas a cabo, ya que, con las crisis, los ingresos "sufren mucho" y todo resulta mucho más difícil.
En su opinión, la nueva financiación debe abordarse como un todo. "No puede ser un parche, debe haber una negociación global en la que tengamos claro cuánto dinero va a haber y cuánto va a pesar la población ajustada", ha dicho.
Aragón tiene claras sus prioridades desde hace años, y es por eso que, a los argumentos dados en su día por el Gobierno de Javier Lambán, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha añadido otros apoyados por expertos como Julio López Laborda o Marcos Sansó para reforzar sus tesis. Incluye, además, una actualización del informe que la Cámara de Cuentas hizo en 2022 en el que pone cifras a la infrafinanciación que sufre la Comunidad.
En él se dice que la reforma debe incluir las variables de despoblación, dispersión y orografía, factores que hacen que la prestación de los servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) resulte mucho más cara. "No hablamos del cupo ni de nada por el estilo", ha querido recalcar Bermúdez de Castro para probar las intenciones del Pignatelli.
En la actualidad, estas variables correctivas tienen un peso del 3%. "El Ministerio propuso subirlas a un 4% y nosotros pedimos que se amplíen hasta un 5%. El resto iría para Sanidad (43%-45%), Educación (19%-20,5%) y Servicios Sociales (10%-12%)", ha desgranado.
La DGA ha pedido una reunión urgente con el Ministerio para explicar todo esto al detalle. El titular de Hacienda no entiende que la relación con el resto de ministros sea correcta y esté marcada por la lealtad institucional y con María Jesús Montero sea simplemente "epistolar". Esto ha llevado al Gobierno de Aragón a decir 'basta'. "Ya vale de cartas, no somos una pareja de novios", ha remarcado.
Lo más inmediato
Bermúdez de Castro cree que antes de iniciar la negociación se tendría que aprobar un fondo transitorio para que las comunidades pudiesen prestar mejores servicios hasta que se aprobase la nueva financiación. En esta línea, ha señalado que los servicios públicos son cada vez más caros y la existencia de varias autonomías, como Aragón, "infrafinanciadas". "Nosotros, con 300 millones al año nos daríamos con un canto en los dientes", ha asegurado.
El principal problema es que, al contar con poca población, Aragón tiene "poca capacidad" de influir en la financiación. Según los últimos informes, esta infradotación de la que se viene hablando supera los 500 millones de euros.
A esto hay que añadir que entre las comunidades despobladas tampoco hay una postura común. "Es normal que cada una defienda lo suyo. Si fuéramos valencianos defenderíamos unos criterios y si fuésemos canarios apoyaríamos otros. Unas regiones piden que la despoblación sea una variable correctiva, otras que estén dentro de las generales y otras, como Castilla-La Mancha, que sea objeto de un fondo aparte", ha recordado.