"Me llegaron a pedir hasta 160 euros por una cita". Esta es una realidad que afecta a personas de origen extranjeron que resultan estafadas con citas fraudulentas para el Registro Civil de Zaragoza y en la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional. Los delincuentes se aporvechan así de la situación de vulnerabilidad que viven a la llegada al país.
Entre los afectados por estas estafas se encuentra Angela C., procedente de Colombia, quien lleva diez años en España. A lo largo de su estancia en el país se ha visto estafada en varias ocasiones y otras veces ha estado a punto de caer. Esta mujer de 55 años llegó en un primer lugar a Málaga y tras unos años en el sur decidió mudarse a Zaragoza por trabajo, donde estuvo tres años.
Relata que en su primera cita en Zaragoza para acudir al Registro Civil tuvo que pagar 50 euros a través de una página web para agendar una cita, que resultó ser falsa. No fue la única ya que tiempo antes de pandemia, requirió otra cita para el Registro Civil y casi vuelve a caer: "Una persona me ofreció conocer a un amigo que tenía contactos dentro de la Seguridad Social y me cobraba 160 euros", relata esta afectada. En esta ocasión no llegó a pagar, pero admite que "en el desespero uno paga lo que sea".
En este tipo de situaciones se ha visto envuelta en varias ocasiones por "desesperación" para poder tener los papeles en regla y poder trabajar y estar dada de alta en la Seguridad Social: "La gente te cobra por todo, te llegan a decir que te empadronan por 300 euros", recalca. Mientras que los trámites de empadronamiento y citas son gratis.
Así, denuncia que en muchas ocasiones detrás de estas prácticas ilegales se encuentran "mafias" o incluso gente de a pie que se "busca la vida de la peor manera": "Este tipo de personas no tiene límite", denuncia.
Ángela se encuentra en estos momentos desempleada y a la espera de que le puedan dar una cita legalmente por el Registro Civil de Zaragoza ya que su tarjeta de residente aspira en agosto. Aunque lo que tiene claro es que "ahora no pienso pagar ni un euro". Asimismo, denuncia que son muchos lo que llegan a España "queriendo hacer bien las cosas" y "sin pasar por encima de los españoles": "Estamos buscándonos la vida, pero no se nos facilita", concluye.
Reunión con La Justicia
Por este y otros numerosos casos, la Asociación de Migrantes Atarraya Centroamérica, la Asociación Monserrate, la Plataforma SOS colombianos y la Alianza Intercultural de Asociaciones de Aragón han denunciado que estas practicas "vulneran" los derechos de la población de origen extranjero, especialmente vulnerable, como son las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, obligándoles a pagar por un servicio que debería ser gratuito y accesible para toda la ciudadanía.
Además, las asociaciones alertaron sobre la existencia de tramitadores y mediadores que consiguen estas citas de forma preferente respecto al resto de los/as ciudadanos, generando un mercado oculto y paralelo que agrava "aún más" la desigualdad de acceso.
De esta forma, pidieron ante La Justicia de Aragón el pasado martes la toma de medidas "urgentes" para garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de solicitud de citas, así como la apertura de investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de estas prácticas fraudulentas, sean abogados/as, ciudadanos particulares o empleados públicos de estos servicios.
Según defienden desde las organizaciones y los propios afectados, "la falta de control" agrava la situación y facilita la llegada masiva de este negocio ilegal. Por su parte, desde La Justicia de Aragón les ha tendido la mano a las asociaciones y ha expresado que tenía conocimiento de este tipo de situaciones ante la llegada de quejas y denuncias similares a lo largo de este tipo de mandato.