Vox ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón que elabore un informe para conocer los “perfiles” y las nacionalidades de las personas denunciadas, acusadas y condenadas por agresión sexual y violación. La formación asegura que el PP se comprometió a ello en el pacto de gobernabilidad -roto en el pasado mes de julio- y en el Pleno de las Cortes, incidiendo en los casos de violaciones grupales.
De esta forma, Vox se erige como el partido “cuyas propuestas más defienden a la mujer” y el “único” que “defiende el aumento de condenas para los delincuentes”, tal y como ha expresado su diputada Carmen Rouco. “Merecen el máximo castigo legal y pedimos el endurecimiento de las penas, lo contrario que hacen el PSOE y Podemos, que han premiado a los agresores sexuales con una ley que ha rebajado la pena a más de 1.500 agresores”, ha señalado.
En concreto, desde Vox han puesto el foco en los datos del Observatorio de violencia doméstica y de género, del Consejo General del Poder Judicial, que dicen que, entre julio y septiembre, hubo 236 condenados en Aragón por estos asuntos, siendo exactamente la mitad de nacionalidad española y la mitad extranjera. “El 13,5% de la población extranjera delinque lo mismo que el 86,5% restante. Son datos irrefutables”, ha aseverado Rouco.
Asimismo, la formación de Santiago Abascal se ha fijado en los datos “escalofriantes” del Instituto Aragonés de la Mujer, que apuntan que entre enero y junio se produjeron 48 violaciones y 157 casos de agresiones sexuales de distinta tipología. “Queremos saber quiénes son esos 48 violadores y 157 agresores sexuales y cuál es su origen”, ha afirmado Rouco.
Con ello, la diputada de Vox ha cargado contra el “silencio sepulcral” de las “asociaciones subvencionadas” y contra el Gobierno de Azcón. “Los responsables del PP, que malgastan 10 millones de euros en el IAM, no han sido capaces de emitir una mínima mención a la gravedad de este asunto”, ha apuntado la diputada.
Del mismo modo, ha exigido que se decrete el “billete de vuelta” y “expulsar” de territorio nacional a los “agresores extranjeros”, así como el endurecimiento de las penas para los españoles. “A España sólo se debe entrar legalmente y con voluntad de integrarse y respetar la ley. Nos duele que se gaste dinero en estructuras y sueldos con la excusa de proteger a la mujer y se destine en cursos y merchandising que en nada ayuda. ¿De verdad creen que un sujeto procedente de una cultura donde no se respeta a la mujer va a ir a un Punto Violeta? Es ridículo”, ha cuestionado.