La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de retirar del consistorio una estatua de Juan Antonio Samaranch con el argumento de que era "franquista" demuestra el grado de mediocridad de sus rectores. No es arriesgado afirmar que ninguno de los que ahora reprueban a quien fue presidente del Comité Olímpico Internacional, empezando por la alcaldesa Ada Colau, hará en su vida más por Barcelona y por Cataluña de lo que hizo él.

Al lograr la organización de los Juegos Olímpicos en 1992, Samaranch contribuyó de forma decisiva a la proyección internacional de la ciudad, a su transformación y a su despegue. Barcelona pasó de ser una más entre las ciudades del Mediterráneo a convertirse en una gran capital europea.

El argumento de que Samaranch simpatizaba con el franquismo revela un gran sectarismo. ¿Cometió algún crimen? ¿Es la ideología por sí sola un delito? El Ayuntamiento de Barcelona ha implantado una versión moderna de los estatutos de limpieza de sangre y al hacerlo refleja su espíritu inquisitorial. Pretendiendo desacreditar a Samaranch, Barcelona en Comú y la CUP se desacreditan a sí mismos.

Cuando El ESPAÑOL publicó el artículo "El tatuaje del ‘Prenda’, clave para la detención: así son los cinco violadores de San Fermín", su autor, Andros Lozano, comenzó a recibir multitud de amenazas, algunas de ellas de muerte. Esas amenazas han ido en aumento, y sus promotores han publicado datos personales del periodista y de su familia en las redes sociales.

La mayoría de esas advertencias mafiosas procedían de miembros de la peña sevillista Biris Norte, un grupo que se reivindica de extrema izquierda y al que pertenecían dos de los cinco supuestos violadores de la joven. Los ultras lo tenían claro: su enemigo no eran los compañeros que habían cometido un delito, sino el periodista que lo contaba.

La impunidad de la que gozan estos grupos vinculados al fútbol es intolerable. Habituados a la violencia y a la extorsión, disfrutan de la protección de las directivas de los clubes. Al conocer las amenazas al redactor de EL ESPAÑOL, el Sevilla se ha lavado las manos, limitándose a exponer los límites de la Ley del Deporte. Con esa misma ley Florentino Pérez y Joan Laporta consiguieron desarticular a los Utra Sur y a los Boixos Nois. Ese es el ejemplo a seguir. Expulsar a los delincuentes y a los violentos de los estadios continúa siendo una asignatura pendiente en el mundo del fútbol.

El dato de que, por primera vez, hay una mayoría de catalanes partidarios de la independencia es una mala noticia que viene a confirmar la impotencia del Gobierno español para neutralizar el problema. Desde luego, con grabaciones en las que se escucha al ministro del Interior instando a perseguir a los dirigentes separatistas es más difícil calmar las aguas. Como tampoco ayuda ver en televisión a un ministro precisamente de Exteriores debatir cara a cara sobre la independencia con Junqueras.

Bien es cierto que hay que poner en cuarentena los resultados del Barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat que indican que hay un 47,7% de separatistas frente a un 42,4% que no lo son. Porque aquí la Generalitat es juez y parte, y porque Puigdemont necesita mantener viva la movilización en un momento difícil: han asomado las grietas entre los partidos que impulsan el procés y se teme la desmovilización en la calle cuando la celebración de la Diada (11 de septiembre) ya aparece a la vista.

En cualquier caso, el desafío separatista va a estar en la agenda de los próximos gobiernos, de ahí que hayamos abogado por constituir un Ejecutivo fuerte con participación de los partidos constitucionalistas. El problema requiere ser tratado con el mayor consenso posible, con liderazgo firme y sin dar bandazos como los que hemos vuelto a ver en los últimos días.