La tribuna

Ante la grave desviación del déficit público

Jon G. Balenciaga

Ilustración

España incumplirá en 2015 el objetivo de déficit. No es ninguna novedad, desde que entramos en la crisis en 2008, los gobiernos de Zapatero y Rajoy han incumplido los objetivos de déficit todos los años. El resultado de todos estos déficits continuados es que la deuda pública ya es superior al billón de euros y asciende a más del 99% del PIB, de todo lo que producimos en un año. Terminamos 2007 con una deuda pública por debajo del 36%, así que el aumento en los últimos años ha sido simplemente brutal. Y todo parece indicar que con los presupuestos actuales, aprobados anticipadamente el verano pasado, tampoco cumpliremos el déficit en 2016.

En toda Europa ha habido desequilibrios a causa de la crisis, pero casi en ninguna parte se han gestionado tan mal como en España. En primer lugar, en cuanto a tasa de desempleo, en Europa sólo nos supera Grecia. En cuanto a déficit público, la situación es parecida: España fue en 2014 el tercer país con más déficit público de Europa, sólo superado entre los 28 países de la Unión Europea por Chipre y Portugal, dos países rescatados.

Estos dos datos tienen mucha más relación de la que parece. En España, después de las diversas reformas laborales del PSOE y del PP tenemos un mercado de trabajo desastroso que no funciona. Esto se traduce en una tasa de paro superior al 20%, es decir, que uno de cada cinco españoles que quiere trabajar, aceptando las condiciones actuales del mercado de trabajo en España, simplemente no puede. Por si esto fuera poco, tenemos, además, una precariedad sin parangón: en el último mes, más del 92% de los contratos fueron temporales. Esta estadística se lleva repitiendo mes tras mes, lo que nos deja una dualidad insoportable en el mercado de trabajo.

El elemento que peor va de toda la recaudación del Estado es la recaudación de cuotas de la Seguridad Social

Tenemos un elevadísimo porcentaje de jóvenes sin empleo, o con empleo basura, es decir sin futuro. Los primeros perjudicados son los propios jóvenes, que no pueden desarrollar su proyecto vital. Pero esto supone también que los empleados no progresan y aprenden en sus puestos de trabajo. Así estamos condenados a una economía de baja productividad y bajos salarios. Naturalmente, el saqueo de los fondos de formación para parados y empleados es un hándicap adicional importante. Si no se invierte en formación porque el dinero se queda por el camino el perjuicio es enorme: no sólo se despilfarra el dinero público, sino también se desmoraliza a la ciudadanía, que ve que las leyes no se cumplen. Además, perdemos un elemento esencial para luchar contra la desigualdad a medio plazo: tener trabajadores mejor formados y más productivos. Como colofón al coste de la corrupción, en este punto, recaudamos mucho menos de lo que deberíamos debido al desempleo y a los bajos salarios.

En consecuencia, el elemento que peor va de toda la recaudación del Estado es la recaudación de cuotas de la Seguridad Social. En los once primeros meses de 2015 la recaudación neta por cuotas de la Seguridad Social estaba creciendo al 2,15%, mientras la economía crecía por encima del 3,2%. A este ritmo, recaudaremos algo menos de 100.000 millones de euros en cotizaciones sociales. Los presupuestos de 2015 y 2016 preveían un crecimiento acumulado de las cotizaciones sociales superior al 6%. La mala previsión del crecimiento de los ingresos, especialmente de la Seguridad Social, es una de las razones fundamentales por las que incumpliremos el objetivo de déficit en 2015. Además, y como advertía en mi primer artículo en EL ESPAÑOL en agosto pasado, ésta es también una de las causas fundamentales por las que los Presupuestos de 2016 no cuadran.

No está nada claro cómo puede un Gobierno en funciones cumplir con lo que exige la Comisión Europea, ni está claro que eso sea lo más conveniente para España.

Unos meses después, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal primero, y la Comisión Europea, después, certificaron que el objetivo de déficit tampoco se cumpliría en 2016. La Comisión Europea ha enviado una Recomendación Autónoma a España, y somos el único país que ha recibido esta amonestación, instando a nuestro Gobierno a que tome “medidas efectivas y duraderas” para corregir el déficit excesivo. El plazo que nos da la Comisión para que comuniquemos estas medidas de corrección, es decir recortes o subidas de impuestos, es el del programa de Estabilidad, que debe enviarse a Bruselas a mediados de abril. Si el Gobierno en funciones no cumpliese con estas “Recomendaciones” de la Comisión, el procedimiento puede terminar en una multa de más de 2.000 millones de euros que pagaríamos todos los españoles.

No está nada claro cómo puede un Gobierno en funciones cumplir con lo que exige la Comisión Europea, ni está nada claro que eso sea lo más conveniente para España. Por una parte, un Gobierno en funciones no puede presentar un proyecto de modificación de los Presupuestos, ni cualquier otro proyecto de ley, o decreto-ley, salvo urgencia debidamente acreditada. Por otra parte, adoptar medidas efectivas, y sobre todo, “duraderas”, excede con mucho de las facultades de despacho ordinario que tiene un Gobierno en funciones. Además de estos problemas para cumplir, un recorte drástico del gasto, o una subida imprevista de impuestos, ahora que la Economía española y mundial se está desacelerando, podría hundir el crecimiento de la Economía Española.

Probablemente dadas las circunstancias lo más sensato sería renegociar los objetivos de déficit con las Autoridades Europeas. De nuevo, esto exigiría respaldo parlamentario. En este sentido, Podemos ha manifestado reiteradamente que quiere incrementar el gasto público en 96.000 millones de euros y dejar la reducción del déficit para el final de la legislatura. Sin embargo, tanto Ciudadanos como el PSOE se han comprometido con esta negociación, con cumplir el objetivo de déficit en 2017 y con la estabilidad presupuestaria. En esta cuestión, como en tantas otras, el bloqueo de los extremos está impidiendo no sólo un nuevo Gobierno, sino también avanzar en los temas en los que estamos de acuerdo. La inacción política y el veto están perjudicando la solución de los problemas de los españoles.

Este jueves el incumplimiento del déficit nos dará un toque de atención, el enésimo, de una gestión gubernamental que no funciona

De momento, este jueves se certificará una vez más que la situación presupuestaria de España es complicada. Algunos como Podemos e Izquierda Unida abogan por incumplir con la estabilidad presupuestaria. Esto elevaría nuestra prima de riesgo y dificultaría enormemente la financiación de las empresas, los ciudadanos y el propio Estado. De hecho, la amenaza de un gobierno participado por Podemos e Izquierda Unida sigue siendo uno de los principales factores de inestabilidad en España. Las otras alternativas de la vieja política para conseguir cierta estabilidad presupuestaria son subir impuestos (alternativa de izquierdas) o bien, recortar el gasto social (alternativa de derechas).

En Ciudadanos creemos en la estabilidad presupuestaria, pero para conseguirla abogamos no por recortes y subidas de impuestos, sino, entre otras cuestiones, para mejorar un mercado laboral desastroso, eliminar el gasto superfluo, por ejemplo suprimiendo las obsoletas diputaciones, y luchar más eficazmente contra el fraude fiscal. De hecho, nuestra segunda propuesta en el Congreso, después de la Proposición no de Ley por la Democracia, por la Igualdad y por la Unión entre todos los españoles, ha sido una moción para mejorar la lucha contra el fraude.

En esa Proposición incluimos medidas como recuperar los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal, reforzar los medios en la lucha contra el fraude o devolver el control de las SICAV a la Agencia Tributaria. Todos los grupos votaron a favor de nuestras medidas salvo el PP, que votó en contra. Estoy firmemente convencido de que la práctica totalidad de los españoles, incluyendo los votantes del PP, consideran que, ante el incumplimiento del déficit, antes que recortar el gasto social o subir los impuestos, debemos hacer cumplir la ley a los que nos defraudan a todos, no pagando sus impuestos.

En fin, este jueves el incumplimiento del déficit nos dará un toque de atención, el enésimo, de una gestión gubernamental que no funciona. Ante esto estamos en una encrucijada: nos enfrentamos a Europa, negociamos a cambio de reformas, o procedemos a un duro ajuste presupuestario. No hacer nada no es una opción, aunque algunos hayan hecho del NO su divisa personal y política.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos, inspector de Hacienda y presidente de la comisión de presupuestos del Congreso.