Luis de Guindos y Cristóbal Montoro han llevado su pulso de la pasada legislatura hasta el actual gobierno en funciones. Después de que el ministro de Economía se comprometiera a que el FLA se hiciera cargo de una parte de la deuda catalana para evitar que Standard & Poor’s degrade su calificación de solvencia, el ministro de Hacienda ha abortado el acuerdo con el argumento de que beneficia demasiado a la banca. Parece como si quisieran seguir jugando a ser “superministro” de Economía. El vicepresidente económico de la Generalitat debería haber acudido tanto a Economía como a Hacienda en busca de ayuda, y no solamente a su amigo Guindos. Algo tan cierto como que a Montoro le gusta pensar que es Mario Draghi y que con ofrecer el respaldo del Estado puede tranquilizar a las agencias de calificación y a los bancos. En esto se equivoca. Montoro no es Draghi, y la financiación urgente que necesita Cataluña no se va a solucionar con cuatro buenas palabras.

La Justicia brasileña ha anulado el nombramiento del expresidente brasileño Lula da Silva como ministro de la Casa Civil. Esta decisión llega apenas horas después de que el juez Sérgio Moro, impulsor de la operación anticorrupción Lava Jato, divulgase una conversación telefónica que evidencia que Dilma Rouseff ofreció este cargo ministerial a su mentor para evitar su procesamiento en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras. En esta grabación, la presidenta comunica a Lula que le enviará sus papeles ministeriales “en caso de necesidad”. Resulta vergonzoso que la mandataria, que ya se enfrenta a un proceso de destitución en el Congreso, y el elexpresidente más conocido de la historia reciente de Brasil, estén intentando utilizar su posición política para sustraerse a la justicia. El juez encargado de la investigación ha hecho bien al no permitir el engaño, lo que pone fin a la escapada política de Lula da Silva.

Según el acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de Erdogan, que está previsto que se apruebe este viernes en la cumbre de Bruselas, todos los refugiados que lleguen a partir de ahora a las islas griegas serán deportados lo antes posible a Turquía. Los líderes de la UE sostienen que estas no son expulsiones colectivas, prohibidas por la legislación europea, ya que Grecia se compromete a tratar cada caso de forma individualizada. Sin embargo esto no es más que una excusa: el acuerdo especifica que la práctica totalidad de las demandas de asilo serán declaradas “inadmisibles”. La Unión Europea no sólo está intentando maquillar lo que serán en la práctica deportaciones masivas, sino que además es posible que sea incapaz de poner este proceso en marcha. Los expertos dudan de que este enorme despliegue logístico pueda realizarse, sobre todo teniendo en cuenta el fracaso de los países miembros a la hora de llevar a cabo el reparto de los refugiados. El pacto entre Bruselas y Ankara no sólo es objetable desde el punto de vista humanitario, sino que además podría ser en vano.