El caso Nóos, cuya primera vista se celebra este lunes, ha generado una expectación acorde con la gravedad de la trama y sus protagonistas. Las acusaciones que pesan sobre la Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin salpican a la Zarzuela. El papel desempeñado por los sucesivos jefes de la Casa Real aviva la sospecha de que el rey Juan Carlos I estaba al tanto de todo. Ya en 2010, cuando el juez José Castro comenzó la instrucción, Alberto Aza advirtió a sus colaboradores de que estaban "ante una ola que nos va a llevar a todos por delante", lo que indica que preveía el impacto de Nóos sobre la Corona. En 2011, Fernando Almansa, que había abandonado sus responsabilidades en Zarzuela hacía ocho años, se desplazó a Dénver como emisario del Rey para pedir a Cristina de Borbón que hiciera "el gesto" de renunciar a sus derechos dinásticos o que se divorciase, a lo que ella se negó. Por último, es de sobra conocida la implicación de Rafael Spottorno como bombero del caso Nóos y como impulsor de la abdicación en favor de Felipe VI. Por si todas estas actuaciones fueran poco comprometedoras, algunas testificales -que EL ESPAÑOL ha publicado en exclusiva- demostrarían que el Conde de Fontao, exjefe de los servicios jurídicos de la Casa Real, dio indicaciones precisas a Urdangarin para que encubriera su actividad delictiva.

La reactivación del desafío secesionista en Cataluña, fruto del acuerdo entre Junts Pel Sí y la CUP, supone un duro golpe al proyecto de coalición de izquierdas que pretende lograr Pedro Sánchez para intentar ser investido presidente. En el nuevo escenario, la cuestión territorial vuelve a ser crucial y el candidato socialista tiene dos caminos igualmente inviables. O posiciona al PSOE junto a quienes defienden el derecho a decidir en un momento en el que cualquier veleidad en este sentido favorece al independentismo, a lo que se niegan tajantemente los barones socialistas, o convence a Pablo Iglesias de que desista de respaldar las consultas, como exigen los aliados de Podemos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, lo cual es una quimera. La investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat deja a Pedro Sánchez prácticamente fuera de juego al dinamitar las remotas posibilidades que tenía el secretario general socialista de alcanzar un gran acuerdo con las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE.

El número de víctimas de la ola de ataques sexuales registrada la pasada Nochevieja en Colonia y otras ciudades de Alemania -también en Zurich y Helsinki- no para de aumentar. Angela Merkel parece incapaz de mitigar la indignación ciudadana, que crece a medida que se conocen nuevos detalles. Sólo en Colonia el número de denuncias asciende ya a 379 y los investigadores no dudan de que los ataques fueron "preparados", "coordinados" y que hay "vínculos" entre los asaltos en distintas ciudades. Estas circunstancias, y el hecho de que los autores fueran un millar de hombres de aspecto árabe entre los que había refugiados, ha situado la política de puertas abiertas en el centro del debate. Los partidos de extrema derecha aprovechan las manifestaciones ciudadanas -la última el sábado en Colonia- para sacar rédito. Merkel, desbordada por los acontecimientos, propone ahora que los inmigrantes condenados pierdan el derecho de asilo y agilizar las deportaciones de delincuentes extranjeros. Ambas medidas son lógicas, dada la gravedad de unos sucesos sin precedentes en Europa. Sin embargo, focalizar la respuesta exclusivamente en los refugiados es jugar con fuego.