Del mismo modo, el fiscal general del Estado también se querellará contra miembros de la Mesa del Parlament y contra la Generalitat y sus miembros por aprobar una ley de autodeterminación que, entre otras cosas, no establece un mínimo de participación para que la consulta del 1 de octubre sea vinculante, y se limita a señalar que si los votos "afirmativos" superan a los "negativos", se declarará la independencia de Cataluña. La norma, aprobada en medio de una fuerte polémica y considerada inconstitucional por el Gobierno central , alude al derecho de autodeterminación recogido en jurisprudencia internacional y dice que su aprobación deriva del mandato surgido de las elecciones autonómicas de 2015. En esos comicios, planteados como plebiscitarios por el Gobierno catalán, las fuerzas independentistas lograron la mayoría absoluta del Parlamento autónomo, aunque no lograron superar el 50 por ciento de los votos, quedándose con el 47,8 por ciento de las papeletas. Con un censo electoral estimado en 5,5 millones de personas, en la consulta no vinculante también declarada ilegal celebrada en 2014 participaron más de dos millones de catalanes, lo que supone algo más del 30 por ciento de los electores. Según la ley del referéndum, si el 1 de octubre el "sí" gana al "no", el Parlamento celebrará una sesión ordinaria en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados "para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente". Por el contrario, en el caso de que hubiera más votos negativos que afirmativos a la pregunta que planteará el referéndum -"¿Desea que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?"-, el resultado implicaría la convocatoria inmediata de unas elecciones autonómicas. CENSO DE MARZO

Además de la ley del referéndum y de la convocatoria de la consulta firmada por todo el Gobierno catalán, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó el jueves otro decreto que incluye normas complementarias que desarrollan la ley, con apartados sobre el censo, las papeletas o el escrutinio. Ese texto recoge que la elaboración del censo electoral es competencia de la administración electoral del Gobierno catalán y que se utilizará el que se cerró el pasado 30 de marzo, sin especificar más detalles. El origen de los datos de los electores había sido otro elemento de polémica, ya que el Gobierno central considera que el censo es de su competencia exclusiva. Respecto a las urnas, sobre la que existe un gran secretismo, el decreto se limita a afirmar que serán de un "material resistente" y que contarán con una tapa que incluirá una ranura en el centro por donde se introducirán los votos. El decreto fija que la campaña comenzará el 15 de septiembre y que la votación se celebrará desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas del mismo día.