Esta maniobra, que se denomina en Italia "golden power", permite al Gobierno ejercer ciertos poderes sobre una empresa privada si la considera de importancia estratégica para el país.

El ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, ha advertido a los medios de que esta medida no es una intromisión del Gobierno en la empresa privada ni tampoco una nacionalización, sino que busca ejercer "unos poderes especiales" que permiten un control preventivo para garantizar la protección de una empresa de interés nacional.

La medida prevé la presencia en el consejo de administración de TIM de una figura que goce del visto bueno del Gobierno y proteja "los intereses esenciales de defensa y seguridad nacional".

Además, tanto el grupo como sus filiales Sparkle y Telsy deben proporcionar al Gobierno "información previa sobre cualquier decisión que pueda reducir o cancelar las capacidades tecnológicas, operativas e industriales en actividades estratégicas".

Finalmente, el decreto establece "una serie de medidas de control para asegurar el cumplimiento de las prescripciones y condiciones impuestas".

Ahora TIM tiene tres meses de plazo para adecuarse a estas condiciones.

El Gobierno italiano considera a TIM una empresa fundamental para el país.

En los últimos meses ha vivido una serie de tensiones después de que el grupo Vivendi se hiciera con casi el 24 % del capital y tomara el consejo de administración del grupo transalpino.

En septiembre, cuatro exdirigentes de Telecom Italia pidieron al Gobierno que entrara en el capital de la sociedad para proteger su devenir.

Las acciones del título cayeron hoy en la Bolsa de Milán un 1,10 %.