La concesionaria, sus acreedores y accionistas presentaron una propuesta de convenio conjunta que contemplaba una quita de deuda y la extensión de los plazos de concesión, que no pudo ser votada por la ausencia del representante del Estado.

Los responsables de la propuesta defendían que ésta no tenía impacto sobre el déficit público y el Gobierno no sólo recuperaría todo el dinero invertido en la carretera, sino también los intereses devengados.

Además, se salvarían los empleos ligados a la concesión y se garantiza la operación de la autopista, que entró en concurso de acreedores en septiembre de 2013 y cuya deuda nominal asciende a 850 millones de euros.

Las tres partes, que reconocen ser pesimistas por anteriores rechazos de sus propuestas por parte de la Administración, advierten de que de no ser aprobada su propuesta de convenio, la autopista será liquidada y el Estado perderá el dinero invertido en la concesión.

Accionistas y acreedores consideran que la liquidación acabará en un nuevo litigio contra la Administración General del Estado, pues entienden que su decisión de no inyectar fondos a la concesionaria, como se había comprometido, fue la que causó la quiebra, al tiempo que ha conllevado su enriquecimiento ilícito público.

"Estos litigios podrían acabar acarreando cuantiosos daños para la Administración", han subrayado las mismas fuentes, que han criticado la falta de voluntad negociadora del Gobierno.

La construcción de la R-2, que discurre a lo largo de 62 kilómetros entre Guadalajara y la M-40, fue adjudicada a Autopista del Henares, Henarsa, en su día participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvia.

Posteriormente, fondos internacionales, como King Street, Taconic y SVP Global, compraron su deuda.

El objetivo del Gobierno es recepcionar las autopistas en concurso según vayan siendo liquidadas, y volver a relicitarlas, seguramente en un único paquete, en 2018.

Con los ingresos que obtenga con la relicitación, el Ejecutivo prevé minorar el impacto de la denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) -inversión pendiente de amortizar- a la que deberá hacer frente, que algunas fuentes sitúan en unos 3.500 millones de euros y que Fomento asegura que será sensiblemente inferior.

En el caso de la R-2, la RPA es de escasa cuantía, lo que no impide que las partes afectadas puedan pedir indemnizaciones por otras cuestiones, como, por ejemplo, el sobrecoste de las expropiaciones o los rectificados de obra que se fueron haciendo sobre la marcha por las variaciones en el trazado de la vía. EFECOM

atm/may