Pedro Sánchez llega a esta cita con algunas cifras -en especial, de empleo- a las que agarrarse, pero con muchos datos preocupantes que explicar sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el empobrecimiento de los españoles por la inflación más alta desde 1985.

Con los ciudadanos notando ya en su bolsillo la pérdida de poder adquisitivo, se espera que el líder del Ejecutivo anuncie alguna medida anticrisis, tras haber presentado ya dos planes de choque. El primero de ellos, alcanzó los 6.000 millones de euros y limitó la inflación en 3,5 puntos. El segundo, fue anunciado el pasado 25 de junio y supone movilizar 7.000 millones más, según AIReF.

De momento, sus medidas no han logrado evitar que la inflación general supere el 10,2% en España, un dato que se tendrá que confirmar por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, cuando el Debate viva su segunda jornada.

Y Sánchez tendrá la misma mala suerte que cuando estrenó el tope del gas, ya que esta semana la ola de calor hará que suban los precios de la luz por el aumento de la demanda y la falta de viento, lo que servirá de munición para la oposición.

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Cuando la coalición llegó al poder, en enero de 2020, el IPC general era del 0,8% y el crecimiento anual del PIB ese año alcanzó el 2,1%. Ahora, se teme una estanflación.

El PIB en el primer trimestre avanzó el 0,2% y la subida de precios ya afecta a productos que van más allá de la energía, puesto que la inflación subyacente es del 5,5%.

Empleo y afiliación

En materia laboral, el presidente del Ejecutivo se aferrará a los datos del paro registrado que publica el Ministerio de Trabajo y a los efectos de los primeros meses en vigor de su reforma laboral. Junio cerró con 283.000 parados menos que diciembre de 2019 -mes anterior al estreno de la coalición-.

Sin embargo, si a esa cifra se le restaran los "no ocupados / Teas [trabajadores eventuales agrarios subsidiados]" que figuran en los datos oficiales, la caída de paro se reduciría a 63.305 desempleados.

Así, habrá una guerra de cifras que Sánchez contextualizará en la crisis derivada de la pandemia y el conflicto de Ucrania, ya que España sigue teniendo 2,8 millones de desempleados -dato que él mismo calificaba de malo cuando estaba en la oposición-. En todo caso, las cifras han caído a los niveles más bajos desde la crisis de 2008, lo que ayuda al discurso del Gobierno.

No obstante, el PP también tiene argumentos contra la complacencia y pondrá sobre la mesa que nuestro país lidera la tasa de paro de la zona euro. Además, si utiliza los datos de la última EPA (Encuesta de la Población Activa) correspondiente al primer trimestre de 2022, podrá recordar que la tasa de paro en España era en marzo del 13,65%, apenas unas décimas inferior a la de diciembre de 2019 (13,78%).

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En contratación, Sánchez lucirá el récord de afiliación a la Seguridad Social que por tercer mes consecutivo superó la barrera de los 20 millones de cotizantes, marcando un nuevo récord en junio (20,3 millones).

Son datos que el presidente calificó de "formidables", pero que la oposición cuestionará por el 8% de aumento de afiliación a la Administración Pública, según datos de la Seguridad Social, y los cambios estadísticos introducidos por la reforma laboral.

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También habrá desacuerdo en materia de contratación indefinida. La reforma laboral que aprobó el Congreso en febrero ha permitido que en junio el porcentaje de afiliados con contrato indefinido fuera del 79%, lo que supone nueve puntos más que cuando la coalición llegó al Gobierno.

Algo que chocará con el discurso de la oposición sobre los fijos discontinuos, que se han multiplicado por diez y pasarán temporadas sin empleo y sin figurar como parados.

Recuperación lenta

Pese a que no hay acuerdo sobre la oportunidad o no de celebrar las cifras de empleo en España, sí hay cierto consenso en que en esta legislatura el empleo ha mostrado más resiliencia que en crisis anteriores -algo que el PP achacará a su reforma laboral de 2012 y el PSOE a los ERTE- y se ha recuperado con más fuerza y rapidez que el PIB.

La recuperación desde 2020 ha sido menos vigorosa de lo prometido por el Gobierno y mientras en la zona euro ya se ha recuperado el PIB previo a la pandemia, en España habrá que esperar al menos hasta el final de 2023 para dar esa noticia. De hecho, las revisiones a la baja al crecimiento que preparan ya varios organismos no ayudan a lograr esa meta.

Los problemas en la ejecución de los fondos europeos Next Generation serán un argumento para reprochar al Gobierno parte de esa falta de fuelle económico, a lo que Sánchez responderá con la crisis que ha generado la guerra de Ucrania.

A favor del presidente está el hecho de que ningún organismo ni servicio de estudios vaticine, en este momento, una recesión económica para España.

Deuda y déficit

Cuando Pedro Sánchez pactó su Gobierno con Pablo Iglesias, la deuda pública en España representaba el 98,3% del PIB. Los últimos datos de abril disparan ese dato a una cifra récord del 117,7%. En números, son 222.000 millones de euros más, según los datos del Banco de España, que habrá que financiar pagando 750 millones de euros más en intereses al año por cada punto que suba la inflación, según AIReF. 

Es un dato complicado de manejar para la ciudadanía, pero se ilustra bien con los datos de deuda per cápita, que ha subido en unos 4.200 euros desde que la coalición llegó al poder.

La deuda ha aumentado y también el déficit público, pese a que la recaudación está registrando cifras históricas gracias, entre otros, al impacto de la inflación en los ingresos de Hacienda.

El déficit cerró en el 6,87% en 2021, frente al 3,06% en el que estaba cuando la coalición comenzó a gobernar. En ninguno de los casos, se cumplía con el objetivo del 3% marcado por la Comisión Europea.

IMV y SMI

Los derechos sociales son la gran bandera de este Gobierno. Así, en materia económica, Sánchez podrá hacer gala de haber puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aunque según sus últimos datos, ha llegado a cerca de medio millón de hogares, cifra inferior a lo prometido en un principio.

Del mismo modo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) será puesta como ejemplo de las políticas sociales de este Gobierno. En 2019, era de 1.050 euros, mientras que ahora alcanza los 1.166,7 euros (12 pagas) con la promesa de una nueva subida en 2023.

Una de las incógnitas es si el presidente hará algún anuncio en materia de pensiones o del sueldo de los funcionarios. Su promesa es revalorizar con la inflación el sueldo de los pensionistas este otoño, lo que supondría poner sobre la mesa 14.000 millones de euros más, a lo que habría que sumar la subida salarial, aún sin negociar, de los funcionarios públicos.

Todo ello en un momento en el que Bruselas mantiene suspendidas las reglas fiscales, pero pide ya empezar a contener el gasto en 2023.