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El cerco fiscal sobre Google se estrecha en España

Inspectores de Hacienda entran en su sede en una operación para investigar sus cuentas.

Los inspectores de Hacienda

Los inspectores de Hacienda

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La historia se repetía un mes más tarde. En mayo, la sede de Google era tomada por funcionarios del fisco y de la Brigada de Represión de Gran Delincuencia Financiera de Francia. Este jueves la sede de Torre Picasso en Madrid era ‘tomada’ por inspectores de Hacienda.

Con una orden judicial bajo el brazo acudían con un solo objetivo: indagar sobre la actividad y las cuentas del gigante tecnológico en España. El cerco fiscal sigue estrechándose sobre una compañía que en 2014 declaró unas ventas de tan sólo 55 millones de euros.

¿Por qué entrar en la sede de Madrid?

El registro en las sedes de Madrid, que se ha alargado durante todo el jueves hasta las seis de la tarde, es un primer paso. A comienzos de esta semana, la Agencia Tributaria pedía al juez de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid permiso para entrar en las sedes madrileñas de Google. El objetivo: necesitan indagar en la política fiscal de la filial española.

Esa es la gran diferencia con la operación en París. En el caso de la filial francesa, el de mayo era el segundo registro después de que en 2011 tuviera lugar un primero que fue el desencadenante de la investigación. Ésta concluyó que Google debía devolver 1.600 millones de euros en concepto de impuestos no abonados al fisco.

Fuentes cercanas a la Agencia Tributaria han confirmado a EL ESPAÑOL que este es un registro para valorar si las cifras presentadas por la compañía están correctamente declaradas y si la estructura fiscal que plantean y la actividad de la filial española se corresponden con la realidad. Advierten de que en este caso sí han contado con permiso judicial, pero no se trata de un caso judicializado. El auto del juez era sólo el ‘permiso’ necesario para poder entrar en la sede.

Inspectores de Hacienda saliendo de las oficinas del Campus Madrid.

Inspectores de Hacienda saliendo de las oficinas del Campus Madrid.

Pero, ¿por qué acudir a un juzgado contencioso-administrativo y no a uno penal si hay sospechas de evasión fiscal? Es la manera de asegurarse la entrada en las oficinas para investigar ‘in situ’ toda la actividad de la filial española, sin que haya aún pruebas fehacientes de ese delito fiscal, según confirman fuentes jurídicas.

Surge la duda sobre si el caso de Google es excepcional o se han completado actuaciones similares. Las mismas fuentes cercanas a la AEAT han apuntado que se han llevado a cabo “muchas auditorías informáticas” a grandes compañías tecnológicas más allá de esta actuación contra el gigante del buscador.

Cuatro ejercicios fiscales en revisión

Google no es, ni mucho menos, una compañía desconocida para Hacienda. Durante los últimos años se han completado inspecciones continuas de sus ejercicios fiscales. En 2012 arrancó una investigación que acabó a mediados de 2013 con un acuerdo por el que la empresa sólo pagó 1,9 millones de euros más en impuestos. Con ese ‘pacto’, la Agencia Tributaria daba por bueno que facturara desde Irlanda sus ingresos en España.

No es el único. Según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil por parte de la empresa, tiene abiertos a inspección los ejercicios desde 2010 y 2014 referidos a impuestos como el IVA, el IRPF, Sociedades, Aduanas y Seguridad Social.

Las cifras españolas de Google

El gigante del buscador declaró ese año 2014 unos ingresos de 54 millones de euros. Representó menos de un 5% de incremento respecto al año anterior. Pagó un impuesto de sociedades de algo más de 2 millones de euros.

Evolución del negocio de la filial española de Google.

Evolución del negocio de la filial española de Google.

Sólo hay que consultar el estudio encargado a la consultora y auditora Deloitte para conocer las diferencias de la actividad real de la empresa en España y la que declara sobre el papel. Ese documento ponía negro sobre blanco: cuenta con más de 200 trabajadores y un volumen de negocio de más de 600 millones de euros.

El café doble irlandés

La estructura y operativa de la filial de España es similar a la del resto que conforma el grupo de Google en Europa. Se basa en una práctica fiscal que es conocida como el ‘café doble irlandés’. Ya en 2010, la agencia Bloomberg publicó las cifras por primera vez: Google había reducido sus impuestos en 3.100 millones de dólares en los últimos tres años gracias a estas técnicas.

El ‘café doble irlandés’ requiere crear tres compañías: una en España, otra en Irlanda y otra en un paraíso fiscal (como las Islas Bermudas). La multinacional vende su negocio a la del paraíso fiscal, ésta se lo revende a la de Irlanda y ésta a su vez vuelve a hacer caja con la de España. La conclusión: todo el beneficio generado en España acaba lejos.

“El 90% de los beneficios de Google acababan transfiriéndose a Irlanda… Y sobre ese 10% del beneficio ha estado tributando por debajo del 5%, ha explicado el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, quien aplaude esta operación contra Google y recuerda: “El 90% de las operaciones realizadas en España son trasladadas artificialmente a Irlanda”. “Era una cuestión que se tenía que suscitar; nos alegramos que España haya seguido la misma tendencia de otros países”, apostilla.

Vendrán más

“Está claro que esta actuación va a marcar una tendencia y vendrán más”, ha apuntado Mollinedo. Pese a que no se trata de la primera batalla de Hacienda contra las grandes tecnológicas, el registro en las oficinas de Google marca un antes y un después.

Google no es excepción. Amazon cerró su ejercicio fiscal con unos ingresos de 55 millones de euros y unos beneficios de algo más de 4 millones. La gran mayoría de la actividad económica de su plataforma se deriva a la sociedad matriz europea con sede en Luxemburgo. Facebook es otra de las compañías que llevan a cabo el esquema fiscal del ‘doble irlandés’. En España declaró una facturación en 2014 de apenas 3,9 millones de euros.

Para continuar con el estrechamiento del cerco sobre las grandes tecnológicas está la Oficina Nacional de Fraude Internacional (ONIF) en 2013. El año pasado destapó casi 2.600 millones de euros de grandes empresas en casi 120 inspecciones.