CAMBIOS EN EL CSD

El Gobierno trata de enfriar el conflicto con Villar al prescindir de Cardenal

La salida de Miguel Cardenal cierra una etapa marcada por el rigor presupuestario y el control a las federaciones que culminó en un conflicto irresoluble con la RFEF y un sector del olimpismo.

Cardenal (izq.) y Méndez de Vigo (drch.) en un acto en el CSD junto a Garbiñe Muguruza.

Cardenal (izq.) y Méndez de Vigo (drch.) en un acto en el CSD junto a Garbiñe Muguruza. Foto: CSD

Miguel Cardenal dejará la secretaría de Estado para el Deporte sin haber podido cerrar el gran conflicto del deporte español: el enfrentamiento entre los dirigentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) , por un lado, y de la Real Federación de Fútbol (RFEF) y el Comité Olímpico Español, por otro. Su representación simbólica, el desacuerdo frontal por el reglamento de las elecciones a la RFEF, sigue pendiente de una decisión judicial que dé y quite razón a las partes tras un año de combate sin tregua.

La salida de Cardenal, fruto de un desgaste personal y político continuado (con querellas criminales de por medio, aunque hayan sido desestimadas por los jueces, y desplantes insólitos de otras autoridades en los Juegos Olímpicos), abre ineludiblemente una nueva etapa en una guerra que el Gobierno, según fuentes bien informadas, pretende enfriar. El inicio de una legislatura sin mayoría absoluta, en la que el ministro del ramo, Iñigo Méndez de Vigo (convertido en ‘superministro’ portavoz) deberá lidiar con la reforma educativa, ha decantado la actitud del Ejecutivo.

Voluntad pacificadora

Méndez de Vigo, elogiado por su carácter pacificador y premiado por Rajoy tras la habilidad mostrada en la moderación de la pelea educativa, “no se encuentra cómodo con los conflictos”, comentan fuentes próximas al ministerio. Cardenal sopesaba su retirada desde hace semanas, cuando una querella presentada por José Luis Escañuela (expresidente de la Federación de Tenis) fue admitida sorprendentemente a trámite por un juzgado, para ser desestimada posteriormente por todo tipo de incongruencias este mismo lunes.

“He sufrido un desgaste personal importante”, reconoció este martes el todavía secretario de Estado para el Deporte al anunciar su marcha. Cardenal, a pesar de ello, hubiese continuado en el cargo para ‘rematar’ su labor si hubiese encontrado un claro apoyo del Ejecutivo, pero como dijo en su comparecencia, “la decisión ha sido tomada entre los dos”: una admisión tácita de la falta de aliento político a su voluntad de disciplinar a Villar y “hacer cumplir la ley”, como ha repetido innumerables veces en los últimos meses. “Villar no es la causa de que me vaya”, afirmó Cardenal: “La persona que venga hará exactamente lo mismo que yo”, dijo en referencia al conflicto no solucionado.

RFEF: retraso ‘sine die’

Las elecciones en el fútbol español deberían haberse celebrado en el primer cuatrimestre de 2016, como marca la norma (una Orden Ministerial) sobre elecciones a las federaciones deportivas. El CSD instó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a abrir un expediente a Villar por retraso deliberado de las elecciones, pero el órgano (como había sucedido antes en los casos ‘Recre’ y ‘Marino’) se inhibió en medio de una ristra de amenazas y sustituciones por posibles conflictos de intereses.

Villar, por su parte, alega que ha sido el CSD el responsable de demorar las elecciones por no validar los reglamentos presentados, en los que la elección de circunscripciones nacionales en lugar de autonómicas es la principal causa de bloqueo: un detalle que esconde temores a un resultado mucho más igualado de lo esperado entre Villar y su principal rival, su exaliado (y exsecretario general de la RFEF hasta el mes pasado) Jorge Pérez.

Villar, además, debe defenderse próximamente en sede judicial por presunta prevaricación, malversación de fondos, administración desleal y alteración de las competiciones deportivas tras la querella presentada por el otro candidato, Miguel Galán (ya admitida a trámite).

Primer balance

Miguel Cardenal, catedrático de Derecho del Trabajo y director de la Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos, accedió al cargo sin experiencia política previa en 2012 y deja como principal éxito el saneamiento de las cuentas federativas y, como él mismo destacó este martes, el sistema de control económico para acabar con la deuda enorme del fútbol profesional, que desaparecerá en 2020.

Otros logros han sido el impulso al deporte femenino, con subvenciones adicionales para las federaciones activas en este terreno, y la aprobación del Real Decreto Ley para la venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol, con el que se cubre las cuotas de la Seguridad Social para deportistas de alto nivel. Su mandato ha estado marcado por los recortes económicos que presidieron la pasada legislatura: Cardenal, a pesar de la resistencia de muchos dirigentes federativos a su control financiero, quiso enfatizar que los planes de viabilidad “no afectaron ni a los resultados del fútbol profesional ni a los Juegos Olímpicos”.

El asunto pendiente del dopaje

Pendiente queda la renovación de la ley antidopaje para actualizarla al Código Mundial (que estuvo frenada por la interinidad del Gobierno) y que el laboratorio de Madrid recupere su acreditación para realizar análisis: un retraso que pudo costar caro al deporte español, pero que fue dispensado por la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional tras constatar “avances claros” en un campo que sólo hace cinco años, cuando llegó Cardenal al CSD, arrojaba sospechas sobre todo el deporte español en medio de la larga polémica por la ‘Operación Puerto’.

La terna de candidatos a sustituirle incluye fundamentalmente a tecnócratas con experiencia en Gobiernos autonómicos y una exdirector general del CSD; la elección final, que se prevé será anunciada el 18 de noviembre, dependerá probablemente más de cuotas de poder que de la personalidad del futuro secretario de Estado para el Deporte, que heredará un sector más saneado pero escindido por un conflicto que requerirá de intervenciones judiciales o actos gubernativos excepcionales para su resolución definitiva.