El rugido del león

Valencia 24, Barcelona 0

¿Puede un imputado por corrupción seguir haciendo vida normal cuando, a la par que se le investiga, viene "realizando un progresivo proceso de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir"?

¿Es razonable que no se tomen medidas cautelares contra quien "faltando claramente a la verdad en sus declaraciones en sede judicial" ha realizado "una clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcance de la Justicia", transfiriendo dinero a otros países para evitar embargos judiciales?

Testaferros profesionales

¿Cabe no actuar contra quien se dedica a "obstruir" la labor de la Justicia mediante "una continua actividad de ocultación de recursos y de bienes" y "toda clase de operaciones"?

¿Pueden los tribunales cruzarse de brazos mientras tienen constancia de que un imputado ha estado realizando "donaciones" ficticias a sus allegados y ha empleado "testaferros profesionales en varias jurisdicciones que actúan afanosamente para ayudar a ocultar los bienes"?

Aunque parezca increíble todo eso es posible hoy en España. El imputado no es otro que Jordi Pujol Ferrusola, y los entrecomillados que confirman todas sus maniobras fraudulentas están extraídos del último auto del juez instructor, fechado el 21 de enero. En su escrito, José de la Mata desestima la petición del hijo del expresidente de la Generalitat para que le permitan disponer de sus vehículos de lujo que están precintados.

Oídos sordos a la Fiscalía

El auto, más que redactado para denegar las pretensiones de Pujol Ferrusola, parecería estar hecho para justificar su detención. Desde luego, por mucho menos de lo que se le atribuye en este escrito, y por mucho menos también de lo que las pesquisas de la Policía Judicial han destapado ya de la familia -calificada directamente en la investigación como de "organización criminal"- se han adoptado en otros casos medidas cautelares.

El último ejemplo lo tenemos en la redada contra la corrupción del PP en las instituciones valencianas. Junto al expresidente de la Diputación Alfonso Rus han ido a los calabozos 23 personas. Ninguna de ellas, que se sepa hasta ahora, ha construido durante décadas una fortuna multimillonaria en el extranjero, ni ha convertido toda una saga en una maquinaria perfectamente engrasada para el latrocinio.

Con los gravísimos indicios reunidos en la Audiencia Nacional en torno a los Pujol, no se entiende que sigan sin ordenarse medidas contra ellos, tal y como han solicitado en varias ocasiones la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial. Va a ser cierto que la Justicia no es igual si los hechos ocurren en Barcelona o en Valencia. La goleada es histórica: 24 a 0. El desprestigio del árbitro, también.