Operación Taula

El juez deja en libertad a Alfonso Rus y a su entorno de confianza

El instructor del caso no aprecia riesgo de fuga ni destrucción de pruebas, pero deberán personarse cada 15 días.

El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, a su salida esta noche de la ciudad de la justicia de Valencia. EFE

El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, a su salida esta noche de la ciudad de la justicia de Valencia. EFE

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El juez ha acordado libertad provisional para el expresidente de la diputación, Alfonso Rus, y tres de las personas de su confianza que fueron detenidas este martes en la macro operación contra la corrupción del PP en Valencia. Todos quedan en libertad porque el juez no ha apreciado riesgo de fuga ni destrucción de pruebas, pero deberán personarse cada 15 días en los juzgados.

El magistrado ha impuesto una fianza de dos millones de euros para el expresidente Alfonso Rus y para el ex vicepresidente Máixmo Caturla, mientras que para los exalcaldes de Moncada y Genovés, Juan José Medina y Emilio Llopis, es de un millón de euros. Se trata en todo caso de fianzas para garantías de una posible condena, no como medida para eludir la cárcel.

Alfonso Rus, que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez, ha negado su implicación en la presunta red de corrupción que se investiga en el caso Imelsa y ha achacado su situación a "una trama radiada desde hace más de un año". "Todo es un montaje" y "una puesta en escena de maravilla", ha aseverado Rus, que ha insistido en la existencia de una "trama desde hace más de un año" para "apartarle" del partido.

El exdirigente 'popular' ha atendido -durante ocho minutos- a los numerosos periodistas que le esperaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha comparecido ante el juez. Rus ha negado su implicación en los hechos que se investigan y ha emplazado a dar todas las explicaciones más adelante. "Estoy relajado, pero muy cansado", ha asegurado.

Ha agregado, cuando se le ha nombrado al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, -imputado en la causa que ha colaborado con la Fiscalía y el juzgado en este caso- que se ha de sentir "responsable de poner una persona que no se lo merecería en su cargo". En este punto, se ha preguntado: "Cómo puede ser que si lo han cogido a él sea la trama de Rus?; ¿Por qué en el tema de Acuamed si Soraya era la vicepresidenta no era su trama? . Los de arriba son responsables de poner a una persona que no correspondía".

¿Traicionado por el PP?

Sobre si considera que ha sido "traicionado" por el PP, ha manifestado que  "están en lo que tienen que estar" aunque ha apostillado, acerca de las 'líneas rojas' fijadas que estas "son convenientes cuando existe la certeza de que las cosas han sido así". "Un partido no puede tener 2.000 millones De euros de facturas en los cajones sin que salieran al final de año".

Acerca de la posibilidad de que haya habido financiación irregular en el PP valenciano, ha hecho notar que él nunca se ha ocupado de la financiación. "Si es por mí, no tengo nada que ver", ha comentado Rus, que ha añadido: "De los billetes de 500 no tengo ni idea".

Respecto a la fianza que ha acordado para él el juez para hacer frente a responsabilidades ante una eventual condena, ha dicho que desconocía la cifra aunque la ha "firmado porque estaba muy cansado". Cuando los periodistas le han informado de que era de dos millones de euros, ha bromeado: " ¿Dos millones de pesetas?"  y ha asegurado que "si los tuviera, los pagaría".

Rus, cabecilla de la trama

Rus está considerado como el cabecilla de una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en una investigación que empezó en torno a la empresa pública Imelsa y que se ha extendido a otros ámbitos de la administración pública valenciana.  La investigación también se dirige a determinar si hubo financiación ilegal del PP y blanqueo de capitales. A partir de este viernes la Guardia Civil empezará a interrogar a medio centenar de militantes, concejales y asesores del PP para determinar si pudo haber blanqueo del dindero de las presuntas mordidas a través de donaciones para la última campaña electoral local.

Los 24 detenidos el martes están imputados (ahora denominados investigados) en la causa abierta por varios delitos contra la administración pública como prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

También este jueves han pasado ante el juez seis empresarios detenidos y un técnico de la diputación. Han quedado en libertad y sobre cinco de ellos se han impuesto fianzas civiles que van desde los 200.000 euros hasta el millón fijado para uno de los empresarios. 

LA DECLARACIÓN MÁS ESPERADA

La de Rus ha sido la declaración más esperada después de que durante la jornada del miércoles desfilaran ante el juzgado de Instrucción 18 de Valencia 14 de los 24 detenidos en la macrorredada contra la corrupción del PP en Valencia. Todos ellos han quedado en libertad con cargos por la operación contra el amaño de contratos en las administraciones públicas. Cinco tambiéndeberán hacer frente a fianzas como medida cautelar para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles en caso de resultar condenados en la causa. Las fianzas fijadas el miércoles ascienden a casi un millón de euros en total y van desde los 15.000 euros al medio millón impuesto al exsuegro de Marcos Benavent, el quien fue gerente de la empresa pública Imelsa,  que da nombre al caso, y que durante años grabó las conversaciones que están ahora en manos del juez y donde se hablaría de las comisiones.

La primera de todas las detenidas en ser interrogada fue María José Alcón, la ex edil del Ayuntamiento de Valencia y una de las personas de confianza de la exalcaldesa y actual senadora, Rita Barberá. El magistrado decretó su libertad bajo fianza de 150.000 euros y acordó además el embargo de bienes como medida cautelar.  Alcón permanece imputada por presunta prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Ha sido otra de las personas a las que se considera como mano derecha de Barberá, la secretaria del PP en el Ayuntamiento, Carmen García Fuster, la única detenida a la que el fiscal pidió el miércoles pena de prisión tras el interrogatorio. El juez no atendió la petición y la dejó en libertad bajo fianza. Sobre ella es sobre quien los investigadores apuntan como una persona clave en la trama por haber podido estar blanqueando las mordidas conseguidas por la trama de cobro de comisiones. El grupo municipal la ha cesado como secretaria y asesora tras su detención.

En total, el juzgado ha tomó declaración a 14 de los detenidos hasta la noche del miércoles y todos ellos mantienen la condición de investigados (imputados) en una causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.