Una de las primeras medidas del presidente argentino, Javier Milei, tras su elección, fue viajar al extranjero para exponer ante los mandatarios del FMI, de Estados Unidos, y ante los empresarios de los países más desarrollados, cuáles eran las claves de su mandato en términos económicos. El objetivo era recuperar la confianza internacional y que volviera la inversión extranjera a su país.

La inversión extranjera directa (IED) es una categoría de inversión transfronteriza en la que un inversor de un país invierte con carácter permanente y significativo en otro país. La IED es un elemento clave de la integración económica internacional porque crea vínculos estables y duraderos entre las economías. Además, es un canal importante para la transferencia de tecnología entre países, promueve el comercio internacional mediante el acceso a mercados extranjeros y puede ser un vehículo importante para el desarrollo económico.

España sabe muy bien lo relevante que es la IED para lograr un crecimiento económico moderno y sostenible porque fue uno de los factores clave, una vez muerto Franco, para lograr aproximarnos a los niveles de crecimiento de los países vecinos, más desarrollados que la España de la Transición, y ser aceptados como miembros de la CEE, hoy Unión Europea. La base de la IED es la confianza que los empresarios de diferentes países tienen en la estabilidad y buen hacer económico del país que recibe esa inversión. 

El presidente de Argentina, Javier MIlei, este martes en un congreso en Buenos Aires.

El presidente de Argentina, Javier MIlei, este martes en un congreso en Buenos Aires.

A pesar de ser los segundos en la lista de países cuyos empresarios invierten en Argentina, por detrás de Estados Unidos, y por delante de Países Bajos, la confianza española sufrió un revés importante a raíz del conflicto que acabó con la expropiación del yacimiento de Repsol YPF, bajo el mandato kirchnerista.

En el año 2012, Repsol demandó al gobierno argentino, que controlaba YPF y que se asoció con una empresa estadounidense, Chevron, para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.

En septiembre del 2023, el tribunal estadounidense falló a favor de Repsol y condenó al gobierno argentino a pagar 15.000 millones de euros. Argentina va a recurrir el fallo.

En todo este entramado, a ningún presidente español se le ha pasado por la cabeza cerrar la embajada española en Argentina. Se trata de un asunto privado entre una empresa española y el gobierno argentino.

La base de la IED es la confianza que los empresarios de diferentes países tienen en la estabilidad y buen hacer económico del país que recibe esa inversión

Pues bien, se ha originado un conflicto diplomático a raíz de un comentario, o un exabrupto, desafortunado, impropio o como se quiera, de Milei, en un acto tan distendido como para que comenzara su alocución cantando: “Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida”.

El comentario hacía referencia a la mujer del presidente, Begoña Gómez, acusada de corrupción por buscar fondos a empresas que consiguen contratos millonarios de la Administración, previa carta de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno. Hablaba de la “calaña en el poder”. Un poco como “la casta”, término con el que tantas veces se refirió Pablo Iglesias para referirse al Gobierno.

Las medidas tomadas por el presidente del Gobierno y su corte particular han llegado, no solamente a cortar relaciones diplomáticas por una cuestión personal. También ha habido llamadas de teléfono a las empresas potenciales inversoras, con las que el presidente Milei se reunió en su última visita. 

Ya ha habido declaraciones de indignación por los empresarios a cuento del episodio descrito. ¿Será suficiente? ¿Va a presionar el presidente para que las empresas españolas que tienen intereses en Argentina tomen medidas más contundentes? ¿Es lícito que se produzcan esas llamadas? 

Porque no hablamos de cualquier empresa. Se trata de grandes empresas de telecomunicaciones, financieras, metalurgia y automoción.

A nadie se le escapa la misión facilitadora de una embajada en un país en la inversión de nuestros empresarios en ese país.  Y podría pensarse “¡Qué se fastidien los argentinos!”, pero sería muy necio no darse cuenta de que las empresas inversoras también van a salir perjudicadas. Si los incentivos nacionales llevan a no ahorrar sino a endeudarse, ahora también se van a poner palos en las ruedas a invertir fuera. 

Se trata de grandes empresas de telecomunicaciones, financieras, metalurgia y automoción

Y, lo cierto, es que si le salen medianamente bien las medidas que Milei está tomando para intentar arreglar el descomunal estropicio tras décadas de políticas económicas kirchneristas desastrosas, otros países occidentales van a facilitar que sus empresas ocupen el lugar que Pedro Sánchez está impidiendo a las nuestras. 

¿Qué pasaría si Israel y los países pro-Israel, como Estados Unidos, toman las mismas medidas con España, tras la próxima declaración reconociendo el estado palestino? Porque hay muchas más razones que explicarían esa medida, hay cadáveres, atentados, inicio de agresiones, como la terrible masacre del 7 de octubre. 

Claro está que a nuestro gobierno el quién comenzó la agresión no le importa, dado que fue su ministro estrella, Óscar Puente, quien comenzó la andanada de insultos hacia Javier Milei.

Según los datos del INE, son casi 500.000 españoles que viven en Argentina los que se quedan sin embajada. Por suerte, desde el año 2019, los ciudadanos españoles pueden obtener protección consular en cualquier embajada de un país europeo en Argentina. Pero ¿y las empresas? La responsabilidad de Sánchez ante las pérdidas potenciales de las casi veinte empresas españolas en Argentina, como Telefónica, Abertis, BBVA, Acciona, Acerinox, Indra, Hispasat o Cabify, es absoluta. 

Sólo queda la esperanza de que los empresarios, una vez que han expresado su rechazo a las palabras de Milei, con o sin presiones, no cejen en su empeño y sigan invirtiendo en un país que, ojalá puede salir del hoyo en el que décadas de gobiernos peronistas lo han sumido.

Ya vivimos un acto de rebeldía cuando Nadia Calviño, por aquel entonces ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno, hizo lo imposible para que Rafael del Pino depusiese su actitud y no se llevara Ferrovial a Holanda.

Un pulso que perdió la política y ganó Rafael del Pino, y de algún modo, todos aquellos que luchamos por acabar con las injerencias de los políticos en las empresas, que es, curiosamente, una tradición al más puro estilo franquista.