Lotería para la movilidad gratuita, donde los niños de San Ildefonso cantarán cómo -dentro de esa partida-, destacan 660 millones de euros asignados para financiar la gratuidad de Rodalies, Cercanías y Media Distancia Convencional, así como el descuento del 50% en los abonos de Avant, habiéndose repartido ya más de 2 millones de abonos gratuitos.

De hecho, estos “premios” ya han supuesto una descompensación modal, representando una pérdida de viajeros en los autobuses interurbanos de entre el 15% y el 30% en determinados tráficos, enfrentando a dos modos de transporte público que son complementarios y prestatarios del transporte de personas.

Otros 860 millones de euros también se dirigen a ayudas locales para adquirir autobuses urbanos eléctricos y mejorar las flotas tanto públicas como privadas dentro del Plan de Recuperación, con especial incidencia en la inmediata implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), creadas como santuarios para mejorar el tráfico por el expeditivo método de prohibir los coches.

Ahítos por la subvención, para no dejarse a nadie fuera del sorteo, el Ministerio ha propuesto también que las líneas concesionarias de autobús interurbano de titularidad estatal sean gratuitas a partir de febrero de 2023.

Estas ayudas no dejan de ser una mayor toma de control de casi todo el transporte por parte del Gobierno central (tanto urbano como intracomunitario e interurbano), más por la vía de las ayudas que por la de las competencias, en una clara carrera para practicar la ingeniería social a través condicionar la movilidad personal de cada cual.

Enhorabuena a los premiados, pero las únicas modalidades de trasportistas de viajeros que quedan fuera de la lotería de las enormes ayudas para los trayectos interurbanos son los taxis y los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Las únicas modalidades de trasportistas de viajeros que quedan fuera de la lotería de las enormes ayudas para los trayectos interurbanos son los taxis y los VTC

Los primeros gozan tradicionalmente de los premios menores, consistentes en numerosos soportes reguladores y económicos por parte de los ayuntamientos, pero no los segundos, que quedan huérfanos hasta de la pedrea, toda vez que el Estado les ha vetado en el tráfico urbano, expulsándoles a los servicios interurbanos en toda España -salvo en Madrid, Andalucía y Cataluña, donde bajo la imposición de graves restricciones les permiten los tráficos locales-.

Sustentarán esta política en el relato de que tanto los taxis, mayoritariamente rurales y de capitales pequeñas, como las VTC, no son servicios públicos propios ni tienen obligaciones de servicio público y otras razones similares, pero lo cierto es que esta condición de los transportes subvencionados hasta la gratuidad genera una brecha insalvable para quienes ya actuaban en un mercado  -metafóricamente- muy dopado, pero en el que se esforzaban por ofrecer unos servicios a demanda que les protegían de la pérdida de su clientela, quien ahora tiene a mano elementos de sustitución fácil y gratis.

Por ello, con mucha probabilidad, estas empresas van a ser aún más reducidas en sus negocios de lo que el Decreto Ábalos ya les impuso, llegando a hacerlas inviables en los territorios donde deben competir con unos tráficos interurbanos de trenes y autobuses subvencionados hasta la gratuidad.

Muchas de ellas, además, no son de las creadas al socaire de la desregulación sectorial perpetrada por Rodríguez Zapatero en 2009, sino establecidas previamente a aquel despropósito. Pero da igual, los vaivenes políticos han acabado por hundir sus negocios.

Les van a quedar pocas salidas. Puede que algunos vehículos afectos al complemento de algún servicio discrecional o utilizados en la asistencia en carretera puedan mantener cierta rentabilidad, en función de realizar activades auxiliares a otras, pero son una minoría. El resto, que ya estaban en severas dificultades, se verá empujado a la suspensión total o parcial de la actividad.

Al final, muchas tomarán como salida el cierre, y, ya perdido todo, el litigio en reclamación de daños al Gobierno por “ayudar a todos menos a unos”. La vía judicial va a ser su única posibilidad de no perder todo su patrimonio, porque la actividad y el negocio, lamentablemente, los perderán por el camino.

Quizá en el último recurso ante la Unión Europea por ser postergados de unas ayudas de Estado que eliminan su competitividad en el mercado no encuentren tampoco amparo, porque también aquella organización ha enloquecido alejándose de los principios y valores que fundamentan su génesis, cayendo en el despotismo y la estatalización, la cultura de la subvención y la dependencia, así como el apuntalamiento de discriminaciones de todo tipo para cualquiera que pretende establecerse en el mercado, otrora común.

Si el Gobierno de España no estuviera pensando más en utilizar la movilidad como una herramienta de un programa de ingeniería social que en perseguir “…la armonización de las condiciones de competencia entre los diferentes modos y empresas de transporte, tenderán a evitar situaciones de competencia desleal y protegerán el derecho de libre elección del usuario y la libertad de gestión empresarial, que únicamente podrán ser limitadas por razones inherentes a la necesidad de promover el máximo aprovechamiento de los recursos y la eficaz prestación de los servicios”, tal y como le marca la Ley de ordenación de transportes, habría adoptado conjuntamente con la medida de subvencionar a todos los medios interurbanos alguna otra medida compensatoria a las citados vehículos VT y VTC o se habría inhibido de subvencionar a las modalidades de transporte de forma inicua.

Mientras todos sabemos que no hay nada gratis en “lo gratis”, ¿dónde queda aquello si se ofrece el transporte gratis? Más social sería recuperar la entrada de las VTC en los tráficos urbanos, donde se comprueba día a día la insuficiencia para cubrir la creciente demanda por parte de las flotas de taxis, sobre todo en zonas turísticas y, dada la proliferación de las ZBE, multiplicar las posibilidades de elección para los usuarios, etc. Eso sí sería pensar a la larga por el ciudadano y no solo en dar unas ayudas envenenadas que acabarán por pudrirlo todo y llevarnos al “caos planificado”, como lo denominó Ludwig Von Mises.

** Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes.