Como era previsible y se anunció en esta columna, los precios de la electricidad han mantenido la carrera alcista iniciada en diciembre de 2020. La reducción coyuntural del IVA que recae sobre su consumo de esa energía ha tenido un efecto despreciable sobre el recibo de la luz y todo indica que los factores que han impulsado la tendencia alcista de los precios no disminuirán y se incrementarán más si la actividad económica se recupera.

El único ganador de esta situación es el Gobierno cuya recaudación se verá incrementada por el aumento del coste para adquirir los derechos de emisión de C02.

La situación actual es un reflejo de elementos coyunturales, el incremento de los precios del gas derivado del de su demanda, pero sobre todo de un hecho: la fijación de un objetivo de recorte de las emisiones del 2,2 por 100 anual a partir de 2021 con la finalidad de conseguir una caída de aquellas del 55 por 100 respecto a sus niveles en 1990 frente al 40 por 100 establecido en el Acuerdo de París de 2015.

¿Por qué esto generará una escalada y/o la consolidación de unos precios de la energía eléctrica muy altos?

La respuesta es sencilla. Las energías renovables clásicas -hidráulica y nuclear- tienen vedado regulatoriamente su crecimiento, la eólica y la solar no son capaces de satisfacer el grueso de la demanda ni garantizar la seguridad de suministro porque, de momento, no son almacenables y las nuevas, como el hidrógeno verde, por ejemplo, están en una fase experimental.

Quizá esto sea posible en el futuro, pero no en el corto ni en el medio plazo, lo que se traducirá en costes nada despreciables en términos sociales

En este contexto y, en un mercado marginalista, son las procedentes de combustibles fósiles y, en especial, el gas las únicas capaces de cumplir el papel de back-up del sistema energético española.

Ahora bien, esas fuentes de energía emiten gases invernadero y, por tanto, hay que desincentivar su uso. No se pretende impulsar innovaciones tecnológicas que las hagan más eficientes, sino hacerlas desaparecer de la escena en favor de alternativas que no están en condiciones de hacer frente a las necesidades energéticas de una economía moderna y competitiva.

Quizá esto sea posible en el futuro, pero no en el corto ni en el medio plazo, lo que se traducirá en costes nada despreciables en términos sociales y económicos para Europa y, por supuesto, para España.

El Gobierno atribuye la presente situación a decisiones foráneas, pero conviene recordar dos cuestiones: primera, ha apoyado de manera entusiasta todas las iniciativas destinadas a rebajar el volumen y, de este modo, encarecer la compra de derechos de emisión de CO2 y segunda, ha fijado metas más ambiciosas que las exigidas por la UE para avanzar hacia una economía descarbonizada.

Y ha hecho ambas cosas sin tener en cuenta la estructura empresarial e industrial de España. Eso sin contar con la catarata de impuestos que recaen sobre el recibo de la luz y que no tienen nada que ver con sus costes de generación. En consecuencia, tiene una responsabilidad directa en la elevación del precio de la luz y de sus negativos efectos sobre la renta disponible de los hogares y sobre la competitividad de la industria nacional.

La idea de crear una empresa eléctrica estatal para “abaratar” el recibo eléctrico es una broma disparatada

En este contexto, la idea de crear una empresa eléctrica estatal para “abaratar” el recibo eléctrico es una broma disparatada. De entrada, ello supondría nacionalizar de facto o de iure parte de la oferta de energía eléctrica en manos de las compañías privadas.

Por otra parte, esa iniciativa, para cumplir su misión, debería tener una posición de dominio o de preponderancia en el mercado, lo que implicaría el establecimiento de un monopolio estatal del sector eléctrico español. No existe evidencia alguna a favor y sí una abrumadora evidencia en contra de la eficacia y eficiencia del Estado empresario.

La subida del precio de la luz es un monumental “fallo de Estado”. Por un lado, los problemas se focalizan en el área del mercado regulada por el Gobierno, no en el segmento liberalizado en el que los consumidores han negociado sus tarifas con las compañías y, por tanto, no han sufrido en su factura eléctrica los efectos del alza de precios en el mercado mayorista; por otro, los precios regulados, como sucede siempre, han frenado la competencia dentro del sector eléctrico y, por tanto, las presiones a la baja sobre los precios que tienden a producirse en un mercado libre y competitivo.

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