El reciente informe del Banco de España sobre los efectos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el empleo ha desatado numerosas críticas y descalificaciones desde los sectores zurdos de la opinión pública. Cuando la realidad demuestra ser incompatible con sus presupuestos ideológicos, eso sólo se debe bien a una interesada manipulación de los datos bien a errores metodológicos bien a la mala fe.

Este es uno de los dramas de la actual coyuntura española en la que el rigor técnico se ha visto sustituido en el debate económico por la irracionalidad y por la demagogia. El caso del SMI es paradigmático de esta triste situación.

Los defensores del SMI parten de una hipótesis falsa; a saber, la inexistencia de un consenso o de una posición mayoritaria entre los economistas acerca del impacto -positivo o negativo- de esa figura sobre el binomio destrucción-creación de puestos de trabajo.

Se trataría de una cuestión discutida porque la academia no ha logrado sacar conclusiones definitivas. Esto conduce a considerar la discusión alrededor del SMI una cuestión política y, por tanto, un asunto de preferencias ideológicas. El análisis técnico estaría pues al servicio de posiciones adoptadas a priori y su misión sería justificarlas.

El rigor técnico se ha visto sustituido en el debate económico por la irracionalidad y por la demagogia

Sin embargo, ese planteamiento no es cierto. En un reciente estudio del NBER, David Newmark y Peter Shirley realizan una exposición exhaustiva de toda la literatura disponible sobre el SMI y extraen de ella las siguientes conclusiones: primera, hay una clara preponderancia de estimaciones negativas de los efectos del SMI sobre el empleo, el 78,9%; segunda, la evidencia de esa incidencia es muy fuerte en el caso de los jóvenes y de los individuos con menor capital humano; tercera, el SMI resulta especialmente dañino en los sectores donde los salarios son más bajos (Myth or Mesurement: What does the New Minimum Wage Research say About Minimum Wages and Job Loss, NBER, January 2021).

Además, esa postura goza de una amplia trasversalidad entre las distintas corrientes de la ciencia lúgubre. Liberales como Friedman o Mises, keynesianos como Samuelson o Nordhaus, debeladores del capitalismo liberal, como Stiglitz o , coinciden en señalar las nocivas consecuencias del SMI sobre la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo.

Sólo una minoría, marginal, de economistas considera irrelevante o positivo el SMI para el empleo. Y muchos gobiernos, de izquierdas y de derechas, lo apoyan y lo promueven por ser políticamente correctos y para mostrar una hipócrita y estética sensibilidad social o una soberana ignorancia.

Desde esa óptica, el estudio publicado por el Banco de España se enmarca en la pura racionalidad. No entra a realizar una valoración global del SMI. Se limitada a analizar el impacto sobre el empleo provocado por su subida, un 22%, en 2019.

Sus resultados son claros: esa medida se ha traducido al finalizar ese año en una pérdida neta empleo de los trabajadores afectados de entre el 6 y el 11%, equivalente a un descenso en el empleo asalariado total de entre un 0,6 y un 1,1%.

Esto supone que por cada punto porcentual de incremento del SMI se produce un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente "beneficiados"por esa medida de entre un 0,3 y un 0,5%. En los contratos a tiempo completo, la pérdida sería de entre un 2 y un 3%.

El canal de transmisión de esa sangría ha sido doble. Por un lado, las probabilidades de que la mano de obra con menor salario sea expulsada del mercado laboral son mayores tras el alza del SMI; por otro, la demanda de personas con una menor productividad se ha reducido.

La combinación de ambos factores explica en gran medida la destrucción neta de contratos registrada a raíz del incremento del SMI decretado por el Gobierno. Esta no se ha visto compensada por un aumento de contratos con salarios superiores al nuevo SMI.

En este contexto, la voluntad gubernamental de instrumentar subidas adicionales del SMI sólo contribuirá a generar más paro y a impedir la incorporación al mercado laboral de los colectivos más golpeados por esa medida.

Hacer esto, en una economía inmersa en una crisis profunda y con tasas de desempleo como la española es una decisión irresponsable, demagógica y claramente perjudicial para los colectivos menos favorecidos. Los salarios no se fijan por decreto y el hacerlo pasa factura.

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