La justicia en el sistema financiero tiene una ambivalencia. Por un lado, en la distribución de los impuestos, de manera que quien genere más ingresos esté obligado a contribuir en mayor medida; y por otro lado, la justicia distributiva, en la que dichos ingresos deben ser redireccionados a los sectores más vulnerables de la población.

El uso de una carretera de titularidad pública responde a una repartición justa de la carga tributaria pues se hace de una manera equitativa y proporcional. No hay una discriminación, ya que quien genera mayor riqueza hace mayor uso del hecho sujeto a imposición, y en consecuencia paga más. El Estado, por su parte, asume el rol de distribuidor de la recaudación y lo reparte hacia sectores vulnerables. 

El uso de una carretera responde a una repartición justa de la carga tributaria pues se hace de manera equitativa y proporcional. 

Hasta aquí todo bien. Otra cosa es que el usuario se sienta maltratado por el Estado y alegue que un mismo bien está sufriendo un elevada carga impositiva. 

Cuando se toma la decisión de adquirir un vehículo hay que tener muy en cuenta que, con independencia del uso previsto del mismo, es un bien de lujo no solo por su elevada carga impositiva sino por su coste total, desde la adquisición hasta el final de su vida útil. 

Cuando se adquiere el bien se paga un impuesto indirecto (IVA o ITP), y otro directo (Matriculación). Posteriormente, durante la vida útil del vehículo se continúan pagando impuestos con carácter anual como los tributos locales (Circulación, Paso de carruajes), las tasas e impuestos del seguro (IPS y Consorcio de Compensación), la ITV, y cómo no, los propios de los carburantes (IVA, Impuestos de Hidrocaburos, el céntimo Autonómico). También se paga por la adquisición voluntaria de bienes accesorios como pueden ser repuestos o mejoras (IVA) y por el uso discrecional (estacionamiento, peajes). 

Partiendo de precios medios de compra, los costes derivados del vehículo, los impuestos, y excluyendo gastos accesorios y de financiación, el coste medio de un coche en propiedad al final de su vida útil (de media 13 años), se estima que es entre 2,5 y 3x superior al precio de compra descontado el valor venal. 

El coste medio de un coche en propiedad al final de su vida útil está entre 2,5 y 3x superior al precio de compra. 

Estamos por tanto ante un bien que supone un coste proporcionalmente mayor a cualquier otro bien de uso común que tengamos en consideración. Incluso comparado con otros bienes propiamente catalogados como de lujo. Si a esto le añadimos el hecho de que es un bien que genera externalidades negativas (ruido, contaminación, uso del espacio público, mortalidad…), parece que la medida de imponer peajes se diluye en el análisis de costes. Pero es un bien privativo y por tanto discrecional, por lo que podemos decidir antes de la compra si estamos dispuestos a asumir la carga que conlleva.

La cuestión no es si se pagan más o menos impuestos sino el uso que hace el Estado de los mismos en relación al gasto total. Es un tema que genera un debate fácil pues a nadie le gusta pagar impuestos. Prueba de ello es que la voluntariedad de los mismos es inexistente. No hay casos de contribuyentes que se presenten sin coacción alguna en las ventanillas públicas y soliciten o bien pagar más impuestos o contribuir unilateralmente. 

El hecho es que si un Estado eleva los impuestos, la única manera de hacer efectiva esa medida es reduciendo los gastos. No estoy hablando de un reequilibrio, sino de una disminución literal. Pero eso es una quimera.

En Europa no hay un precedente en la historia contemporánea de un país o gobierno que haya sido capaz de bajar el gasto. Es una partida que en España en los últimos 25 años ha promediado 428.000 millones de euros anuales, y nunca ha bajado, situando el gasto actual en una cifra récord de 637.000 millones de euros. En el peor momento de la Gran Crisis Financiera (GCF), con los supuestos recortes públicos, supuso el ¡48,7% del PIB!. 

Si un Estado eleva los impuestos, la única manera de hacer efectiva la medida es reducir los gastos. 

Los gobiernos no son productores de riqueza. Si sus actividades generaran riqueza, se autofinanciarían. Los Estados tienen tres formas de financiarse: impuestos, impresión monetaria y préstamos al sector privado. Exprimidos hasta el límite los dos últimos, lo que queda es retornar a políticas de presión fiscal.

Con los impuestos sucede como con los precios. Cuando las empresas suben precios, nunca los bajan. Estamos por tanto en un punto en el que muy posiblemente suframos la mayor represión de nuestra historia en un período de paz. De un lado con la inflación, que ya es un hecho, y segundo con una presión impositiva que llevará el descontento social cada vez más hacia un peligroso umbral. No olvidemos la represión financiera que sufrimos consecuencia de poner un precio negativo a un dinero devaluado.

Así pues si la pregunta es ¿es justa la medida de establecer peajes en las carreteras? La respuesta es sí, pero antes, disminuyan el gasto público.