El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

La tribuna

No veo la hora de que me dejen jubilarme

21 abril, 2021 03:15

La llegada de los fondos de recuperación depende de varias reformas estructurales que exige Europa. Una de ellas es la reforma del sistema de pensiones en la que nos han marcado unas líneas claras ante la evidente falta de sostenibilidad del mismo, de modo que hay que contener el gasto en este tipo de prestaciones a la vista de la avalancha de jubilaciones de 'baby-boomers' que se avecina en los próximos años y de las proyecciones de instituciones como la OCDE acerca de la evolución demográfica y la tasa de dependencia para los próximos 30 años en las economías más avanzadas.

España se encuentra a la cabeza de un invierno demográfico y laboral que agudiza las grietas por las que nuestro sistema de reparto hace aguas. Y el Gobierno está en un proceso de importantes cambios en el sistema que permitan convencer a Bruselas de que hacemos los deberes y que nuestra Seguridad Social dejará de generar déficit en unos años, algo que pasa necesariamente por el endurecimiento de las condiciones de acceso a una pensión, así como su cuantía.

En esta línea, uno de los aspectos más controvertidos, y donde se ha puesto el foco, es el de la jubilación anticipada que hace que en España la edad efectiva de jubilación (64,5 años) no coincida con la ordinaria que se establece legalmente (y que tiende a los 67 años), lo que supone una merma de las arcas públicas por varias razones.

La primera porque a partir de la jubilación, esa persona deja de contribuir a nuestro sistema de reparto, la segunda porque dada la esperanza de vida, cada año que se adelanta la jubilación es un año más de gasto para el sistema.

Pero hay una tercera y es que una gran mayoría de las jubilaciones anticipadas corresponden a personas con bases de cotización muy altas o máximas, lo que conlleva el pago de pensiones de cuantías elevadas y de escasos incentivos al retiro tardío.

Ahora que estamos en época electoral en la Comunidad de Madrid y los mensajes del Gobierno buscan el optimismo, la noticia de dar un incentivo mediante un pago único de hasta 12.060 euros por cada año de retraso en la jubilación (para el supuesto de más de 44,5 años de cotización, que es el escenario menos probable) es una forma de amortiguar el golpe, a la vista de que los incentivos vigentes de hasta el 4% de la base reguladora son claramente insuficientes para quien lleva una vida laboral larga y quiere disfrutar de la vida.

Ahora bien, como siempre es importante leer la letra pequeña de la medida, pues de nada sirve que te den un incentivo -digamos del equivalente a 3 años de retraso en la jubilación- si en ese momento te quedas sin una buena parte en la medida que hay que pagar IRPF y el sistema tributario es progresivo.

De nada sirve que te den un incentivo, si en ese momento te quedas sin una buena parte en la medida que hay que pagar IRPF

Así pues, podría ser un incentivo aceptable, pero siempre y cuando sea libre de impuestos, porque en caso contrario, cada año que se dilate la jubilación conllevará una mayor carga tributaria a la hora de recibir el pago único. Para el caso de una pensión de jubilación media, unos 1.400 euros al mes, este pago sería de unos 7.500 euros, restemos el exceso de impuestos a pagar, y dividamos la cantidad neta resultante entre 21 años de esperanza media de vida. Aproximadamente nos saldría el equivalente a percibir 18 euros netos más en la pensión. No digo más, porque tengo serias dudas de que sea incentivo suficiente para retrasar la jubilación un año, si fuesen tres años, el incremento sería de unos 50 euros mensuales.

Creo que lo que podría disparar el retraso en la jubilación sería eximir del pago de impuestos a las pensiones a cambio de prolongar la vida laboral más allá de la legalmente establecida e incluso fomentar que un jubilado pueda trabajar parcialmente en actividades sin sufrir fuertes mermas en la cuantía de la pensión.

Sin embargo, este tipo de medida, aparte de generar mucha polémica implicaría una pérdida de recaudación para las arcas públicas que golpea la línea de flotación de los presupuestos venideros, donde sabemos que vamos a sufrir nuevos hachazos fiscales para poder financiar el elevado déficit público que está por llegar.

Probablemente, esta medida se haya anunciado como un posible globo sonda para pulsar a los ciudadanos antes de proponerla en Europa. Pero no nos quepa la menor duda de que habrá que contener el gasto en pensiones y eso implicará endurecimiento en las cuantías de quienes estén por jubilarse en los próximos años.

Por tanto, una estrategia asimétrica de 'palo y zanahoria' con la que el premio al retraso se compensa sobradamente con el castigo a la jubilación anticipada, algo que, por ahora, tiene garantizado el rechazo sindical.

De igual forma, en muchos casos, la jubilación anticipada no se hace de forma voluntaria y estas medidas pueden perjudicar en gran medida a los mayores de 50 años que ya no consiguen reinsertarse en el mercado laboral y no cotizan. Y aunque no fuese así, si una persona ha cotizado casi 40 años, no creo que sea justo penalizarle porque decida jubilarse tras todos esos años de duro trabajo y cotizaciones, sino todo lo contrario.

*** Juan Carlos Higueras es analista económico y profesor de EAE Business School.

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