En las últimas semanas hemos vivido un notable deterioro de la situación sanitaria. La evolución de la pandemia en España, que llevaba un mes con una caída significativa y estable de las incidencias, ha sufrido un frenazo seguido de un cambio de tendencia que podría indicar el inicio de una tercera ola (véase Gráfico 1). 

Es especialmente preocupante la evolución de la serie de "infectados con inicio de síntomas en los últimos 7 días", la curva intermedia, porque suele anticipar la evolución futura de las incidencias, las otras dos curvas, sobre las que se fijan los objetivos y se toman las medidas de contención correspondientes.

Lo llamativo es la brusquedad del giro. Desde el 9 de noviembre, en que la curva de incidencia a 14 días alcanzó un máximo, hasta el 9 de diciembre, la curva había descendido todos y cada uno de los días, con un descenso medio de 11 puntos diarios y una desviación típica muy pequeña, de apenas 4 puntos. Pero desde el 9 de diciembre en adelante se ha hecho creciente, también todos y cada uno de los días, aunque lo haya hecho con un ritmo medio inferior (3 puntos diarios).

La situación económica no ha ido mucho mejor. Tras un tercer trimestre más positivo de lo esperado, el cuarto se ha visto golpeado por esta segunda ola, la nueva huida del turismo internacional y las medidas restrictivas para tratar de frenarla. Algunos indicadores, sobre todo de consumo, sugieren que el cierre del año va a ser bastante peor de lo esperado.

En medio de esta situación económico-sanitaria, ha surgido el debate, dentro del propio gobierno, sobre la conveniencia o no de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año que viene. 

Antes de entrar en el debate, conviene mirar a los datos, algo que poca gente hace. En el Gráfico 2 presento la serie del SMI, deflactada por el IPC, desde 1980 hasta este año. He tomado el SMI a final de año, porque en alguna ocasión, como en 2004, el SMI subió dos veces: la primera un 2%, gobernando el PP y la segunda un 6,6%, ya bajo el gobierno de Zapatero.

El motivo por el que se divide por el IPC es el de siempre: lo que es relevante no es el SMI nominal, sino su poder de compra dado por la evolución de los precios de consumo. También para las empresas el coste relevante no es el SMI nominal sino el real, deflactado por el IPC.

Hay varias cosas que llaman la atención en la evolución temporal del poder adquisitivo del SMI. La primera, que el SMI tuvo una tendencia decreciente, con algunas oscilaciones, de forma que, en 2004, cuando Zapatero llega al gobierno, el SMI había perdido un 12% de su valor real con respecto a 1980. Con dicho gobierno, el SMI real subió desde 88,2 de 2003 a 104,2 en 2009, recuperando con creces toda la pérdida anterior.

Con la crisis de 2009 el SMI real volvió a caer, sobre todo en los años del gobierno de Rajoy, y en 2016 se volvió a situar por debajo de su nivel de 1980, casi 4 décadas antes. Sin embargo, a partir de 2017 se produce un giro. Rajoy lo sube un 8% nominal (un 7% en términos reales) y hubo voces que decían que esa subida había sido excesiva e incluso que tuvo incidencia negativa sobre la creación de empleo de 2018. Lejos de amilanarse, Rajoy lo volvió a subir un 4% (casi un 3% real) y el gobierno de Pedro Sánchez lo elevó un 22,3% en 2019 y un 5,6% en 2020. Ello supuso una subida real acumulada del 29% en apenas dos años, y del 42% en cuatro años.

Algunos indicadores, sobre todo de consumo, sugieren que el cierre del año va a ser bastante peor de lo esperado

¿Y ahora qué? Es cierto que el acuerdo de gobierno entre Podemos y PSOE incluía una subida del SMI desde los 950 euros mensuales actuales hasta los 1.200 en 2023, es decir, una subida adicional de otro 26% acumulado en los próximos 3 años. Muchos economistas han afirmado que no es conveniente una subida de esa magnitud sin haberse evaluado cuál ha podido ser el impacto de la anterior subida, algo que puede resultar difícil, por la coincidencia de dicha subida con la crisis del Covid-19. 

Otros muchos han dicho que, aunque se debe cumplir con el objetivo político, ahora no es el momento, por la situación en la que se encuentra la economía y, en particular, muchas PYMEs. 

Esta postura, que parece razonable, esperar a la ansiada recuperación económica antes de seguir elevando el SMI, ha sido contestada con el argumento que "igual que se ha subido el salario de los empleados públicos, se puede subir el salario mínimo". Comparar una cosa con la otra no tiene ningún sentido macroeconómico, pues ambas subidas tienen una naturaleza radicalmente distinta.

El salario mínimo lo pagan las empresas. Es decir, una subida del mismo supone un aumento de sus costes y, por tanto, un desplazamiento a la izquierda de la curva de Oferta Agregada (AS), tal y como recoge el Gráfico 3. Por el contrario, el salario de los empleados públicos se paga con los presupuestos. Se trata, por ello, de una expansión del gasto público que desplaza la Demanda Agregada a la derecha (AD), tal y como recoge el Gráfico 4.

Resumiendo, un aumento del salario de los funcionarios tiene un impacto expansivo sobre la economía, mientras el aumento del salario mínimo tiene un efecto contractivo. Cuando la economía se encuentra en un boom económico, el aumento del salario mínimo tendrá un efecto menor, pues sólo enfriará una parte pequeña de la expansión del sector privado.

Por el contrario, en la situación actual, en la que muchas empresas han reducido la actividad o incluso han echado parcialmente el cierre, algo que supone de por sí una caída de la Oferta Agregada, la subida del salario mínimo podría agravar la situación, al suponer un movimiento en esa misma dirección. La política económica en estos momentos del ciclo debe ser expansiva. Por eso se justifica la subida del salario público, pero no se recomienda la del salario mínimo. En el período de expansión, cuando llegue, debería actuarse a la inversa.

La política económica en estos momentos del ciclo debe ser expansiva. Por eso se justifica la subida del salario público, pero no se recomienda la del salario mínimo

En todo caso, la presunta subida del salario público para 2021 no es tal cosa, pues va a ser el 0,9%, la inflación esperada. Por tanto, en términos reales el salario de los empleados públicos no va a subir. 

Por eso, pese a los inconvenientes señalados, una opción que podría ser aceptable para todos, políticos y economistas, es que el salario mínimo subiera ese mismo 0,9% para mantener su poder adquisitivo el año que viene. Veremos si se acepta.

Miguel Sebastián - Universidad Complutense e ICAE