En la crónica de despropósitos económico-institucionales que preside la escena española, esta semana se ha materializado uno cuya escasa incidencia pública no puede ocultar su gravedad. En su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el recién nombrado Presidente de la CNMV ha afirmado que incorporará “sensibilidad social” a las decisiones de ese organismo y situará el cambio climático entre las prioridades de dicha institución. Estas estrambóticas concesiones a la corrección política imperante son impropias y de llevarse a la práctica serían muy preocupantes.

No hay nada peor que la obsesión de muchas de las personas que acceden a una alta de responsabilidad en dejar huella, en marcar un antes y un después a su gestión.

El artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de valores determina con claridad la función de la CNMV: “…velará por la transparencia de los mercados de valores, la correcta fijación de los precios y la protección de los inversores promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para la consecución de esos fines”.

Este es el imperativo legal que obliga al supervisor-regulador y no las creencias sociales y medioambientales de quien ostenta su Presidencia. Dicho esto es importante realizar algunas consideraciones.

De entrada, la independencia y el poder atribuidos a la CNMV han de estar contrapesados por criterios de responsabilidad, lo que implica su sometimiento no sólo a la ley sino a la determinación con una claridad meridiana de sus competencias. Estas han de ser tasadas, como lo están, con claridad. De lo contrario, quienes operan en el mercado o deseen  hacerlo carecen de las mínimas garantías de certeza y de seguridad en la actuación del regulador. Esto resulta vital en cualquier sector de la economía pero es una condictio sine qua non en un segmento básico del sistema financiero como es el  mercado de capitales.

La CNMV no tiene por qué realizar juicio o acción alguna sobre si una empresa o una entidad financiera son más o menos sociales, más o menos ecológicas.

Desde esa óptica, la apelación a criterios como el de sensibilidad social o el de cambio climático como principios inspiradores de las decisiones de la CNMV supone la introducción de un elevado grado de subjetividad y, por tanto, de arbitrariedad. Ello hace imprevisible saber cuál puede ser el comportamiento del supervisor y abre un enorme portillo a una discrecionalidad administrada en función de la concepción ideológica, de la visión del mundo o de las felices ocurrencias quienes dirigen la CNMV lo que es inaudito en cualquier organismo similar en un país desarrollado.

Si se aceptan la sensibilidad social y climática cómo principios-guía de la actuación de la CNMV, en qué se concretarían, cuál sería el procedimiento por el que se juzgará el cumplimiento por las empresas cotizadas o con deseos de hacerlo de esos nebulosos y caros ideales. ¿Se exigiría un certificado de limpieza de sangre socio-ecológica para acceder al mercado? ¿Se forzaría a salir de él a quienes a juicio del supervisor los incumpliesen? ¿Se les sancionaría?  ¿Alguien, con un mínimo sentido común puede pensar que ese es el clima para dar mayor profundidad y atractivos a las bolsas españolas? La respuesta es obvia: no.

No hay nada peor que la obsesión de muchas de las personas que acceden a una alta de responsabilidad en dejar huella, en marcar un antes y un después a su gestión. Esta actitud guiada unas veces por un comprensible ejercicio de vanidad humana y, otras, por un noble deseo de mejorar las cosas entraña graves peligros y suele producir efectos contrarios a los buscados. El someter la acción de un organismo independiente cuya tarea es velar por el buen funcionamiento del mercado de capitales a la moda del momento, al hipotético clima ideológico imperante en una coyuntura es sencillamente irresponsable y frívolo.

La CNMV no tiene por qué realizar juicio o acción alguna sobre si una empresa o una entidad financiera son más o menos sociales, más o menos ecológicas. Esa tarea ni le corresponde ni debería tener la osadía de invocarla ni siquiera como un desiderata. Si su Presidente y sus consejeros quieren contribuir a promover esas causas que hagan donativos a las ONGs, a los sindicatos, a las asociaciones caritativas o asistenciales, a quien les parezca oportuno pero es inaceptable que usen o pretendan usar sus poderes para imponer a los demás su peculiar visión de lo que es correcto.

Con sus defectos y sus virtudes, con mayor acierto en unos casos y menor en otros, la CNMV ha cumplido las funciones que le asignaba la ley. Sería lamentable que se convirtiese en una especia de Inquisición socio-climática para satisfacer las aspiraciones de su nuevo y flamante Presidente.