Imagen de un edificio okupado en Barcelona.

Imagen de un edificio okupado en Barcelona. Pixabay

Observatorio de la vivienda

El miedo a los okupas relanza el negocio de las alarmas en segundas residencias

Los trámites por okupación ilegal de una vivienda en los juzgados de primera instancia de España han crecido un 60,7% en el primer trimestre del año.

23 julio, 2020 02:11

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Una vivienda vacía y unos propietarios lejos de ella. Los okupas no necesitan mucho más para dar la patada en la puerta, acomodarse y estrenar casa mientras el dueño espera de brazos cruzados la intervención de la Justicia.

Los meses de confinamiento han provocado que muchos propietarios no pudieran acudir a sus segundas residencias, comprobar que todo estaba en orden o incluso alquilarla durante algún periodo a turistas. Este hecho, unido a la creciente aparición de noticias sobre la okupación ilegal de inmuebles ha llevado a que muchos dueños opten por acudir a empresas de seguridad para instalar alarmas, sobre todo en segundas residencias.

José González Osma, director de la Unidad de Negocio Residencial de la multinacional norteamericana Johnson Controls, señala a Invertia que “ahora mismo hay casi más miedo a la okupación que al robo” y “tener una alarma es garantía de que en caso de que okupen una vivienda les desalojen de inmediato”.

Tanto es así que ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, ha incrementado sus ventas en España entre un 10 y un 15% exclusivamente por el tema de la okupación.

El descaro de los algunos de estos individuos ha llegado a tal extremo que José González admite que “hemos detectado un par de casos de okupas que han llamado para poner una alarma en la vivienda que han asaltado”. “Es posible porque ninguna compañía de seguridad pide las escrituras de la casa, pero como somos muy rigurosos a la hora de hacer preguntas previas a la contratación, en el momento de sospechamos cualquier cosa extraña avisamos a la policía”, explica.

En el caso de Securitas Direct, el 16% de los clientes que deciden dar de alta los servicios de protección lo hace por este motivo, según confirman fuentes de la compañía a Invertia. Además, añaden, “el interés por contratar una alarma para evitar la okupación ha ido creciendo con los años”.

Estos clientes no solo son particulares. “También bancos y fondos de inversión con miles de casas vacías están muy preocupados y las quieren proteger; es un problema global”, destaca el directivo de Johnson Controls. Por ejemplo, ADT ha cerrado un acuerdo con BBVA en México.

La rapidez, primordial

La rapidez es clave para evitar quedarte sin tu casa y la alarma tiene un papel clave ya que ante cualquier señal de intrusión en la vivienda avisa a la Policía. En ese caso sí que puede evitarla, al poder detenerlos tras lo que se denomina delito flagrante, o bien desalojar a los okupas al no haberse consumado la misma.

Desde Securitas Direct indican que “el poder detectar una intrusión (gracias al equipo humano y a una innovación constante) nos permite activar los protocolos necesarios para avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, posibilitando que la okupación pueda ser evitada al intervenir durante el allanamiento”.

Por otro lado, la presencia de la placa que pone la compañía de seguridad en la fachada de la vivienda tiene un efecto disuasorio. “El okupa normalmente cuando ve que la vivienda está protegida prefiere ir a la que no la tiene porque sabe que la Policía va a estar ahí en un par de horas”, expone José González.

Imagen de recurso.

Imagen de recurso. ADT

Las empresas de seguridad han diseñado soluciones para ese primer momento de intento de entrada ilegal en la casa. Por ejemplo, ZeroVision de Securitas Direct. Cuando la intrusión se verifica, se genera un humo denso, muy molesto, que obliga al ladrón u okupa a abandonar la vivienda de manera inmediata, a la vez que se activa el protocolo para avisar a la Policía.

La okupación crece

La okupación es un problema real en España, aunque el recuento de casos no es sencillo dado que en primer lugar el propietario ha de denunciar la situación. Algunos están en el extranjero, no van a la vivienda, son personas mayores, la propiedad está repartida entre muchos familiares por herencias o incluso pertenecen bancos o fondos con muchos frentes más abiertos.

El número de denuncias por okupación ilegal de viviendas creció en España un 5% en el primer semestre del año hasta 7.450 hechos conocidos, según el Ministerio de Interior. Casi la mitad se registraron en Cataluña (3.611), con un aumento del 13,2%. Lejos quedan Andalucía (1.183) y Madrid (657).

El Consejo General del Poder Judicial cuenta también con una estadística de los asuntos que se tramitan en los juzgados por ocupación ilegal de viviendas. Esta muestra que solo en el primer trimestre de 2020, en los juzgados de primera instancia e instrucción hubo 2.216 “verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas” en trámite. Por comparar, en el mismo periodo de 2019 hubo 1.379, un aumento del 60,7% en doce meses.

Los españoles se sienten cada vez más desprotegidos ante la posibilidad de que su vivienda sea okupada durante su ausencia. De hecho, según los datos que el Instituto Sondea ha recabado para Securitas Direct, el 92,8% de los encuestados cree que es necesario aumentar las penas contra los okupas.

Como lamenta el directivo de Johnson Controls, “el sistema jurídico español es casi más proteccionistas con el okupa que con el propietario, entonces hay un sentimiento de que te vas de casa y que cuando vuelvas puede estar okupada y encima no le puedes tocar”.