La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este martes la aprobación del real decreto-ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y que obligará a plataformas digitales de reparto como Glovo a contratar a sus repartidores en un máximo de tres meses. Se pone fin a un año de negociaciones en el Diálogo Social donde se produjo un acuerdo de mínimos, pero sin el apoyo de todos los trabajadores ni de las empresas afectadas.

Según indica el texto aprobado por el Consejo de Ministros, "la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles". Esto afectará a todas las plataformas digitales, no solo a las de reparto.

En el centro del debate están las relaciones laborales de los casi 30.000 repartidores de comida a domicilio. El Gobierno, amparado por un grupo importante de denuncias y sentencias judiciales, ha venido denunciando desde hace dos años que los riders son falsos autónomos. A su juicio, esta situación es aprovechada por las plataformas para reducir sus costes a costa de precarizar las condiciones laborales no pagando las correspondientes cotizaciones.

Sin embargo, en el lado contrario se encuentran miles de repartidores que están cómodos con este modelo ya que, argumentan, tiene la suficiente flexibilidad para permitirles trabajar cuando lo deseen y con muchas empresas a la vez. Algunas compañías defienden además que su modelo de colaboración se ha ido perfeccionando con el tiempo y que actualmente cuenta incluso con muchos más beneficios que los contratos temporales peor pagados.

Casi veinte sentencias individuales se dividen a partes iguales entre los jueces que están a favor de que estos trabajadores sean autónomos y los que consideran que son trabajadores que deberían tener un contrato regular. La balanza la decantó la sentencia de septiembre del año pasado del Tribunal Supremo que establece que estos repartidores sí son falsos autónomos.

Con todos estos ingredientes la conocida como Ley Rider fue calificada por la vicepresidenta tercera como un acuerdo "histórico" y pionero en toda Europa y el mundo. En una larga intervención tras el Consejo de Ministros indicó que la normativa estaba dentro del espíritu de lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está ejecutando en su país en el campo económico.

Incluso llegó a comparar este marco legal con los primeros derechos laborales conseguidos por los trabajadores durante la Revolución Industrial allá por el año 1874. "Es una norma que va a cambiar el signo de los tiempos. No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar en esta materia". dijo con orgullo.

Díaz no ocultó su satisfacción por lo que ha sido uno de los caballos de batalla de su cartera y uno de los mejores ejemplos de que el Diálogo Social funciona, según ella misma se apresuró a recordar. No obstante, y pese a que efectivamente se acordó con patronal y sindicatos, la norma está muy lejos de ser aceptada por todo el sector.

Durante más de doce meses de negociaciones la Ley Rider ha dejado muchos heridos y muchas divisiones. El mejor ejemplo es que, mientras Yolanda Díaz hablaba desde Moncloa de las claves de esta nueva normativa, más de 4.000 repartidores tomaron las calles de una decena de ciudades españolas para solicitar a los partidos políticos que no convaliden en el Congreso de los Diputados esta nueva norma.

Convocados por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos (Repartidoresunidos.org), se concentraron precisamente ante sede parlamentaria para pedir que se les escuchase y se reconsiderase la obligatoriedad de que las plataformas les contraten. A su juicio, la norma supone un "paso más" para "dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo", en alusión al riesgo de que las plataformas digitales de reparto que optaban por utilizar autónomos reduzcan sus plantillas.

Yolanda Díaz posa con la camiseta de Riders x derechos.

"Esta ley no puede ser un Decreto sin participación de nadie", han señalado los repartidores de plataformas como Deliveroo, Uber y Glovo y también de Amazon o Seur, que se han movilizado para pedir directamente a los diputados del Congreso de los Diputados su 'no' al decreto aprobado por el Gobierno. 

Por el contrario, Riders X derechos, plataforma que ha asesorado y apoyado a las decenas de denuncias que se han agolpado en los juzgados contra el modelo de autónomos, cree que esta ley es una buena noticia, pero que queda mucho por hacer. "Ahora, se abre un escenario diferente en el que consideramos muy importante el papel de los sindicatos y animamos a que todos los trabajadores se unan y se organicen con el sindicato que consideren", han señalado.

Con todo, para Riders X derechos este proceso de laboralización se realiza abruptamente sin garantizar la permanencia de los actuales trabajadores. Tampoco se garantiza que estas empresas no deriven por la muy probable línea de subcontratación, no existe ningún intento de regularización de los trabajadores sin papeles que han sido víctimas del mercado de alquiler de cuentas y no se ha penalizado a las empresas que hasta ahora defraudaban a la Seguridad Social.

Todo esto es síntoma de que la Ley Rider está lejos de ser una normativa consensuada. No solo los casi 30.000 riders que trabajan en estas plataformas están divididos, sino que las propias plataformas de reparto también difieren en su posicionamiento.

Glovo, Deliveroo, Stuart y Uber Eats están a favor de un modelo de colaboración con trabajadores por cuenta propia y con derechos reforzados. Estas plataformas ofrecieron al Gobierno un modelo de TRADE digital (Trabajador Autónomo Dependiente). Consideran que un modelo de autónomos les da flexibilidad para poder atender picos de pedidos sin tener que mantener grandes fluctuaciones de sus costes. 

Un 'rider' en el centro de Madrid. Jaime Susanna

TRADE digital

Respecto del TRADE, éstos tendrían una serie de coberturas y beneficios que actualmente no tienen los autónomos dependientes, como el poder recibir una indemnización en caso de rescisión unilateral del contrato, mínimos salariales, mejorar los seguros de coberturas, derecho a formación o bajas reguladas por ley.

Del mismo modo, se incorporarían derechos como una retribución mínima de 1.050 euros, una indemnización por fin del contrato, establecería periodos vacacionales y periodos de descanso para dotar al trabajador de una mayor seguridad.

En el lado contrario está Just Eat que defiende la contratación por cuenta ajena de los repartidores y que hasta ahora ha venido trabajando con empresas externalizadas que son las que tienen contratados a sus repartidores. Hace unas semanas la compañía anunció que contratará en su propia plantilla a estos empleados. 

Esta plataforma además se abre a la posibilidad de seguir trabajando con empresas externas si hay más demanda y desliza la opción de que los riders que quieran seguir disfrutando de la libertad de un contrato por cuenta propia puedan unirse en cooperativas que puedan colaborar con todas las compañías.

Las primeras empresas han manifestado públicamente su rechazo a la normativa aprobada por el ministerio del Trabajo y así se lo transmitieron a la CEOE durante la negociación en el Diálogo Social. Tras el acuerdo de la patronal aceptando que se obligase a contratar a los autónomos, Glovo abandonó la organización indicando que no se habían defendido sus intereses en esta negociación. Al igual que Deliveroo indican que ninguna de sus propuestas fue admitida en las negociaciones y que la nueva ley les perjudica notablemente.

Manifestación de UGT contra los "falsos autónomos" de las plataformas.

Impacto en las empresas

Según estas plataformas, la Ley Rider podría generar la reducción de hasta un 70% de los actuales puestos de trabajo, 250 millones de euros en pérdidas a los restaurantes y, lo que es peor, que estas empresas dejen de prestar servicio en las pequeñas ciudades donde ya no será rentable operar por la nueva normativa.

Fuentes de estas plataformas con las que ha hablado Invertia, indican que no hay todavía un baremo oficial del número de habitantes de las ciudades que podrán tener servicio de Glovo y Deliveroo, pero admiten que estamos entre una horquilla de los 150.000 y los 100.000 habitantes.

En España solo existen 43 ciudades por encima de los 150.000 habitantes y 63 por sobre los 100.000. En estos momentos, compañías como Deliveroo reparten en más de 75 ciudades y Glovo lo hace en más de 100, por lo que esta nueva normativa reduciría su área de influencia en al menos la mitad de los emplazamientos actuales.  

Por otro lado, los cálculos hechos para Invertia por abogados laboralistas cifran el impacto total para todas estas empresas entre los 100 y los 120 millones de euros al año, solo en cotizaciones sociales. Estamos hablando de un coste desconocido para todas estas plataformas que ahora pagan a sus repartidores como autónomos, es decir, los riders abonan sus propias cuotas a la Seguridad Social.

Estos 120 millones de euros se calculan tomando en cuenta los 30.000 riders que trabajan actualmente, según reconocen todas las asociaciones del sector. Si se tuviesen que contratar a todos estamos hablando de no menos de 25.000 nuevas altas a la Seguridad Social.