La Asociación Autónoma de Riders (AAR), ha lanzado un órdago contra la Ley Rider que prepara el Gobierno y que el Ministerio del Trabajo espera aprobar esta misma semana. La plataforma se ha manifestado completamente contraria a los planes del Ejecutivo de convertir a todos los repartidores de plataformas digitales en asalariados por cuenta ajena.

Unas demandas a las que se han sumado otras dos asociaciones del sector, RepartidoresUnidos.org y la Asociación Profesional de Repartidores Autónomos (APRA). Estas dos organizaciones que reúnen a miles de riders han instado a la ministra Yolanda Díaz a replantearse la legitimidad de la Ley Rider "dado que ninguna asociación profesional de repartidores le ha dado apoyo".

"Además, motivamos a los diferentes ministerios a abrir una nueva etapa de colaboración y diálogo real en la que se escuche a los verdaderos protagonistas, que somos los repartidores", agregan.

"Recordamos que los propios riders somos los primeros interesados en mejorar nuestras condiciones y nuestro modelo de trabajo. Por este motivo, estamos a favor de la regulación, siempre y cuando no nos estigmatice; no sea discriminatoria hacia nuestro colectivo; y recoja las prioridades de la mayoría de repartidores", indican en un comunicado remitido a este medio.

Por su parte, la AAR indica que de los 30.000 riders que operan en España, al menos el 80% (24.000) quieren seguir siendo autónomos para poder compaginar su labor con varios empleadores. Incluso, han denunciado las precarias condiciones laborales de la única empresa de reparto (Just Eat) que en estos momentos ofrece contratos a sus repartidores.

Precisamente, Invertia tuvo acceso a uno de los contratos que se establecen entre estos repartidores y una de las empresas externas que trabajan para Just Eat, donde se comprueba que las condiciones muchas veces están por debajo de lo que tienen los riders trabajando como autónomos.

Bajo el convenio colectivo de la Asociación Española de Mensajería, el contrato al que tuvo acceso este periódico (de una de las empresas con las que Just Eat externaliza el servicio), establece una jornada a tiempo parcial por 60 horas al mes (15 horas a la semana), con un periodo de pruebas de un mes y con 30 días naturales de vacaciones.

Flexibilidad para trabajar

Este contrato establece además un pago de 6,56 euros por hora (que incluye el prorrateo de dos pagas extra). La hora complementaria se paga a 5,62 euros y pueden hacer hasta un 50% más de las horas base del contrato, o sea, pueden hacer un total de 7,5 horas extra cada semana y un total máximo de 22,5 horas semanales.

En este sentido, la Asociación Autónoma de Riders (AAR) considera que la flexibilidad es incompatible con la laboralización, porque según consideran perderían el control de su tiempo, sus ganancias serían inferiores, no podrían trabajar con varias compañías a la vez y habría una precarización del sector. Agregan que es "un mito que ser rider es un trabajo precario. Los ingresos son mayores que lo que podríamos obtener como asalariados".

Por el contrario, indican que la solución planteada por el Gobierno llevaría a una destrucción del trabajo y el cierre en muchas ciudades. "La inminente exclusión del mercado laboral de repartidores que por estudios, por necesidad de complementar ingresos, por condiciones familiares de disponibilidad de tiempo u obligaciones, por edad e incluso sexo, podrían no formar parte de las nuevas flotas de trabajo (en donde el mercado o la demanda pudieran quedar)", indican.

Por ello piden una solución que les garantice mantener la flexibilidad que les permite ser autónomos y conseguir unas mayores protecciones sociales. "Para ello proponemos un refuerzo de la figura del TRADE Digital con la inclusión de más derechos, tales como vacaciones pactadas, indemnización por desconexión y ampliación de seguros por accidente.

Este modelo de TRADE Digital, es decir, de un autónomo con derechos reforzados es la propuesta que lleva un año sobre la mesa del Ministerio de Trabajo después de que Adigital -la patronal de plataformas como Glovo o Deliveroo- propuso esta fórmula al Ejecutivo, incluso antes de la pandemia. 

Propuesta del Gobierno

Con todo, el Ejecutivo tiene la intención de aprobar la norma en la reunión de esta semana, aunque tanto sindicatos como la patronal están convencidos de que será muy difícil acelerar el proceso y que -salvo sorpresa mayúscula- deberán seguir negociando sus últimos detalles durante el mes de febrero. La idea es que si no se logra acuerdo, sacar adelante el texto mediante un decreto ley.

En el último texto propuesto que el Ministerio Trabajo, al que ha tenido acceso Invertia, se introduce lo siguiente en el Estatuto de los Trabajadores: "Concurre la condición de empleadora en aquellas empresas proveedoras de servicios de intermediación en línea a través de plataformas, aplicaciones u otros medios tecnológicos informáticos o digitales que sean agente primordial de la actividad en el mercado o aporten o controlen los activos esenciales, aun cuando las facultades empresariales de organización, dirección o control se manifiesten de forma implícita o indirecta, sea o no a través de la gestión algorítmica del servicio".

Con este redactado, según fuentes del Diálogo Social, se acabaría con la situación de 'falsos autónomos' en la que se encontrarían los trabajadores de las plataformas digitales. Estas empresas estarían obligadas a establecer una relación laboral directa, es decir, a hacer los correspondientes contratos.

Además, el borrador, tal y como está compuesto, abarca a todos los sectores en los que operan estas empresas. Es decir, que no abarcaría únicamente a las de reparto a domicilio, sino también a otras que ofertan otro tipo de servicios, como la búsqueda de cuidadores de dependientes, una de las reclamaciones de los sindicatos.

Según Jordi Mateo, presidente de APRA “la mesa de Diálogo Social ha sido un fracaso. Es el fracaso político de todo un Ministerio ante la incapacidad de llegar a un acuerdo y de tener en cuenta el funcionamiento real del trabajo de los repartidores”.

Para Gustavo Gaviria, portavoz de RepartidoresUnidors.org la Ley “discrimina al colectivo de repartidores y los excluye de su actividad profesional. Les da igual cómo trabajamos, si funcionamos realmente como autónomos o no, solo tienen en cuenta que lo hacemos a través de una app.”

RepartidoresUnidos.org y la Asociación Profesional de Repartidores Autónomos (APRA) han convocado a manifestaciones en trece ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Tenerife, Gandía, Tarragona, Oviedo, Alicante y Bilbao) para este jueves, 4 de febrero para denunciar el último borrador de la Ley Rider presentado por el Ministerio de Trabajo en la Mesa de Diálogo Social.