El primer periodo de liquidación de la ‘tasa Tobin’ arranca este jueves. Después de nueve años de polémicas y retrasos desde que este impuesto se planteó por primera vez en España, las arcas públicas comenzarán a ver los primeros ingresos por este gravamen, al que Hacienda ha confiado una recaudación de unos 800 millones de euros este año.

La ventanilla electrónica de la Agencia Tributaria permanecerá abierta desde este jueves hasta el próximo 20 de junio para la autoliquidación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), que es el nombre oficial de la tasa que grava la compra de acciones de 56 cotizadas españolas. Y, por ser la primera vez que el mercado se enfrenta a esta obligación, fuentes de la industria dan por hecho que la rendición de cuentas será más bien tardía dentro de este plazo.

Una espera hasta última hora que tiene mucho que ver con que hasta hace solo 13 días no estaba en negro sobre blanco la orden ministerial que describe cómo cumplir escrupulosamente con este nuevo impuesto. Y es que, aunque el anteproyecto de ley para el establecimiento de la ‘tasa Tobin’ en España se aprobó en el Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2020, no ha sido hasta el 28 de mayo de 2021 que ha visto la luz el ya famoso ‘Modelo 604’ para la autoliquidación del gravamen.

Medio mes tarde

El objetivo del Gobierno, y más concretamente del Ministerio de Hacienda, con este impuesto es alcanzar unos ingresos de 850 millones de euros en un año completo de aplicación. Una cifra que desde diferentes instituciones -incluida la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)- se ha calificado de “desorbitada” y que, en cualquier caso, no se aspira a conseguir este año.

Esto se debe a que, a fuerza de retraso sobre retraso, la norma para la implantación del ITF no entró en vigor hasta el pasado 14 de enero. Dicho de otro modo, medio mes de este 2021 se ha quedado fuera del alcance de este nuevo impuesto concebido originalmente por sus primeros teóricos como una fórmula para frenar la especulación financiera más agresiva.

Al descontar únicamente este desfase temporal, el techo máximo al que debería aspirar Hacienda este año rondaría los 800 millones de euros, si bien hay estimaciones que dejan esta cifra incluso a la mitad o menos. Esto se debe fundamentalmente a dos factores que ya se han percibido en otros mercados europeos en los que existen gravámenes similares.

El primero de ellos tiene que ver con la pérdida de alcance que la pandemia ha supuesto para la ‘tasa Tobin’ española, ya que solo grava las transacciones ejecutadas sobre acciones de cotizadas nacionales con más de 1.000 millones de euros de capitalización. Una cifra de la que se han apeado algunas compañías por el impacto de la Covid-19 en su negocio.

Negociación opaca

Después, aunque no menos importante, por la caída de contratación en los mercados regulados, que son los de más fácil rastreo para las autoridades fiscales. Aquí, las causas son dos. De una parte, el crecimiento de la negociación en mercados paralelos y más opacos. De otra, el trasvase de posiciones de inversión hacia otros activos que quedan excluidos del perímetro del ITF, como los contratos por diferencia (CFD) y las acciones extranjeras.

Por lo que a plazos se refiere, el real decreto publicado en el BOE del pasado 26 de mayo señaló que los plazos estipulados se habían determinado para que las partes implicadas “dispongan de un tiempo razonable para la adaptación de sus sistemas”. No obstante, lo cierto es que estos cambios han tenido que hacerse días antes de este 10 de junio que marca un hito para el fisco español.

De este modo, la orden del Ministerio de Hacienda publicada dos días después estableció que el encargado de la presentación de la autoliquidación debe transmitir “con carácter previo” y por alguna de las dos vías disponibles los datos necesarios para completar los anexos del registro del declarante y de operaciones. Dos documentos imprescindible para los que es necesario que los intermediarios financieros remitan esta información “en todo caso antes del inicio del plazo

para la presentación de la autoliquidación e ingreso del impuesto
” . 

En este sentido, las normas que establecen el funcionamiento de la ‘tasa Tobin’ española confieren un papel clave al depositario central de valores español, Iberclear. Una fórmula “novedosa”, según el Ministerio de Hacienda, que copia a los vecinos franceses con el argumento de que, “previsiblemente, un porcentaje significativo de los sujetos pasivos serán no residentes en territorio español, sin apenas vínculos con la Administración tributaria española”.

El papel de Iberclear

Desde Iberclear, que forma parte de BME, se explica que conforme a los casos que marca la ley “actuará por cuenta y en nombre de las entidades participantes, con independencia de si los sujetos pasivos del impuesto son ellas o sus clientes”, algo que depende de la tipología de algunas transacciones. Así, el depositario central se encargará tanto de la presentación de las autoliquidaciones “a través de las entidades participantes con las que tenga un acuerdo” y también del ingreso de la deuda tributaria correspondiente en el Tesoro Público.

En este estreno, la carga de tarea se prevé mucho más pesada que en los meses sucesivos. Algo que se debe al retraso en la publicación del reglamento para la recaudación del ITF desde la entrada en vigor de la norma que lo establecía. Así, excepcionalmente, en los próximos diez días los intermediarios financieros deberán rendir cuentas de las operaciones celebradas desde el 14 de enero hasta el 31 de mayo. Nada menos que 95 sesiones de bolsa.

En cualquier caso, Hacienda promete una gestión “eficaz” gracias a que la fórmula empleada para liquidación del nuevo impuesto “le permitirá relacionarse con un único interlocutor en lugar de con múltiples sujetos pasivos”. Eso sí, eso no privará a la Agencia Tributaria “del ejercicio de las facultades de comprobación” que le corresponden. Y ya se sabe que la institución anda a la caza de defraudadores para llenar unas arcas públicas más necesitadas de ingresos que de costumbre por el impacto de la pandemia.

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