Uteca, la patronal de las televisiones privadas, ha comenzado una ronda de encuentros para trasladar sus demandas sobre la futura Ley Audiovisual. Según ha podido confirmar Invertia, el objetivo es reunirse en las próximas semanas con los principales representantes políticos para intentar que se introduzcan cambios en esta normativa legal que se debatirá durante la segunda parte de este año en el Congreso.
La patronal que agrupa a Atresmedia y las cadenas de televisión de TDT sostiene que la Ley Audiovisual como está siendo planteada por el Gobierno no aborda el problema fundamental del sector que, según indican, es la desigualdad que existe entre la televisión tradicional y las nuevas plataformas audiovisuales como Netflix o de compartición de vídeos como YouTube, Twitch, Instagram o TikTok.
"El Anteproyecto, en su redacción actual, es una oportunidad perdida pues no soluciona el problema fundamental de la desigualdad, dado que no entra en la regulación plena de las plataformas de compartición de vídeos, como sucede con los operadores tradicionales, a pesar de que compiten directamente en un mercado único", indican a este periódico.
El pasado mes de noviembre, el Gobierno lanzó la audiencia pública del Anteproyecto de Ley Audiovisual en la que se incluyó que Netflix, HBO y todas las plataformas de vídeo en streaming deberán pagar el 5% de sus ingresos generados en España para financiar obra audiovisual europea. Por el contrario, se cayó de la Ley la obligación de aportar el 3% a RTVE como hacen las cadenas actualmente.
Las nuevas plataformas tendrán una obligación de registro, al mismo tiempo que el Ejecutivo confía en que la CNMC tenga un papel protagónico realizando requerimientos de información puntuales -por ejemplo, de número de usuarios-. Unos requerimientos que no necesariamente tienen que convertirse en información pública.
Mercado audiovisual único
Esta Ley también impone cuotas de emisión. En el caso de la televisión lineal se obliga a tener un 51% de emisión de obra europea y el 50% a obras en lenguas oficiales. En el caso de las OTT como Netflix, el 30% del catálogo será de obra europea.
El principal objetivo es transponer la normativa europea del sector aprobada en noviembre de 2018. Bruselas dice que los Estados miembros tienen dos años para adaptar su legislación local a las leyes europeas, un plazo que en este caso venció en noviembre de 2020, pero que ha sido ampliado por el impacto de la pandemia del coronavirus. Su objetivo es que entre en el Congreso en septiembre y que pueda ser aprobada antes de final de año.
Al respecto de esta normativa, Uteca considera que "el mercado audiovisual es único, y por tanto no cabe hacer distinciones según la tecnología de emisión o el país de origen, y ha de regularse en su conjunto, con las mismas reglas para todos los prestadores, para garantizar una competencia justa y equilibrada”.
En este sentido, la patronal de las televisiones considera que el Anteproyecto conocido "consagra una asimetría regulatoria desleal", que discrimina a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual frente a los prestadores de servicios de plataforma de compartición de vídeos.
Uteca sostiene que el Anteproyecto no aplica, ni regula, ni limita los vídeos y la publicidad que vemos en España en las grandes plataformas internacionales de compartición de vídeos, al tener su sede la mayoría en Irlanda. "Si el Gobierno español no hace nada para evitarlo, será el Gobierno irlandés quién decidirá si pone límites a la ley de la selva que existe hoy en la publicidad en Internet".
Nuevas plataformas
La patronal hace hincapié en lo que consideran una inexistente regulación para plataformas como YouTube, Twitch, Instagram o TikTok, que -indican- no tienen control sobre contenidos publicados por menores o publicitarios.
De esta manera, solicita que el Anteproyecto no imponga ningún límite adicional a los prestadores de servicios de comunicación que no esté fijado en la Directiva Audiovisual y que no pueda ser aplicado por igual a todos los operadores en el mercado audiovisual.
También piden que se corrijan las asimetrías regulatorias derivadas de la Directiva Audiovisual mediante normas sectoriales que impongan a los prestadores de servicios de plataforma de compartición de vídeos con sede en otro estado de la Unión Europea, pero que compiten en España, los mismos límites que se aplican a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Por otro lado, consideran que el nuevo régimen sancionador es inadecuado, innecesario y desproporcionado y piden que se mantenga y que la propuesta de la obligación de financiación de obra audiovisual europea altera el buen funcionamiento del mercado.
La patronal de las televisiones reconoce y comparte el avance para simplificar y modernizar las normas que aplican al nuevo mercado audiovisual, pero "debemos lograr un marco regulador más claro, más sencillo, adaptado a la evolución tecnológica y que aplique unas mismas reglas a todos los competidores", concluye.
"El Anteproyecto contiene avances, pero son claramente insuficientes. Reiteramos nuestra oferta de diálogo con la Administración para que la nueva ley en tramitación acabe con la desigualdad actual, garantice la plena viabilidad de las televisiones y beneficie al conjunto de los espectadores", concluyen.