El Gobierno no se plantea entrar en el capital de Telefónica ni de otras empresas cotizadas para blindarlas, según han confirmado a Invertia fuentes del Ejecutivo. Este lunes, el periódico La Información publicaba que en el seno de Moncloa ya estaba sobre la mesa la posibilidad de adquirir paulatinamente hasta un 5% de Telefónica.
El digital económico apuntaba además que el instrumento para ejecutar ese movimiento sería la Sepi. No obstante, estas mismas fuentes indican que es improbable que se adopte una decisión de este tipo. ¿El motivo? La empresa pública no se puede plantear entrar en todas aquellas empresas que han caído en bolsa por la Covid-19.
De hecho, el objetivo de la Sepi no es otro que aglutinar las participaciones industriales del Estado y en momentos de pandemia -y solo excepcionalmente- vehicula el rescate a empresas en riesgo de cierre. Para ello cuenta con un fondo cercano a los 10.000 millones de euros.
De esta manera, han pedido el rescate empresas históricas como Air Europa o Duro Felguera. En este caso, compañías de cuyo rescate depende su viabilidad, algo que en ningún caso es la situación actual de Telefónica.
Tranquilidad financiera
Del mismo modo, la entrada en el capital de estas empresas mediante una inyección de capital se hace mediante petición de los interesados y en estos momentos no hay nada que indique que Telefónica pueda realizar una solicitud de estas características.
Descontando su desigual desempeño en bolsa, la operadora goza de una importante liquidez, una caja sólida y creciendo y un balance saneado con una deuda que se recorta cada trimestre. Sus resultados e ingresos, pese a la pandemia, también se han mantenido relativamente estables.
Si el Estado decidiese dar este paso, se convertiría automáticamente en el segundo accionista de la compañía, debido a su fragmentado capital y con buena parte de sus acciones de libre circulación (free float).
Accionistas de Telefónica
En estos momentos, el mayor accionistas en estos momentos es BBVA (6,9%), seguido del fondo Blackrock (5%) y Caixabank (4,9%). En el caso de este último además hay que sumarle el paquete de Criteria (su empresa de participaciones industriales) que suma un 1,27% del capital.
Por otro lado, con la valoración actual de Telefónica en bolsa es de 20.000 millones de euros, lo que implica que el Estado deba invertir 1.000 millones en comprar el 5%. Estamos hablando del 10% de todo el fondo de rescate de la Sepi, además para una empresa que no tiene problemas.
Una situación que no sería bien vista en el mercado y sentaría como un jarro de agua fría en los operadores que compiten con Telefónica a nivel europeo. Del mismo modo, la operación sería inmediatamente analizada por Bruselas, que siempre se ha negado a que los Estados Miembros participen en empresas privadas sin una justificación y problemas de viabilidad.