Las claves

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La España verde corre un riesgo "inaceptable" de estancamiento. La falta de un marco regulatorio ágil y el peso "desproporcionado" de los impuestos amenazan con convertir a la red eléctrica, el motor clave de la transición, en un "cuello de botella" para la ambiciosa descarbonización de la industria.

Esta es una de las conclusiones a las que se llegaron en la mesa redonda sobre El potencial de las redes para impulsar la descarbonización industrial en España, celebrada en el marco del II Encuentro de la Alianza Q-Cero, un evento que fue clausurado por la vicepresidenta Sara Aagesen.

El debate, que reunió a voces del sector, la consultoría y la industria, lanzó una advertencia clara: la inacción puede hacer que España pierda su ventaja competitiva en la carrera europea por la soberanía industrial.

Los ponentes coincidieron en elevar el papel de las redes de ser un mero soporte energético a un eje estratégico esencial para la economía.

Óscar Barrero, Socio responsable del sector de Energía y Utilities en PwC España, situó el problema en la agenda continental: "si no somos capaces de invertir rápidamente en modernizar las redes, lo que vamos a hacer es perder toda oportunidad industrial que tenemos al otro lado de las redes".

A nivel nacional, el potencial es enorme, ya que España está en unas condiciones inmejorables para ser, según Barrero, "los grandes vencedores en la atracción de grandes consumidores en comparación con el resto de países europeos".

A pesar de esta ventaja, la red se enfrenta a un desafío de capacidad. Marta Castro, Directora de regulación en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), subrayó la urgencia de actuar, ya que la capacidad está al límite: "más del 87% de la capacidad de distribución eléctrica está saturada", sentenció.

Un síntoma preocupante si se tiene en cuenta el elevado volumen de peticiones de acceso a la red. Según Marta Castro, las solicitudes superan el "100% de la potencia instalada en España".

De hecho, en la industria intensiva, las peticiones ascienden a 18 GW, y de ellas, el 70% corresponde a "una industria que quiere instalarse en nuestro país", lo que confirma que la transición es una "oportunidad" para España.

Para responder a esta demanda, las estimaciones de inversión se mueven entre los "3.000 millones anuales hasta 2030 y a partir de ahí unos 4.200 millones anuales", una cifra que, según Castro, "posicionaría a España como el quinto país de la Unión Europea con mayor nivel de inversión" si se hicieran los deberes.

Sin embargo, el obstáculo es la lentitud administrativa. Barrero cargó contra el sistema, criticando que la planificación quinquenal de transporte "tarda casi 2 años en aprobarse".

Una vez aprobada, se necesitan permisos medioambientales, de construcción... Esto supone que el inversor no sepa hasta pasados cinco años si va a tener "posibilidad o no" de conectarse. Por ello, Marta Castro reclamó una "agilización en el proceso de autorizaciones y una simplificación normativa".

El problema fiscal

Uno de los dardos más directos del debate se dirigió a la fiscalidad, que amenaza con anular la ventaja competitiva de España en costes de generación.

El representante de PwC desmintió que las redes sean el problema, pues son "la parte más pequeña dentro de la factura eléctrica". El verdadero lastre es fiscal: "Tenemos una fiscalidad del 40% entre impuestos y cargas, lo que no es coste generación de redes cuando en países con los que estamos compitiendo con Estados Unidos es el 10%".

Es por ello por lo que reclamó una reducción de la fiscalidad, ya que esto generaría un "círculo virtuoso" en el que se atraería más inversión que traería consigo más demanda y eso permite reducir el coste para los que están y para los que entran.

Ante esta situación, el sector exige un marco retributivo que garantice la seguridad de las inversiones. Desde la patronal AELEC se insistió en que el capital se moverá a donde obtenga más rentabilidad, por lo que se necesita "una rentabilidad razonable", que no es ese 6,5% propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que, considera, está muy alejada del 7,5% que ofrecen otros países en Europa.

Para optimizar las redes existentes y evitar gastos innecesarios, se destacó el papel de la flexibilidad. David Robinson, Senior Research Fellow en el Oxford Institute for Energy Studies, apuntó que en España se ha hecho "muy poco en lo que es flexibilidad de la demanda", a diferencia del Reino Unido.

Fomentar la demanda industrial como fuente de flexibilidad es clave, ya que su capacidad "bajaría un poco el coste de la inversión" en las redes, sostuvo.

Robinson también propuso un cambio estructural en la gestión con el modelo NESO, el National Energy System Operator británico, un organismo independiente que ayuda a "coordinar todos estos diferentes partes de un sistema integrado" y que sería "perfectos para España, para la Península Ibérica y para la Unión Europea".

Desde el plano técnico, Irina Celades, directora técnica del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), defendió que la descarbonización es factible. En el sector cerámico, la necesidad de mayor potencia es evidente, pero la electrificación debe ser una solución con valor añadido: "No es sustituir un quemador de gas natural por resistencias, tiene que haber muchas más ventajas", como la reducción de gases, dijo.

No obstante, Celades alertó de que, si bien "desde el punto de vista técnico se puede hacer", el principal obstáculo siguen siendo "los precios en los costes de transformación y conexión".

En el II encuentro de la Alianza Q Cero también intervino la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha anunciado que España participará en el mecanismo europeo de subastas como servicio del Fondo de Innovación del Banco Europeo del Hidrógeno.

España aportará 415 millones para financiar nuevos proyectos nacionales de producción y uso de hidrógeno renovable.

Por otro lado, este miércoles se abrirá la primera subasta de calor industrial de la Comisión Europea. Serán 50 millones de euros los que se destinen por parte del Ejecutivo para financiar iniciativas de descarbonización de procesos térmicos en la industria.