Las claves
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La CNMC acelera la elaboración del informe sobre el apagón para identificar responsabilidades entre Redeia y las eléctricas antes de fin de año.
Un equipo de más de diez técnicos evalúa las causas del colapso eléctrico de abril, señalando una posible responsabilidad compartida entre Red Eléctrica y las compañías energéticas.
El informe de la CNMC podría llevar a sanciones de hasta 60 millones de euros y desencadenar demandas por daños y perjuicios de los afectados por el apagón.
La investigación destaca la falta de verificación de recursos de respaldo por parte de Red Eléctrica y la falta de actualización de procedimientos operativos ante oscilaciones de generación fotovoltaica.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) trabaja bajo presión para acelerar la elaboración del informe sobre el apagón y depurar las responsabilidades que se puedan derivar entre Redeia y las grandes eléctricas.
Aunque nadie les ha puesto fecha para la terminación de su investigación, la idea es tenerlo antes de que acabe el año, según aseguran fuentes cercanas conocedoras de los trabajos.
Hay un equipo de más de diez técnicos y especialistas en el sector energético evaluando toda la información para delimitar dónde estuvieron los fallos del colapso eléctrico de abril pasado, además del personal de apoyo.
El gran diferencial del trabajo que está realizando la CNMC estriba en que, una vez elaborado el informe técnico y aprobado por la Sala de Energía del organismo, debe instruir el expediente que dirima la responsabilidad de cada parte, y sus correspondientes sanciones.
Dada la confluencia de factores que llevaron al colapso total de la red, admitida por todas las partes, todo apunta a una responsabilidad compartida entre el operador del sistema, Red Eléctrica (Redeia) y las compañías propietarias de las centrales que debían aportar energía síncrona, y no lo hicieron.
A estas alturas de la investigación y con otros informes publicados, como el último de Entso-E, parece claro que la caída se originó en el tercio suroeste de la Península. De Extremadura a Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha, una zona donde la generación fotovoltaica es muy abundante.
Aunque aún no se ha mencionado a nadie, las fuentes consultadas advierten de que el día del apagón podían haber aportado energía síncrona generadores como el segundo grupo de la nuclear de Almaraz, la central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera o la de Aceca, en Villaseca de la Sagra, entre otros.
Ese día había más centrales programadas para actuar en caso de necesidad, pero estaban muy lejos de la zona concreta donde se produjeron las mayores oscilaciones, en el entorno de las plantas fotovoltaicas extremeñas y andaluzas.
En cualquier caso, los técnicos deberán dilucidar en qué grado pudo actuar cada una de las centrales que estaban de guardia (y cobraban por ello) para asegurar el control de tensión.
Presión de Red Eléctrica
El otro gran frente que tiene abierta la investigación de la CNMC se centra en Red Eléctrica y su papel como operador del sistema.
Desde la entidad rechazan cualquier responsabilidad por entender que hicieron una planificación correcta y suficiente de los centros que debían estar pendientes para aportar energía al sistema.
Pero desde el punto de vista técnico, se echa en falta una verificación por su parte de que todos esos recursos de back up estuvieran en funcionamiento y listos para actuar. Incluso que se hubieran hecho pruebas de que eran suficientes en cada zona concreta del país.
Y otra gran incógnita que se plantea en el sector, sobre todo en la parte empresarial, es por qué no se había actualizado el procedimiento operativo para controlar las oscilaciones de la generación fotovoltaica, que llevaba varios años propuesto y guardado.
En el sector energético no se ha encajado bien la premura con la que esta semana ha exigido Red Eléctrica la aplicación de ese protocolo, si durante todo el tiempo que ha pasado "metido en un cajón" no se había dicho nada.
En las empresas eléctricas achacan el nerviosismo con el que se está moviendo el operador de las redes eléctricas, precisamente, a las responsabilidades que le puedan caer del informe de la CNMC.
Demandas en cascada
La misma Sala de Energía de la CNMC que se reunió de urgencia esta semana para atender a los requerimientos del protocolo que exigía Redeia, será la encargada de dar el visto bueno al informe que eleven los técnicos sobre el apagón de aquí a final de año.
Sobre lo que apruebe la sala, se propondrán posibles sanciones administrativas, que pueden llegar a los 60 millones de euros dada la gravedad de los hechos.
Pero eso no será lo más importante ni cuantioso. El reparto de responsabilidades que se haga va a ser fundamental para los cientos de demandas y juicios que pueden generarse a posteriori por parte de los afectados por el apagón, que exigen ya daños y perjuicios.
Una de las claves del informe de la CNMC, además, es precisamente que puede apuntar incluso a los efectos que la caída de la red eléctrica tuvo en sectores fundamentales de la economía más allá del energético.
La presidenta de la institución, Cani Fernández, ya advirtió en el Congreso antes del verano que iban a tener un otoño sobrecargado de actividad en energía. Primero por la tasa de retribución a las eléctricas por la inversión en redes; y después por el esfuerzo extra que supone el informe del apagón.
La investigación y las conclusiones de la CNMC servirán además como base para tener en cuenta en el entorno europeo. Un legado que quedará en el organismo cuando venza el mandato de la presidenta, el próximo mes de junio.